El buque que transportó derechos a Punta Soldado, la isla olvidada de Buenaventura
Punta Soldado, una isla afro en las aguas de Buenaventura, recibió por un día los servicios básicos a los que no tiene acceso continuo. Ese territorio demostró que las comunidades étnicas del Pacífico, aunque se encuentren alejadas, sí pueden ver cumplidos sus derechos y diseñar estrategias para perdurar en el tiempo.
Tomás Tarazona Ramírez
Por un día, el océano Pacífico dejó de ser una barrera intransitable para las poblaciones isleñas afro de Buenaventura y se transformó en la vía por la cual llegó el acceso a derechos que, por la distancia y el olvido estatal, estas comunidades veían fuera de su alcance.
Punta Soldado, una isla en las aguas de Buenaventura, recibió por un día los servicios básicos a los que no tienen acceso continuo. Ese territorio afro demostró que las comunidades étnicas del Pacífico, aunque se encuentren alejadas, sí pueden ver cumplidos sus derechos y diseñar estrategias para perdurar en el tiempo y superar las adversidades. La jornada fue un ejemplo de cómo diferentes instituciones se pueden juntar para mitigar las vulnerabilidades y cómo, aunque se cree que el Estado está ausente de los territorios, llega a través de algunas de sus entidades, como la Armada.
Para hacerse una idea, en Punta Soldado solo hasta 2016 conocieron la energía eléctrica sin intermitencias, año en que gracias a los procesos comunitarios, sustituyeron una vieja planta de diésel para instalar paneles solares y poder disfrutar al menos ocho horas continuas de luz. La carencia de algunos servicios no ha sido un argumento para no lograr el desarrollo, pues según aseguran los líderes de la isla, que a través del turismo y la gastronomía han logrado superar algunas de las barreras.
La Armada reunió a cerca de 200 personas y voluntarios y convirtió el buque, esa coraza de metal, en un vehículo para que entidades como la Comisaría de Familia, servicios de odontología o Profamilia, pudieran llegar al territorio y ofrecer los servicios que llevan ausentes hace mucho tiempo. El Espectador asistió a esta jornada considerada como una apuesta de justicia social. Niños, adolescentes, mujeres y hombres con necesidades vieron cómo el Estado, a través de la Armada, llega a su territorio e intenta solventar algunos de los problemas. Esta no es una apuesta intermitente, sino un proyecto institucional en el que el Estado busca llegar, así sea a través de sus buques y servicios puntuales, a garantizar los derechos.
“Cuando se logra llevar servicios a estos lugares se está haciendo efectivo el derecho a la salud, pero ante todo a la dignidad humana. Estos derechos son fundamentales, pero para comunidades como estas parecen lejanos o inalcanzables”, explicó un trabajador social que asistió como voluntario a la jornada que según la Armada, dejó cerca de 1.000 personas beneficiadas.
Radiografía del abandono
Punta Soldado es una isla pequeña. En los mapas de Colombia figura como un corregimiento de Buenaventura, pero para llegar allá se requiere paciencia, gasolina y un bote dispuesto a soportar la marea durante 30 minutos de trayecto. El pavimento no se conoce en las pocas vías que conectan el pueblito. No hay Alcaldía, ni estación de Policía, ni entidades que demuestren que ese islote de 371 hectáreas tiene presencia del Estado, pero a través de la Armada y la coordinación de varias entidades, la hay.
La justicia o entidades de salud sexual que garantizan los derechos de las mujeres también escasean. La única pista de que ese territorio hace parte del país ante los ojos de un foráneo es una diminuta caseta militar a unos cuantos kilómetros del pueblo que, día tras día, ve cómo sus habitantes se han superpuesto a las necesidades y, con sus conocimientos isleños, lograron alcanzar el desarrollo.
Sus habitantes viven gracias a la pesca artesanal en las aguas del Pacífico y a la recolección de pianguas (moluscos) que encuentran en la orilla, pero eso no ha sido suficiente para hacerle frente a los retos. Nadie sabe con certeza cuántos viven allí, pues hay niños como Lesly*, que a sus nueve años, aún no ha sido censada por el DANE, ni recibido la tarjeta de identidad que la reconozca como ciudadana y habitante por parte de la Registraduría.
A esa isla de 450 ciudadanos fue donde atracó el buque Bahía Málaga. Su apuesta hace parte de un proyecto mucho más ambicioso de la Armada Nacional en la que se busca que los lugares de difícil acceso reciban presencia del Estado a través de sus acorazados, especialmente a poblaciones de la costa pacífica que viven una situación similar a la de Punta Soldado. En todo el litoral, los buques han llegado a complementar esas ideas comunitarias que han surgido a raíz de la creatividad para solucionar necesidades y perdurar en el tiempo.
La Armada reunió 18 organizaciones, tanto estatales como sin ánimo de lucro, para llevar servicios a la comunidad. Entre estas se encontraban algunos de los servicios médicos más comunes, como vacunas, exámenes médicos u odontología. Al centro de la isla llegó, por mencionar un caso, la Comisaría de Familia, para asistir cualquier caso de violencia intrafamiliar y ofrecer justicia a aquellas mujeres y niños que, al igual que en el resto del país, pueden estar en riesgo de ser agredidos dentro de sus propios hogares.
“Este es un trabajo muy significativo para la comunidad porque no solo mejoramos el acceso a los servicios más esenciales, sino que empoderamos a niños y jóvenes para que tengan herramientas sobre su cuerpo y salud y romper los ciclos de desinformación y mejorar su calidad de vida”, dijo sobre el evento Dayan Ocoró, trabajadora social que asistió como integrante de la Red Joven de Profamilia.
Pero también hubo espacios de educación en el que los niños de la isla aprendieron sobre sus derechos y tuvieron espacios para jugar, compartir y acceder a libros, ropa y actividades.
“Llegar a lugares como Punta Soldado es muy difícil, pero eso no implica que los servicios les deben ser privados a estas personas. Hemos visto casos de personas que hace meses, e incluso años, no tienen acceso a la justicia, los trámites más elementales de salud o acceso a sus derechos reproductivos. Eso es lo valioso de este tipo de jornadas”, aseguró a este diario Joaquín*, uno de los trabajadores sociales que asistió a la isla para ofrecer servicio de pedagogía a los niños afro.
Contra vientos y mareas
Las aguas del océano Pacífico son paradójicas para los habitantes de Punta Soldado. Desde que un grupo de migrantes empezó a asentarse en la isla en los 70, la marea empezó a ofrecerles comida, transporte y una identidad que hoy los identifica como consejo comunitario afro. Pero a la vez, es la barrera que no ha permitido que accedan a servicios básicos.
La falta de un centro médico en condiciones de ofrecer salud en condiciones reales obligó a que esta comunidad mezclara sus conocimientos ancestrales y dependiera de las parteras para los nacimientos de los niños. La nula presencia de empresas grandes de alimentos, por ejemplo, también llevó a que los líderes afros se organizaran e idearan las “terrazas ancestrales”: sistemas autosostenibles que producen comida para la comunidad.
“Que se haya superado la lejanía, la pobreza y la falta de recursos tiene un impacto profundo en varios niveles. Es un acto de justicia social, ya que rompe con la desigualdad estructural que deja vulnerables a las comunidades históricamente alejadas”, comenta Ocoró al aplaudir que se hagan estos eventos especialmente a comunidades lejanas.
Cuando los niños ven pasar los inmensos buques de la Armada frente a las costas de la isla usualmente piensan que esas embarcaciones fueron únicamente construidas para combatir el narcotráfico, predominante en el Pacífico, o perseguir a las personas que se lucran de la pesca ilegal, pero ese día, el barco atracó en Punta Soldado para luchar contra la vulnerabilidad y apostarle al desarrollo.
Al final, la jornada fue un éxito y un ejemplo de justicia social que dejó además de los 1.000 beneficiados, algunos conocimientos que les permitirán, especialmente a las mujeres y niños, luchar por sus derechos.
Para Ocoró, que es trabajadora social, “estas jornadas implican un efecto transformador, más allá que un remedio o ayuda inmediata. Que el Estado y los servicios lleguen significa hace que ellos sientan que son vistos y valorados. Este tipo de actividades rebate ese argumento de que ´la inclusión y las barreras territoriales son imposibles´ y nos hace entender que con voluntad política y organización es posible acercar los derechos a todas las personas”.
*Identidad de las personas cambiadas a petición suya
** Nota de la editora: La publicación fue ajustada el 1 de octubre de 2024 para corregir detalles e información ambigua.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Por un día, el océano Pacífico dejó de ser una barrera intransitable para las poblaciones isleñas afro de Buenaventura y se transformó en la vía por la cual llegó el acceso a derechos que, por la distancia y el olvido estatal, estas comunidades veían fuera de su alcance.
Punta Soldado, una isla en las aguas de Buenaventura, recibió por un día los servicios básicos a los que no tienen acceso continuo. Ese territorio afro demostró que las comunidades étnicas del Pacífico, aunque se encuentren alejadas, sí pueden ver cumplidos sus derechos y diseñar estrategias para perdurar en el tiempo y superar las adversidades. La jornada fue un ejemplo de cómo diferentes instituciones se pueden juntar para mitigar las vulnerabilidades y cómo, aunque se cree que el Estado está ausente de los territorios, llega a través de algunas de sus entidades, como la Armada.
Para hacerse una idea, en Punta Soldado solo hasta 2016 conocieron la energía eléctrica sin intermitencias, año en que gracias a los procesos comunitarios, sustituyeron una vieja planta de diésel para instalar paneles solares y poder disfrutar al menos ocho horas continuas de luz. La carencia de algunos servicios no ha sido un argumento para no lograr el desarrollo, pues según aseguran los líderes de la isla, que a través del turismo y la gastronomía han logrado superar algunas de las barreras.
La Armada reunió a cerca de 200 personas y voluntarios y convirtió el buque, esa coraza de metal, en un vehículo para que entidades como la Comisaría de Familia, servicios de odontología o Profamilia, pudieran llegar al territorio y ofrecer los servicios que llevan ausentes hace mucho tiempo. El Espectador asistió a esta jornada considerada como una apuesta de justicia social. Niños, adolescentes, mujeres y hombres con necesidades vieron cómo el Estado, a través de la Armada, llega a su territorio e intenta solventar algunos de los problemas. Esta no es una apuesta intermitente, sino un proyecto institucional en el que el Estado busca llegar, así sea a través de sus buques y servicios puntuales, a garantizar los derechos.
“Cuando se logra llevar servicios a estos lugares se está haciendo efectivo el derecho a la salud, pero ante todo a la dignidad humana. Estos derechos son fundamentales, pero para comunidades como estas parecen lejanos o inalcanzables”, explicó un trabajador social que asistió como voluntario a la jornada que según la Armada, dejó cerca de 1.000 personas beneficiadas.
Radiografía del abandono
Punta Soldado es una isla pequeña. En los mapas de Colombia figura como un corregimiento de Buenaventura, pero para llegar allá se requiere paciencia, gasolina y un bote dispuesto a soportar la marea durante 30 minutos de trayecto. El pavimento no se conoce en las pocas vías que conectan el pueblito. No hay Alcaldía, ni estación de Policía, ni entidades que demuestren que ese islote de 371 hectáreas tiene presencia del Estado, pero a través de la Armada y la coordinación de varias entidades, la hay.
La justicia o entidades de salud sexual que garantizan los derechos de las mujeres también escasean. La única pista de que ese territorio hace parte del país ante los ojos de un foráneo es una diminuta caseta militar a unos cuantos kilómetros del pueblo que, día tras día, ve cómo sus habitantes se han superpuesto a las necesidades y, con sus conocimientos isleños, lograron alcanzar el desarrollo.
Sus habitantes viven gracias a la pesca artesanal en las aguas del Pacífico y a la recolección de pianguas (moluscos) que encuentran en la orilla, pero eso no ha sido suficiente para hacerle frente a los retos. Nadie sabe con certeza cuántos viven allí, pues hay niños como Lesly*, que a sus nueve años, aún no ha sido censada por el DANE, ni recibido la tarjeta de identidad que la reconozca como ciudadana y habitante por parte de la Registraduría.
A esa isla de 450 ciudadanos fue donde atracó el buque Bahía Málaga. Su apuesta hace parte de un proyecto mucho más ambicioso de la Armada Nacional en la que se busca que los lugares de difícil acceso reciban presencia del Estado a través de sus acorazados, especialmente a poblaciones de la costa pacífica que viven una situación similar a la de Punta Soldado. En todo el litoral, los buques han llegado a complementar esas ideas comunitarias que han surgido a raíz de la creatividad para solucionar necesidades y perdurar en el tiempo.
La Armada reunió 18 organizaciones, tanto estatales como sin ánimo de lucro, para llevar servicios a la comunidad. Entre estas se encontraban algunos de los servicios médicos más comunes, como vacunas, exámenes médicos u odontología. Al centro de la isla llegó, por mencionar un caso, la Comisaría de Familia, para asistir cualquier caso de violencia intrafamiliar y ofrecer justicia a aquellas mujeres y niños que, al igual que en el resto del país, pueden estar en riesgo de ser agredidos dentro de sus propios hogares.
“Este es un trabajo muy significativo para la comunidad porque no solo mejoramos el acceso a los servicios más esenciales, sino que empoderamos a niños y jóvenes para que tengan herramientas sobre su cuerpo y salud y romper los ciclos de desinformación y mejorar su calidad de vida”, dijo sobre el evento Dayan Ocoró, trabajadora social que asistió como integrante de la Red Joven de Profamilia.
Pero también hubo espacios de educación en el que los niños de la isla aprendieron sobre sus derechos y tuvieron espacios para jugar, compartir y acceder a libros, ropa y actividades.
“Llegar a lugares como Punta Soldado es muy difícil, pero eso no implica que los servicios les deben ser privados a estas personas. Hemos visto casos de personas que hace meses, e incluso años, no tienen acceso a la justicia, los trámites más elementales de salud o acceso a sus derechos reproductivos. Eso es lo valioso de este tipo de jornadas”, aseguró a este diario Joaquín*, uno de los trabajadores sociales que asistió a la isla para ofrecer servicio de pedagogía a los niños afro.
Contra vientos y mareas
Las aguas del océano Pacífico son paradójicas para los habitantes de Punta Soldado. Desde que un grupo de migrantes empezó a asentarse en la isla en los 70, la marea empezó a ofrecerles comida, transporte y una identidad que hoy los identifica como consejo comunitario afro. Pero a la vez, es la barrera que no ha permitido que accedan a servicios básicos.
La falta de un centro médico en condiciones de ofrecer salud en condiciones reales obligó a que esta comunidad mezclara sus conocimientos ancestrales y dependiera de las parteras para los nacimientos de los niños. La nula presencia de empresas grandes de alimentos, por ejemplo, también llevó a que los líderes afros se organizaran e idearan las “terrazas ancestrales”: sistemas autosostenibles que producen comida para la comunidad.
“Que se haya superado la lejanía, la pobreza y la falta de recursos tiene un impacto profundo en varios niveles. Es un acto de justicia social, ya que rompe con la desigualdad estructural que deja vulnerables a las comunidades históricamente alejadas”, comenta Ocoró al aplaudir que se hagan estos eventos especialmente a comunidades lejanas.
Cuando los niños ven pasar los inmensos buques de la Armada frente a las costas de la isla usualmente piensan que esas embarcaciones fueron únicamente construidas para combatir el narcotráfico, predominante en el Pacífico, o perseguir a las personas que se lucran de la pesca ilegal, pero ese día, el barco atracó en Punta Soldado para luchar contra la vulnerabilidad y apostarle al desarrollo.
Al final, la jornada fue un éxito y un ejemplo de justicia social que dejó además de los 1.000 beneficiados, algunos conocimientos que les permitirán, especialmente a las mujeres y niños, luchar por sus derechos.
Para Ocoró, que es trabajadora social, “estas jornadas implican un efecto transformador, más allá que un remedio o ayuda inmediata. Que el Estado y los servicios lleguen significa hace que ellos sientan que son vistos y valorados. Este tipo de actividades rebate ese argumento de que ´la inclusión y las barreras territoriales son imposibles´ y nos hace entender que con voluntad política y organización es posible acercar los derechos a todas las personas”.
*Identidad de las personas cambiadas a petición suya
** Nota de la editora: La publicación fue ajustada el 1 de octubre de 2024 para corregir detalles e información ambigua.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador