Tres organizaciones de militares colombianos se presentaron en Asunción (Paraguay) este miércoles por lo que consideran una crisis que está atravesando el país en cuanto a seguridad, lucha contra la impunidad y justicia. Su pedido busca retomar el debate sobre en qué va la justicia para reparar y garantizar la no repetición a los uniformados que fueron víctimas del conflicto armado.
Su asistencia se dio en medio de la Asamblea 54° de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se lleva a cabo esta semana en la capital paraguaya. Ese evento, aunque usualmente está conformado por cancilleres y ministros de al menos 21 países, les abrió un espacio a estas organizaciones de militares para que expusieran sus argumentos de por qué la justicia aún está en “veremos” con sus reclamos.
La delegación de organizaciones está compuesta por tres agrupaciones de militares que desde hace años luchan en los estrados judiciales por los derechos de los uniformados, como Milvictimas, Acore y Codem.
MilVictimas, por ejemplo, ha abanderado la lucha que tenientes, soldados y policías han tenido que incursionar para que, tras ser violentados en el conflicto armado, sean reparados y reciban justicia como víctimas. La Corporación Defensoría Militar (Codem), por su parte, lleva 28 años haciendo defensa jurídica de militares activos y retirados y, en la última década ha hecho presencia en los estrados de la JEP para representar a los uniformados que son llamados a testificar o comparecer ante ese tribunal.
Aunque usualmente se relacionen los pedidos de justicia de las víctimas a civiles que sufrieron el conflicto, estas organizaciones recuerdan que hay miles de episodios en que militares y policías fueron violentados dentro de la guerra. Incluso, la Comisión de la Verdad recibió ocho informes de organizaciones en las que se documentó cómo, mientras cumplían su labor, fueron secuestrados, asesinados o mutilados tras pisar una mina antipersonal. Y a estos registros, se suman los datos de la Unidad de Víctimas, que ha reconocido a casi medio millón de uniformados como víctimas del conflicto.
“Como organizaciones de la sociedad civil acreditadas ante la OEA, expresamos nuestra preocupación ante la escalada de violencia perpetrada por grupos armados ilegales vinculados al crimen trasnacional (...) Además, es importante implementar y respetar las medidas de no repetición acordadas en el Acuerdo de Paz de 2016, pues es fundamental proteger a la población civil y garantizar que las víctimas sean el centro de los procesos de paz”, reza un comunicado firmado por las tres organizaciones.
Giovanna Ortega, directora de MilVictimas, asegura que su participación en la asamblea de la OEA tiene una connotación de reflexión para que la justicia colombiana e internacional acelere los procesos pendientes que tienen miles de militares actualmente. Frente a esto, menciona: “El conflicto ha dejado más de 9´000.000 de víctimas; dentro de esos registros hay más de 4.800 policías y militares víctimas. Es necesario instaurar nuestra voz mostrando el dolor que los uniformados han tenido y dejando en posición que se debe construir una paz y para ello se requiere una verdad: tanto la del compareciente como la de la víctima. Reclamar por eso es nuestro objetivo acá en la OEA”.
Reclamos pendientes
El primer argumento para exigir más justicia por parte de los colectivos se basa en la constante violencia que militares y policías siguen sufriendo a causa de combates y ataques armados. Por ejemplo, en una declaración conjunta se expuso que solo en 2024, al menos 33 militares han resultado heridos por explosivos improvisados; 35 secuestrados y tres asesinados.
Incluso, se hizo un llamado de atención por la utilización de drones explosivos que los grupos armados ilegales han empleado para atacar bases militares y uniformados que custodian los territorios. En sus intervenciones, las organizaciones dejaron claro que estas violencias también están dirigidas a la población civil, que es otro grupo víctima de estas agresiones.
“Acudimos a este espacio para manifestar nuestra preocupación por la persistencia de hechos de violencia que se siguen viendo en Colombia y que son responsabilidad de estructuras armadas. Sobretodo, que se respeten las garantías de no repetición”, dijo a este diario Diana Cubides, directora de uno de los despachos de la Corporación Defensoría Militar (Codem).
Según explicaron las dos voceras de las organizaciones militares, es importante que el Estado y la comunidad internacional “promuevan una declaración a favor de la lucha contra la impunidad de aquellos graves crímenes producidos tras la firma del Acuerdo de Paz”.
Más verdad, un pedido de los militares
Otro de los puntos que más defendieron los voceros en la OEA fue la búsqueda de la verdad mediante la justicia transicional. Militares y policías han sido llamados a juicio por su papel dentro del conflicto armado y los hechos relacionados, específicamente, en la violación de derechos humanos a la población civil. El episodio más constante, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, es la imputación contra quienes tuvieron protagonismo en los “falsos positivos”.
Sin embargo, hay malestar en estas organizaciones porque estos procesos que se adelantan en la Jurisdicción Especial para la Paz han dejado la voz de miles de uniformados violentados en un segundo plano. Esto, según advirtió la Comisión de la Verdad cuando publicó su informe, no solo contribuye a que se perpetúe la impunidad al no haber responsables identificados; además, crea escenario para que la garantía de no repetición no sea absoluta.
En otras palabras, la falta de verdad, justicia y condenas contra quienes agredieron a militares y policías puede crear una bola de nieve que termine en que la historia se repita otra vez.
“En los territorios de Colombia se está repitiendo la guerra, el control territorial y los dominios de los grupos armados y por supuesto, los ataques contra militares y policías”, asegura Ortega, de Milvictimas.
Los colectivos aseguraron que seguirán pidiendo justicia. Los militares no solo han sido actores de la guerra, también hay aquellos que han sido víctimas. Por ahora, esperan que el Estado y los estrados judiciales les ofrezcan verdad, reparación y no repetición a sus reclamos.
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