El Estado lanzó un nuevo grito de auxilio por la ola de violencia que se vive contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en las diferentes regiones del país. Esta vez es la Procuraduría la que instó a enmendar el ecosistema que compone amenazas, muertes e impunidad y que han afectado a las personas que defienden los derechos de sus comunidades.
La publicación de este texto, el cual tiene alcances jurídicos, se da luego de los 980 epitafios que Indepaz ha documentado en los últimos cinco años de líderes sociales, indígenas, comunales, religiosos y LGBTIQ+. Además, es un nuevo intento por parte del Estado para que sus instituciones cumplan las labores que constitucionalmente les corresponden y detengan el torbellino de amenazas y homicidios que viven las personas que defienden derechos en Colombia.
Uno de los casos más recientes fue el de Rafael Arcángel Ramírez, un destacado vocero comunal que durante más de una década le plantó cara a los grupos armados en Buga, Valle del Cauca, y que el pasado cinco de septiembre fue asesinado frente a su nieto.
Existen, al menos, 50 leyes, directivas o resoluciones que tienen que ver con la protección y justicia frente a los asesinatos de los líderes sociales. El de la Procuraduría es el último salvavidas que se le ha lanzado a un Estado colombiano que hoy ocupa el primer lugar del mundo donde más líderes ambientales son asesinados. Tanto que, “la radiografía de los líderes sociales y su protección es alarmante”, como dice la Procuraduría al respecto.
Óscar Martínez, coordinador del sistema de información de la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes) explicó a este diario que la directiva puede llegar a tener algunos buenos resultados, como también puede que “no marque la diferencia”. “Considero que un tema tan complejo requiere de una mirada del Estado en su conjunto y no de unas cuantas instituciones. Se requieren instrumentos de coordinación entre todas las ramas del poder público para ponerle fin a los episodios de violencias (letales y no letales) ejercidas contra lideres y lideresas sociales”, precisó.
Protección o sanción
Lo más novedoso de la directiva consiste en que la Procuraduría explícitamente anuncia que las autoridades locales son la primera armadura y línea de defensa de los líderes sociales. Esto, por supuesto, no es un descubrimiento nuevo, pues los defensores y defensoras alegan que la mayoría de los riesgos que corren se deben en parte al activismo que hacen en sus territorios y, por ende, son los alcaldes y gobernadores quienes deben ser los primeros en escuchar su pedido para protegerlos y evitar las crónicas de unas muertes ya lamentadas.
La Procuraduría enumeró al menos 50 leyes, artículos, directivas y sentencias de altas cortes para concluir que, a fin de cuentas, el primer escalón de responsabilidad para salvar la vida de los líderes sociales es de los gobiernos locales; si desatienden su mandato, corren el riesgo de ser sancionados.
En otras palabras, la entidad asegura que los equipos de Gobierno municipales y departamentales deben, a toda costa, utilizar sus cargos para proteger algo que es de interés público: los derechos humanos y aquellos que arriesgan su vida por defenderlos. De lo contrario, puede desembocar en un escenario como el del exalcalde de Tierralta (Córdoba), Fabio Otero, que se convirtió en la primera autoridad en la historia del país en ser investigada disciplinariamente por hacer oídos sordos ante una lideresa que, pese a que denunció amenazas durante meses, terminó asesinada frente a su hijo en 2023.
“Se conformará un Comité Interno y realizará una mesa de trabajo anual que verificará el cumplimiento de la directiva (...) Pero también se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes para garantizar el reconocimiento de las violaciones y protección de líderes sociales”, dice la directiva.
Sin embargo, se recordó que la protección de líderes no depende únicamente de las autoridades locales, sino que hay más protagonistas que no han cumplido su tarea. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido objeto de críticas por no cumplir su responsabilidad de proteger u ofrecer esquemas adecuados para conservar la vida de los líderes sociales.
Así sucedió, por ejemplo, con Rodrigo Salazar Quiñones, un vocero indígena awá que fue asesinado en Tumaco y que en reiteradas ocasiones pidió protección a la UNP. A Salazar, que llevaba clamando ayuda desde 2014, le fue asignado tres escoltas y una camioneta blindada para proteger su vida. Pero las cosas cambiaron cuando la UNP redujo su esquema de seguridad a un solo escolta y un teléfono celular, algo que Los Contadores, un grupo criminal de Nariño, aprovecharon para asesinarlo por “interferir en la circulación de sus integrantes en la zona”, según explica Humans Rigths Watch (HRW).
Sin embargo, no ha sido la única queja que esta entidad ha tenido. Humans Rights Watch aseguró en 2021 que a sus despachos han llegado docenas de denuncias de fallas en el servicio dentro de las oficinas de la UNP a la hora de proteger líderes, campesinos, indígenas y defensores de derechos. La Procuraduría, por su parte, detalla que en sus despachos se abrieron al menos 22 procesos contra la UNP y otros organismos del Estado.
Para Martínez, de Codhes, una de las principales explicaciones de la sistematicidad de la violencia contra los líderes sociales es la ausencia de una política pública que congregue a todo el Estado y la sociedad civil. “Probablemente exista un consenso en torno al problema y así mismo unos lineamientos contenidos en normas jurídicas y en otros documentos estatales que tratan el tema, sin embargo, buena parte de lo que es una política pública tiene que ver con los actores y los intereses en juego y en mi opinión parece que el análisis de estos factores no ha sido lo suficientemente sistemático como para lograr los resultados esperados, o en su defecto, para buena parte del país estas dos variables no son claramente visibles”, aclara.
¿Nuevo enfoque?
La directiva, compuesta por 11 capítulos, está dirigida a la mayoría de la institucionalidad colombiana que tiene alguna incidencia en la protección de los líderes sociales. Por ejemplo, a los ministerios de Interior, Defensa y Justicia, así como a la Fiscalía, Defensoría y Personerías y Unidad Nacional de Protección para que se prevengan las amenazas y asesinatos, pero también para hacer llegar la justicia a los 980 crímenes registrados contra estos defensores de derechos.
Pero la directiva, más que ser una secuencia de órdenes y sugerencias para que el Estado cumpla su labor de proteger a su ciudadanía, introduce en el mundo del liderazgo social algunos componentes que en el pasado las balas y la violencia habían silenciado. Por ejemplo, se habla explícitamente en algunos de sus artículos que la incluso para prevenir y ofrecer justicia a los asesinatos de líderes sociales se debe contar con un enfoque de género que reconozca que las mujeres y especialmente la población LGBTIQ+ sufre unas agresiones diferenciadas y, por lo tanto, deben ser atendidas de manera distinta.
También insta a la Fuerza Pública, que en muchos escenarios es la única presencia del Estado en los territorios, a que tanto militares como policías respeten los liderazgos y reconozcan la importancia de su activismo en las regiones. Esto se hace no solo con el fin de evitar estigmas desde el mismo seno del Estado, sino como una apuesta para que los uniformados también cumplan con su función constitucional de proteger a la ciudadanía sin diferenciaciones.
De esta manera, la directiva recalca que todos sus funcionarios, desde los procuradores delegados hasta aquellas dependencias de derechos humanos, gobernanza, asuntos étnicos y otros, tendrán la tarea de hacer cumplir con la directriz y, como resultado, vigilar que el Estado cumpla ese documento y todas las otras funciones que constitucionalmente le corresponde para detener la avalancha de amenazas y muertes contra líderes sociales.
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