“El MinIgualdad no ha incluido a las víctimas de violencia sexual”: Ángela Escobar

En septiembre de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo la apertura oficial del macrocaso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio, como respuesta a las exigencias de acceso a la justicia de las mujeres víctimas en el conflicto armado.

Este proceso se da luego de tres años de trabajo, en los que organizaciones como la Red Nacional de Mujeres Víctimas y Profesionales, documentó más de 100 casos de mujeres que habían sufrido violencia sexual por parte de algún actor armado. El Espectador habló con Ángela María Escobar, directora nacional de la Red, quien puso de presente los desafíos que considera prioritarios en la investigación de este crimen y cuáles podrían ser las posibles medidas de reparación y justicia.

(Lea el especial: Mujeres que buscan justicia: historias que desafían la violencia de género)

¿Cuál es uno de los mayores retos que ahora enfrentan las organizaciones que hicieron posible la apertura del macrocaso 11 en la JEP para que la investigación sea efectiva y contribuya a la reparación?

La insistencia de las organizaciones, las cuales hicimos parte de la apertura de ese macrocaso, fue que se cumpliera lo que dice el Acuerdo de Paz, es decir, que se investigara la violencia sexual como un delito autónomo y específico, ya que las víctimas tenemos daños físicos, daños emocionales y en derechos sexuales y reproductivos. Muchas, por ejemplo, quedamos con incontinencia urinaria o con cáncer a raíz de lo que hicieron en nuestros cuerpos. Ahora con esto, uno de los grandes retos es que el macrocaso se va a investigar de manera transversal y se va a unir con la violencia de género, la cual es una categoría de análisis.

A pesar de esto, esperamos que para la indagación se tenga en cuenta las consecuencias que produjo el crimen en los cuerpos de las mujeres y como se agravó la salud física ante la falta de un servicio de salud digno.

Muchas de las mujeres que decidieron hablar para documentar los casos de violencia sexual ante la JEP, no solo fueron violentadas por las FARC o la Fuerza Pública, sino por otros grupos al margen de la ley. ¿Qué va a pasar con la investigación de esos casos?

Una de mis mayores insistencias en la JEP es que a las víctimas de violencia sexual se les debe brindar una capacitación y pedagogía sobre el macrocaso 11. Primero, porque previamente va a haber una solicitud de acreditación que va a evidenciar que todos los casos que tenemos en los informes no entran en esta jurisdicción. Violencias cometidas por las AUC, paramilitares y otros, no entran. Segundo, porque si bien todos estos casos que se recolectaron ayudaron a evidenciar un patrón de violencia contra la mujer en la guerra, este macrocaso solo investiga los delitos cometidos por las FARC y miembros de la Fuerza Pública.

Ya estamos gestionando para que a todas las mujeres se les pueda capacitar y explicar, porque hay muchos casos que no ingresan en esta investigación. Asimismo, se les debe brindar un acompañamiento jurídico para que la investigación continúe su curso, así sea por otra jurisdicción.

(Le puede interesar: Macrocaso de violencia sexual de la JEP: un mecanismo de acceso a la justicia)

¿Desde la Red de Mujeres han pensado cuál podría ser una posible medida de reparación para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado?

En 2019 vino a Colombia el doctor Denis Mukwege, un ginecólogo congolés, y en alianza con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, iniciamos a trabajar con mujeres víctimas en la identificación, consecuencias e impactos del daño. Esto se hizo a través de cartografías corporales. En ese proceso logramos descubrir que las mayores afectaciones eran en la salud física y emocional. Así que planteamos la construcción de un centro especializado para atención a víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Logramos hablar con distintas administraciones y encontramos que en Villavicencio el alcalde pro paz, Juan Felipe Harman, apoyaba la construcción de este centro. Hasta la fecha hemos logrado la entrega, por parte del presidente Gustavo Petro, de un lote de 7.200 metros para iniciar la edificación.

Hemos tenido acercamientos con el director de Planeación y con el Fondo Colombia. Asimismo, el doctor Mukwege espera reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos para buscar recursos del Banco Mundial. Creemos que un gran avance es haber conseguido el lote, que tenemos previsto abrirlo en 2026. Esto garantiza una atención prioritaria para todas las víctimas y entra en un marco de justicia restaurativa.

¿Han tenido algún acercamiento con el Ministerio de Igualdad y Equidad para buscar apoyo ante la creación de un centro especializado en salud para víctimas?

Las víctimas de violencia sexual no hemos sido incluidas en la agenda del Ministerio de Igualdad. Una de las grandes barreras con este ministerio es que nunca nos han convocado a nada. Hemos insistido para que la vicepresidenta Francia Márquez nos brinde su apoyo como representante, pero no ha sido posible. El Ministerio de Igualdad debe ser para todas y todos, en especial para quienes han sufrido el flagelo del conflicto, sin embargo, ese apoyo no ha sido posible.

Para el 25 de noviembre, el día conmemorativo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿cuál cree que podría ser una de esas luchas para seguir trabajando en pro de la defensa de derechos humanos?

Definitivamente es seguir trabajando para que las mujeres, y todas las víctimas del conflicto armado, tengan un acceso a la justicia efectivo y digno. Que la atención que se les brinde no solo sea jurídica, sino que sea enfocada en la reparación del daño; esto con el fin de que podamos rehacer nuestras vidas.

(Puede leer: Desaparición de mujeres: así fue la búsqueda de Erika Pérez)

¿Cuál es el trabajo que actualmente viene realizando la Red de Mujeres para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que siguen siendo víctimas de algún tipo de violencia por parte de actores armados?

Desde hace dos años estamos trabajando con 173 mujeres en condición de vulnerabilidad de Soacha y Ciudad Bolívar que han sufrido algún tipo de violencia de género. Nos encargamos de garantizarles una atención digna y a tiempo. En ese proceso, las acercamos a la ruta de denuncia a través de una sensibilización donde ellas entiendan que, lastimosamente, se pueden enfrentar a una posible revictimización por parte de las instituciones en el marco de la investigación judicial. El trabajo más valioso es que también les brindamos un proceso de recuperación emocional y bienestar espiritual, con el fin de que el trauma se trabaje desde la parte cognitiva.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

En septiembre de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo la apertura oficial del macrocaso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio, como respuesta a las exigencias de acceso a la justicia de las mujeres víctimas en el conflicto armado.

Este proceso se da luego de tres años de trabajo, en los que organizaciones como la Red Nacional de Mujeres Víctimas y Profesionales, documentó más de 100 casos de mujeres que habían sufrido violencia sexual por parte de algún actor armado. El Espectador habló con Ángela María Escobar, directora nacional de la Red, quien puso de presente los desafíos que considera prioritarios en la investigación de este crimen y cuáles podrían ser las posibles medidas de reparación y justicia.

(Lea el especial: Mujeres que buscan justicia: historias que desafían la violencia de género)

¿Cuál es uno de los mayores retos que ahora enfrentan las organizaciones que hicieron posible la apertura del macrocaso 11 en la JEP para que la investigación sea efectiva y contribuya a la reparación?

La insistencia de las organizaciones, las cuales hicimos parte de la apertura de ese macrocaso, fue que se cumpliera lo que dice el Acuerdo de Paz, es decir, que se investigara la violencia sexual como un delito autónomo y específico, ya que las víctimas tenemos daños físicos, daños emocionales y en derechos sexuales y reproductivos. Muchas, por ejemplo, quedamos con incontinencia urinaria o con cáncer a raíz de lo que hicieron en nuestros cuerpos. Ahora con esto, uno de los grandes retos es que el macrocaso se va a investigar de manera transversal y se va a unir con la violencia de género, la cual es una categoría de análisis.

A pesar de esto, esperamos que para la indagación se tenga en cuenta las consecuencias que produjo el crimen en los cuerpos de las mujeres y como se agravó la salud física ante la falta de un servicio de salud digno.

Muchas de las mujeres que decidieron hablar para documentar los casos de violencia sexual ante la JEP, no solo fueron violentadas por las FARC o la Fuerza Pública, sino por otros grupos al margen de la ley. ¿Qué va a pasar con la investigación de esos casos?

Una de mis mayores insistencias en la JEP es que a las víctimas de violencia sexual se les debe brindar una capacitación y pedagogía sobre el macrocaso 11. Primero, porque previamente va a haber una solicitud de acreditación que va a evidenciar que todos los casos que tenemos en los informes no entran en esta jurisdicción. Violencias cometidas por las AUC, paramilitares y otros, no entran. Segundo, porque si bien todos estos casos que se recolectaron ayudaron a evidenciar un patrón de violencia contra la mujer en la guerra, este macrocaso solo investiga los delitos cometidos por las FARC y miembros de la Fuerza Pública.

Ya estamos gestionando para que a todas las mujeres se les pueda capacitar y explicar, porque hay muchos casos que no ingresan en esta investigación. Asimismo, se les debe brindar un acompañamiento jurídico para que la investigación continúe su curso, así sea por otra jurisdicción.

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¿Desde la Red de Mujeres han pensado cuál podría ser una posible medida de reparación para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado?

En 2019 vino a Colombia el doctor Denis Mukwege, un ginecólogo congolés, y en alianza con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, iniciamos a trabajar con mujeres víctimas en la identificación, consecuencias e impactos del daño. Esto se hizo a través de cartografías corporales. En ese proceso logramos descubrir que las mayores afectaciones eran en la salud física y emocional. Así que planteamos la construcción de un centro especializado para atención a víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Logramos hablar con distintas administraciones y encontramos que en Villavicencio el alcalde pro paz, Juan Felipe Harman, apoyaba la construcción de este centro. Hasta la fecha hemos logrado la entrega, por parte del presidente Gustavo Petro, de un lote de 7.200 metros para iniciar la edificación.

Hemos tenido acercamientos con el director de Planeación y con el Fondo Colombia. Asimismo, el doctor Mukwege espera reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos para buscar recursos del Banco Mundial. Creemos que un gran avance es haber conseguido el lote, que tenemos previsto abrirlo en 2026. Esto garantiza una atención prioritaria para todas las víctimas y entra en un marco de justicia restaurativa.

¿Han tenido algún acercamiento con el Ministerio de Igualdad y Equidad para buscar apoyo ante la creación de un centro especializado en salud para víctimas?

Las víctimas de violencia sexual no hemos sido incluidas en la agenda del Ministerio de Igualdad. Una de las grandes barreras con este ministerio es que nunca nos han convocado a nada. Hemos insistido para que la vicepresidenta Francia Márquez nos brinde su apoyo como representante, pero no ha sido posible. El Ministerio de Igualdad debe ser para todas y todos, en especial para quienes han sufrido el flagelo del conflicto, sin embargo, ese apoyo no ha sido posible.

Para el 25 de noviembre, el día conmemorativo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿cuál cree que podría ser una de esas luchas para seguir trabajando en pro de la defensa de derechos humanos?

Definitivamente es seguir trabajando para que las mujeres, y todas las víctimas del conflicto armado, tengan un acceso a la justicia efectivo y digno. Que la atención que se les brinde no solo sea jurídica, sino que sea enfocada en la reparación del daño; esto con el fin de que podamos rehacer nuestras vidas.

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¿Cuál es el trabajo que actualmente viene realizando la Red de Mujeres para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que siguen siendo víctimas de algún tipo de violencia por parte de actores armados?

Desde hace dos años estamos trabajando con 173 mujeres en condición de vulnerabilidad de Soacha y Ciudad Bolívar que han sufrido algún tipo de violencia de género. Nos encargamos de garantizarles una atención digna y a tiempo. En ese proceso, las acercamos a la ruta de denuncia a través de una sensibilización donde ellas entiendan que, lastimosamente, se pueden enfrentar a una posible revictimización por parte de las instituciones en el marco de la investigación judicial. El trabajo más valioso es que también les brindamos un proceso de recuperación emocional y bienestar espiritual, con el fin de que el trauma se trabaje desde la parte cognitiva.

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