Por un día, el océano Pacífico dejó de ser una barrera intransitable para las poblaciones isleñas afro de Buenaventura y se transformó en la vía por la cual llegó el acceso a derechos que, por la distancia y el olvido estatal, estas comunidades veían fuera de su alcance.
A mediados de septiembre, el buque Bahía Málaga, de la Armada Nacional, prendió sus motores y zarpó hacia Punta Soldado, una isla afro abandonada en las aguas de Buenaventura que desde hace años clama por ver sus derechos garantizados y por una vida con mínimos básicos, agua potable, salud sexual y acceso a la justicia.
Para hacerse una idea, en Punta Soldado solo hasta 2016 conocieron la energía eléctrica sin intermitencias, año en que gracias a los procesos comunitarios, sustituyeron una vieja planta de diesel para instalar paneles solares y poder disfrutar al menos ocho horas continuas de luz.
La Armada reunió a cerca de 200 personas y voluntarios y convirtió esa coraza de metal en un vehículo para que entidades como la Comisaría de Familia, servicios de odontología o Profamilia, pudieran llegar al territorio y ofrecer los servicios que llevan ausentes hace mucho tiempo. El Espectador asistió a esta jornada considerada como una apuesta de justicia social.
“Cuando se logra llevar servicios a estos lugares se está haciendo efectivo el derecho a la salud, pero ante todo a la dignidad humana. Estos derechos son fundamentales, pero para comunidades como estas parecen lejanos o inalcanzables”, explicó un trabajador social que asistió como voluntario a la jornada que según la Armada, dejó cerca de 1.000 personas beneficiadas.
Radiografía del abandono
Punta Soldado es una isla pequeña. En los mapas de Colombia figura como un corregimiento de Buenaventura, pero para llegar allá se requiere paciencia, gasolina y un bote dispuesto a soportar la marea durante más de una hora de trayecto. El pavimento no se conoce en las pocas vías que conectan el pueblito. No hay Alcaldía, ni estación de Policía, ni entidades que demuestren que ese islote de 371 hectáreas tiene presencia del Estado. La justicia o entidades de salud sexual que garantizan los derechos de las mujeres también son inexistentes. La única pista de que ese territorio hace parte del país, es una diminuta caseta militar a unos cuantos kilómetros del pueblo que, día tras día, ve cómo sus habitantes sufren de hambre, violencia de género y una vida ausente de derechos.
Sus habitantes sobreviven gracias a la pesca artesanal en las aguas del Pacífico y a la recolección de pianguas (moluscos) que encuentran en la orilla, pero eso no ha sido suficiente para hacerle frente a la pobreza y al abandono estatal. Nadie sabe con certeza cuántos viven allí, pues hay niños como Lesly*, que a sus nueve años, aún no ha sido censada por el DANE, ni recibido la tarjeta de identidad que la reconozca como ciudadana y habitante.
A esa isla, quizá con más derechos violentados que sus 450 ciudadanos, fue donde atracó el buque Bahía Málaga. Su apuesta hace parte de un proyecto mucho más ambicioso de la Armada Nacional en la que se busca que los lugares de mayor difícil acceso reciban presencia del Estado a través de sus acorazados, especialmente a poblaciones de la costa pacífica que viven una situación similar a la de Punta Soldado.
La Armada reunió 18 organizaciones, tanto estatales como sin ánimo de lucro, para llevar servicios a la comunidad. Entre estas se encontraban algunos de los servicios médicos más comunes, como vacunas, exámenes médicos u odontología. Al centro de la isla llegó, por mencionar un caso, la Comisaría de Familia, para asistir cualquier caso de violencia intrafamiliar y ofrecer justicia a aquellas mujeres y niños que son golpeados o agredidos dentro de sus propios hogares.
“Este es un trabajo muy significativo para la comunidad porque no solo mejoramos el acceso a los servicios más esenciales, sino que empoderamos a niños y jóvenes para que tengan herramientas sobre su cuerpo y salud y romper los ciclos de desinformación y mejorar su calidad de vida”, dijo sobre el evento Dayan Ocoró, trabajadora social que asistió como integrante de la Red Joven de Profamilia.
Pero también hubo espacios de educación en el que los niños de la isla aprendieron sobre sus derechos y tuvieron espacios para jugar, compartir y acceder a libros, ropa y actividades que, en muchos casos, dijeron, les eran desconocidos.
“Llegar a lugares como Punta Soldado es muy difícil, pero eso no implica que los servicios les deben ser privados a estas personas. Hemos visto casos de personas que hace meses, e incluso años, no tienen acceso a la justicia, los trámites más elementales de salud o acceso a sus derechos reproductivos. Eso es lo valioso de este tipo de jornadas”, aseguró a este diario Joaquín, uno de los trabajadores sociales que asistió a la isla para ofrecer servicio de pedagogía a los niños afro.
Contra vientos y mareas
Las aguas del océano Pacífico son paradójicas para los habitantes de Punta Soldado. Desde que un grupo de migrantes empezó a asentarse en la isla en los 70, la marea empezó a ofrecerles comida, transporte y una identidad afro que hoy los identifica como consejo comunitario afro. Pero a la vez, es la barrera que no ha permitido que accedan a servicios básicos.
La falta de un centro médico en condiciones de ofrecer salud en condiciones reales obligó a que esta comunidad mezclara sus conocimientos ancestrales y dependiera de las parteras para los nacimientos de los niños. La nula presencia de empresas grandes de alimentos, por ejemplo, también llevó a que los líderes afros se organizaran e idearan las “terrazas ancestrales”: sistemas autosostenibles que producen comida para la comunidad.
“Que se haya superado la lejanía, la pobreza y la falta de recursos tiene un impacto profundo en varios niveles. Es un acto de justicia social, ya que rompe con la desigualdad estructural que deja vulnerables a las comunidades históricamente alejadas”, comenta Ocoró.
Cuando los niños ven pasar los inmensos buques de la Armada frente a las costas de la isla usualmente piensan que esas embarcaciones fueron únicamente construidas para combatir el narcotráfico, predominante en el Pacífico, o perseguir a las personas que se lucran de la pesca ilegal, pero ese día, el barco atracó en Punta Soldado para luchar contra el abandono.
Al final, la jornada fue un éxito y un ejemplo de justicia social que dejó además de los 1.000 beneficiados, algunos conocimientos que les permitirán, especialmente a las mujeres y niños, luchar por sus derechos.
Para Ocoró, que es trabajadora social, “estas jornadas implican un efecto transformador, más allá que un remedio o ayuda inmediata. Que el Estado y los servicios lleguen significa hace que ellos sientan que son vistos y valorados. Este tipo de actividades rebate ese argumento de que ´la inclusión y las barreras territoriales son imposibles´ y nos hace entender que con voluntad política y organización es posible acercar los derechos a todas las personas”.
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