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Un proyecto de ley con sabor a justicia social se está redactando en el Ministerio de Justicia para que la Rama Judicial sea más representativa para los millones de personas afros que hay en Colombia. La iniciativa, bien vista por varios de los 40 expertos que componen la comisión de la reforma a la justicia, busca saldar la exclusión que ha existido en el sistema judicial colombiano desde hace, por lo menos, 200 años.
El Espectador conoció el borrador de este proyecto de ley que hará parte de las propuestas que el Ministerio le presentará al Congreso para que decida si la reforma a la justicia se convertirá, o no, en ley.
“Esta propuesta es importante no solo para la representación negra en la justicia colombiana, sino para abrir nuevamente el debate sobre el racismo y la discriminación racial que existen en la Rama Judicial. Una iniciativa así podría incluso mejorar la oferta y acceso de justicia y enviar un mensaje positivo de que la justicia no excluye, sino que es un lugar para todos los colombianos, los afros también”, cuenta uno de los defensores del proyecto.
El proyecto
Alí Bantú Ashanti, abogado afro, director del colectivo Justicia Racial y líder del proyecto, contó a este diario que la iniciativa tiene dos implicaciones para el sistema judicial colombiano. La primera es garantizar que abogados y abogadas negras tengan una ley que les permita llegar a altos cargos en las instituciones de justicia más importantes del país, como lo es la Corte Suprema, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional.
Según explica el experto, durante los más de 200 años que los altos tribunales funcionan en Colombia, han sido muy pocas las personas afros que han llegado a ser magistrados o presidentes de estos tribunales. El último ejemplo fue el de Gerson Chaverra, un abogado chocoano que llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); una institución que ha existido por 138 años y que está compuesta usualmente por personas blancas.
Por ejemplo, una investigación de la Universidad de Fordham (Nueva York) analizó que la Corte Constitucional, que lleva tres décadas garantizando derechos a los colombianos, no ha contado con un solo magistrado, titular o auxiliar, afro. Incluso hay despachos judiciales en departamentos donde hay un alto porcentaje de población afro, donde no hay representación negra en la justicia, como en Nariño, Cauca o Bolívar.
“La legitimidad de administrar justicia oscila entre quienes conforman esa justicia. Si en las altas cortes no hay personas que conozcan por experiencia lo que es la discriminación o cuáles son los sesgos raciales que aún existen en Colombia, esta legitimidad no es absoluta”, comenta Ashanti.
El segundo objetivo del proyecto de ley es hacer de la justicia un sistema más representativo para las personas negras en Colombia. De acuerdo con el Dane, hay cerca de cinco millones de ciudadanos que se autoreconocen como negros, palenqueros o afro; sin embargo, sus peticiones y reclamos, muchas veces, no se ven representados en las altas cortes de manera directa.
La llegada de Chaverra al puesto más importante de la CSJ revivió el debate sobre la importancia y significado de que personas de todos los grupos sociales hagan parte de puestos de poder, especialmente de la justicia, que decide sobre la vida, derechos, bienes y libertades de todos los colombianos.
Los “peros” del proyecto
El debate sobre lograr una igualdad real en cualquier institución del Estado es una discusión de larga data. Hace al menos dos décadas se puso sobre la mesa esta misma cuestión frente a las mujeres y su poca presencia en altos cargos de la Rama Judicial. Por ello, se aprobó una ley de cuotas que obligaba a las instituciones públicas, las judiciales entre ellas, a conformar ternas que garantizaran equitativamente a hombres y mujeres su presencia en las instituciones.
Este proyecto de ley que defiende Ashanti pretende hacer algo similar, pero con la población afro. Sin embargo, expertos le contaron a este diario que el proyecto deja una sensación agridulce, ya que se lee su propósito como una “inclusión forzada”.
Aunque este proyecto pretende ser una acción afirmativa que “salde deudas de años”, como lo describe Ashanti, queda sin resolver la cuestión de que los abogados y abogadas negras de Colombia parten en igualdad de condiciones a competir por estos altos cargos.
“No queremos que el proyecto sea leído como un premio a las personas afro para que estén en escenarios de poder y de justicia. Por el contrario, queremos que se quiten esas barreras que nos han impedido llegar a las magistraturas y las presidencias solo por el color de piel y su cultura”, comenta Ashanti.
El proyecto tiene que ser discutido por los expertos de la reforma a la justicia, aprobado por el Ministerio, y presentado al Congreso antes del 20 de julio, pues esa fue la fecha límite que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se puso para presentar el paquete de normas.
Ashanti se muestra esperanzado en que el proyecto se convierta en ley en los próximos meses, pues hay mucho más en juego que solo una ley de cuotas. Frente a esto concluye: “No podemos seguir siendo una excepción con respecto a impartir justicia. Nuestra propuesta está ligada a que mientras personas afrodescendientes ocupan las altas cortes, se piense que no hay realmente razones para seguir excluyéndonos de estos escenarios y tenemos mucho que aportar”.
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