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Un día de 2021, Norberto Hernández decidió que era hora de utilizar el derecho penal, que durante varios años ha enseñado en la Universidad Javeriana, a favor de quienes están en las cárceles y tienen vidas llenas de vulneraciones y precariedad.
Para él, razones bastaban para darse cuenta de que, mientras miles de personas cumplen sus sentencias, deben enfrentarse paralelamente con hacinamiento, hambre, falta de mínimos vitales y el estigma. Por eso, Norberto juntó a un grupo de estudiantes, pidió autorización a las directivas javerianas y creó el Semillero de Estudios Penitenciario; un proyecto que, más que indagar en la teoría sobre las cárceles, hace activismo para que la vida en los centros penitenciarios sea más digna.
El Espectador dialogó con el profesor Norberto y varios integrantes del semillero sobre cómo han utilizado el litigio para que los derechos en las cárceles sean respetados y garantizados. Además, como contó el penalista, se intenta cambiar “el enfoque punitivista que ha predominado en la política criminal colombiana y lograr que en el futuro haya abogados, jueces y magistrados que dentro de sus decisiones judiciales, encuentren otro camino diferente al de vigilar y castigar; uno menos punitivo”.
Amor por el arte
“El derecho puede contribuir a que se proteja a una población o grupo vulnerable que lleva muchos años siendo marginal, y el ejemplo perfecto es la población reclusa”, cuenta Norberto.
El profe inauguró un grupo en WhatsApp y empezó a reclutar estudiantes que en semestres anteriores cursaron materias que él impartía. No solo futuros abogados decidieron unirse a la iniciativa. Al Semillero llegaron estudiantes de psicología, ciencias de la información e incluso, un alumno de bibliotecología.
“Hasta esa rama de la academia, como lo es el estudio de las bibliotecas, funcionó para estudiar cómo era el índice de lectura en las cárceles. Este estudiante propuso hacer donaciones de libros para que quienes estén privados de la libertad también puedan tener espacio de leer y aprender”, explica el jurista. Incluso hay personas que, aunque ya se graduaron de la Universidad, siguen participando en el Semillero para aportar.
Cada uno de los integrantes del semillero, que hoy reúne a cerca de 200 personas, sabían que este trabajo iba a ser, como se dice coloquialmente, “por amor al arte”. No iban a recibir remuneración económica, y los desplazamientos y actividades que organizaran, los debían costear ellos mismos. Norberto asegura que ingresar al Semillero ni siquiera les aseguraba un beneficio académico.
“Nuestro trabajo es como freelance. No hay filtros para entrar, pero usualmente tampoco hay recursos y eso es algo muy bonito. Quienes participan lo hacen pagando de su propio bolsillo. Algunos gastan horas, con la carga universitaria, además, en revisar expedientes, documentos y folios para mejorar la vida de las cárceles”, dice el profe que, a la fecha, también ha buscado alianzas con otras universidades que hacen actividades parecidas, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El derecho para la gente
Muchas cosas contrastan entre lo que se enseña en un aula de clase, que es el mundo ideal de cómo debería funcionar el sistema penitenciario, frente a la realidad tras las rejas; y lo que pasa a diario en las cárceles colombianas es una de ellas. Con esto en mente, Norberto y los estudiantes estudiaron cómo a través del derecho penal y las herramientas legales (tutelas o derechos de petición) podían mejorar las vidas de las personas privadas de la libertad.
La Corte Constitucional lleva más de 30 años alertando que los derechos en las cárceles y centros de reclusión transitoria son precarios a través de un estado de cosas inconstitucional. Desde que una persona es capturada hasta que son trasladados a los centros de máxima seguridad, viven días violentos, son agredidos física y psicológicamente y con esos tratos, que a veces se convierten en torturas, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad tiene más dificultades. La Cruz Roja, por su parte, ha calificado que el sistema carcelario y de política criminal colombiano se ha tornado “insostenible”.
“La vida en la cárcel es algo ajeno a lo que vivimos en sociedad. Con este Semillero tenemos una pequeña ventanita para comprender que esa forma de castigo, la de alejar a las personas, rompe el tejido social. Y nuestro propósito es intentar reconstruir aquello que se desgarró”, cuenta Sofía Tafur, integrante del grupo que estudia derecho y ciencia política.
Viajaron al menos a siete cárceles de Bogotá, Boyacá y Cartagena a enseñarles a quienes están recluidos, cuáles son sus derechos, cuándo son vulnerados y cómo pueden usar las leyes para garantizarlos. Así sucedió con varias jornadas jurídicas en que capacitaron a las personas a utilizar la tutela para que la justicia les procurara mínimos vitales como la comida, la higiene o que el espacio en el cual están confinados sean dignos.
Aunque son muchas las tareas que han logrado como Semillero, Norberto explica algunas de las más importantes: “Hemos enseñado sobre derechos y cómo acceder a la justicia. Internamente, demandamos leyes que, como la cadena perpetua, no deberían hacer parte de la política carcelaria. También capacitamos sobre derechos humanos y les enseñamos a las y los privados de la libertad algunas leyes que pueden beneficiarlos para que logren la excarcelación”.
En la Navidad de 2023 también lograron avances. Junto con la organización Mujeres Libres recolectaron 170 regalos navideños para que esas madres que se encontraban cumpliendo una pena intramural, pudieran entregar un regalo a sus hijos.
Isabella Salcedo, abogada y coordinadora del Semillero, explicó a El Espectador los impactos que a futuro pueden lograr con el proyecto. “Hablar de una cárcel significa automáticamente una sentencia condenatoria y restricción a la libertad. Pero no es usual ver lo que eso implica para una vida. Esto nos hace ser conscientes realmente de qué es un derecho fundamental y las veces en que son vulnerados por el Estado en las cárceles (...) Nuestro grano de arena es escuchar a quienes están privados de la libertad, algo que no suele ocurrir”.
Del aula a la incidencia política
Uno de los mayores logros del Semillero ha sido buscar mujeres condenadas que puedan beneficiarse de la Ley de Utilidad Pública. Este decreto, aprobado en marzo de 2023, es una forma de justicia restaurativa que permite que aquellas madres cabeza de hogar, que demuestren marginalidad, puedan salir bajo libertad condicional y cumplir su pena a través de trabajos comunitarios. La Ley argumenta que las mujeres viven condiciones diferentes a los hombres en las cárceles y que mientras están tras las rejas, los niños o abuelos que dependen de ellas ven en riesgo su supervivencia.
Norberto y sus estudiantes, que en su mayoría son mujeres, viajaron a las cárceles femeninas del país, como el Buen Pastor de Bogotá o el centro penitenciario de Cartagena, para encontrar cuáles de estas personas podrían beneficiarse de la Ley de Utilidad Pública. Entrevistaron a las mujeres, charlaron con sus familiares e incluso sirvieron de terapeutas para lograr entender por qué cada una de las personas llegó a cometer un delito.
Para María Ángel Solórzano, una de las integrantes más antiguas del grupo, “hace falta ir a las cárceles y hablar con quienes están privados de la libertad para realmente entender los días y las situaciones que viven. Observar esas situaciones nos puede ayudar a dejar atrás ese punitivismo tan arraigado en la cultura y comprender que no toda solución frente al crimen es meter en la cárcel a quien delinque”.
Norberto, al igual que Sofía, María Ángel e Isabella, se sienten satisfechos de su trabajo en las cárceles. Aunque los impactos sean pequeños y muy pocas de las 100.000 personas que hoy están recluidas en Colombia se beneficien de lo que hace el semillero, su objetivo es seguir trabajando para que en las cárceles se respeten los derechos y en la sociedad, se deje atrás el estigma de que quien delinque automáticamente debe ser víctima de violaciones a sus derechos.
“Mientras tengamos la posibilidad de mejorar vidas, o con una ayuda legal cambiarlas, vamos a seguir utilizando el derecho”, concluyen.
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