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Sí, fueron abandonados. Los comisarios y comisarias de familia quedaron a su merced para hacer uno de los trabajos de justicia más importantes de Colombia y tan solo hasta esta semana, el Estado reconoció haber dejado huérfanas a esas entidades. Costean con su propio sueldo los gastos de las Comisarías, hacen rifas para adecuar con mínimos básicos las oficinas y más de uno tuvo que relegar su vida y familia a un segundo plano, pues proteger los derechos de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar se convirtió, más que un trabajo o una vocación, una carrera que no se detiene.
Esta semana el Ministerio de Justicia organizó un evento en el que asistieron al menos 600 comisarios de familia y sus equipos para dialogar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de ofrecer justicia a las víctimas de violencia intrafamiliar. Los funcionarios llegaron de los municipios más lejanos de Colombia donde una golpiza contra un niño o las tentativas de feminicidio son constantes, como Concordia (Magdalena), El Tambo (Cauca) o Caucasia (Antioquia).
El propósito de la reunión, más allá de poner sobre la mesa 30 años de dificultades que los comisarios han manifestado, fue reconocer que el Estado, aunque ellos ya lo supieran, abandonó a estas entidades en su tarea de ofrecer justicia.
Según comentaron funcionarios del Ministerio de Justicia a El Espectador, el abandono histórico del Estado hacia las Comisarías es “alarmante”. “Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que nisiquiera había un registro de cuántas Comisarías había en el país. Ahora que ya sabemos, vemos que los problemas radican en financiación, infraestructura, contratación e incluso, como nos han manifestado, en la misma ley que regula legalmente las Comisarías”.
“Las Comisarías de Familia se sienten abandonadas por el Estado colombiano. Ustedes son los primeros respondientes y encargados de prevenir y atender las violencias en el contexto familiar y las basadas en género. No nos enorgullecen esas cifras de violencias; son escandalosas”, dijo Helen Ortiz, viceministra de Promoción a la Justicia en el evento.
Problema estructural
Uno de los primeros escenarios del evento fue dialogar sobre cuáles son los retos estructurales que existen en Colombia para que las Comisarías puedan cumplir su labor de prevenir las violencias en las familias. La viceministra Carvajal reconoció uno de los más importantes: las arcas casi vacías cuando se trata de justicia.
“Conocemos los escasos recursos que ustedes administran. Es una realidad común del Estado: los recursos siempre serán escasos. Pero hay que rescatar el amor y el compromiso serio que gracias a ustedes se da en las Comisarías para dar un servicio de calidad y garantizar el derecho humano del acceso a la justicia”, explica Ortiz.
Pero los comisarios han manifestado que el dinero no es, ni el único causante de sus problemas, ni la solución para ponerles punto final. Uno de los mayores retos que identificaron los funcionarios es la falta de articulación en el aparato estatal para prevenir las violencias o reestablecer derechos que la violencia fracturó.
Por ejemplo, en el evento se dialogó sobre cómo en ocasiones y con todo en contra, los comisarios logran emitir medidas de protección para una mujer que es potencial víctima de feminicidio. Sin embargo, no hay una coordinación interinstitucional que permita hacer seguimiento a esas directrices ni evaluar si en efecto están teniendo el efecto esperado. Así sucedió, por ejemplo, con un feminicidio en Yopal en la que la comisaría gritó por auxilio de la Policía para hacer rondas por la casa de la mujer y a la Fiscalía, para que investigara las acusaciones contra el victimario. Al final, el agresor no fue ni procesado judicialmente antes del feminicidio y según dijo en el juicio, consumó el asesinato “porque no había policías cerca para evitarlo”.
Pero las barreras de ser comisario trascienden más allá del organigrama del Estado y sus funciones. Algunos de ellos incluso arriesgaron su vida y las de sus familias para atender la violencia intrafamiliar en medio de la pandemia, pues, como aseguró una comisaria de Antioquia “si no llegábamos nosotros, que medianamente podemos hacer algo, ¿entonces quién iba a salvar a esas personas?”.
Primeras veces
Cada año la Rama Judicial premia a algunos de sus integrantes que, según su lente, fueron los mejores a la hora de administrar justicia. El año pasado, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura premió a Mauricio Pérez, un juez de Yopal (Casanare) por haber condenado al Estado tras haber fallado en su tarea de proteger a una mujer y, además, revictimizar antes de que fuera víctima de un feminicidio.
Sin embargo, la tarea de los comisarios de familia nunca antes había sido reconocida hasta esta semana. El evento premió a dos comisarios por haber dedicado más de la mitad de sus vidas en la defensa de los derechos de quienes son agredidos por la violencia intrafamiliar. Con este reconocimiento, no solo se aplaude la labor que estas personas hacen con las uñas para ofrecer justicia a las personas en los municipios, también reconoce que esta tarea, como dijo Sixta Guzmán, comisaria de Bogotá que recibió el galardón, “no es simplemente una función pública. Somos la puerta de entrada a la justicia para los colombianos”.
Como Guzmán, son cientos los casos de comisarios que han dedicado décadas de sus vidas a mejorar la vida en los municipios, algunos de ellos caracterizados por el abandono estatal. Por su labor, aseguran, se han podido evitar miles de maltratos infantiles, feminicidios o ancianos violentados, pues han empleado creatividad, su propio sueldo, vehículos y empeño en que los derechos no se sigan fracturando en Colombia.
Uno de esos casos es el equipo de la Comisaría de Familia de Buenaventura, que a pesar de que algunos distritos estén separados por el océano Pacífico, buscan la manera de llegar a los hogares y atender los casos de violencia intrafamiliar.
“Este premio lo merecen todos ustedes y también los ausentes. Este es un gesto significativo que nos permite a quienes laboramos en las comisarías de familia sentirnos vistos, valorados y reconocidos. Esto es un recordatorio de lo que hacemos todos los días”, acotó Guzmán.
El otro comisario galardonado, Guillermo Reyes, un comisario de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) catalogado como un “líder y pionero a nivel nacional que dio inició a la lucha comisarial” con más de 25 años en la lucha por los derechos de las familias.
¿Y ahora?
El Ministerio aseguró que en sus más de dos años de gestión dentro del Ejecutivo se han venido adelantando algunas políticas para arrojar un salvavidas a las Comisarías de Familia, aunque dentro de los pasillos de esa cartera reconocen que es muy complicado subsanar una deuda de tres décadas en cuestión de meses.
En 2021, por ejemplo, se aprobó en el Congreso la Ley de Estampilla Familiar: un impuesto del 2 % a todos los contratos públicos de los municipios y departamentos para que esos dineros fueran destinados a las Comisarías. Esta medida fue ofrecida como una alternativa a la falta de presupuesto que enfrentan esas instituciones. Sin embargo, al ser un rubro que tiene que ver directamente con las arcas públicas locales de los municipios, debe ser debatida y aprobada por los consejos municipales y las asambleas departamentales, algo que no ha sucedido en la totalidad de Colombia.
Según explicó Carvajal, de 1.103 municipios del país que deberían tener aprobada este gravamen, tan solo 576 la han implementado. Lo que quiere decir, en otras palabras, que poco más de la mitad de las Comisarías han recibido un espaldarazo financiero para enfrentar sus problemas.
Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, mencionó que incluso se está pensando en crear una política pública que reúna todo el malestar de 30 años de abandono frente a las Comisarías de Familia y proponerla a modo de proyecto de ley en el Congreso.
“He recorrido zonas olvidadas en las que los comisarios nos dicen que es la primera vez que el Estado llega a sus territorios. Conocemos los retos y estamos trabajando en solucionarnos”, comentó la ministra de la cartera de justicia.
Mientras eso pasa, los comisarios aún aseguran que trabajan con las uñas, con secuelas psicológicas por ver la violencia intrafamiliar de frente y, sobretodo, con la impotencia de que, por falta de recursos, voluntad política de las autoridades locales o retos estructurales, se sigan presenciando maltratos infantiles y posibles feminicidios en el país.
“Nuestra tarea no es solo resolver conflictos; también es sanar. Es proteger la vida, la integridad y la dignidad humana y transformar a aquel que infringe dolor, miedo y desespero”, aseguró Guzmán al pedir, una vez más, que las Comisarías de Familia reciban la importancia que merecen por parte del Estado.
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