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La lucha para reconocer y proteger el trabajo de miles de mujeres buscadoras de personas desaparecidas está ahora en manos de legisladores y los hilos de la política. En el Congreso de la República reposa un proyecto de Ley que insiste en que madres, hermanas, hijas y esposas que vieron desaparecer a sus familiares en medio de la guerra puedan ser protegidas y asistidas por el Estado mientras encuentran alguna pista sobre sus allegados.
Propuesto en su mayoría por legisladores del Pacto Histórico, e impulsado por colectivos de familiares de desaparición forzada, el proyecto 242C tan solo ha superado dos de los cuatro debates necesarios para que se convierta en Ley. Apenas esta semana fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero ha tenido un avance lento: la iniciativa fue radicada en octubre de 2022; 10 meses después, colectivos y congresistas han denunciado que la discusión de la iniciativa ha sido aplazada e incluso silenciada en los pasillos del Congreso. Por ejemplo, en los últimos días se escogió debatir una ponencia sobre si declarar o no la festividad de los Reyes Magos como “patrimonio nacional”, en lugar de este proyecto.
Pero las demoras dentro de la sala de máquinas del Legislativo no son motivo de decepción para Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydida Érika Bautista, una organización que por más de 10 años ha acompañado y asesorado familiares de desaparecidos en su camino hacia encontrar la verdad y vestigios de sus seres queridos.
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El Espectador habló con Bautista sobre los esfuerzos de la fundación y el significado del debate de esta semana en la Cámara de Representantes. Para Bautista, este es un logro colectivo que nace de “las entrañas de la lucha de las mujeres por encontrar a sus desaparecidos. Siempre pusimos a los desaparecidos forzados en el centro del escenario y nosotras hemos estado al lado o por debajo. Siempre pedimos justicia y verdad para ellos, visualizamos las desapariciones y capacitamos a las familias sobre sus derechos a la búsqueda, pero no nos habíamos mirado a nosotras”.
La fundación, nacida a raíz de la desaparición y muerte de Nydida Érika Bautista, una militante del M-19 que sufrió tortura, agresión sexual y capturas antes de que su cuerpo fuese hallado en una vía cercana a Bogotá en 1987, ideó el proyecto para que el Estado reconozca y proteja su activismo como mujeres buscadoras. Tanto la desaparición forzada de más de 200.000 personas, como la de Nydia Érika, motivaron a sus allegadas a luchar por la verdad y recuperación de sus familiares, lo que las llevó a idear proyectos para garantizar reparación.
La desaparición de Nydida Érika, por ejemplo, no ha sido solucionada por la justicia en más de tres décadas, ni tampoco ha ofrecido respuestas sobre la responsabilidad que tuvieron miembros de la Brigada XX del Ejército, acusados de idear y ejecutar su asesinato.
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Que buscar a los desaparecidos sea norma
La idea del proyecto es simple: por cada persona desaparecida por los actores de la guerra hay al menos una mujer que dedica años e incluso décadas de su vida para encontrarlo o hallar alguna huella sobre lo que sucedió. Según este cálculo, habría casi medio millón de mujeres en Colombia que hacen activismo y continúan siguiendo pistas para descubrir el paradero de sus allegados desaparecidos. Sin embargo, Bautista explica que si se tiene en cuenta la cosmovisión indígena y afro de “familia extendida podríamos estar hablando de millones de víctimas, cuyos familiares desaparecieron forzosamente”.
El proyecto aún debe discutirse y aprobarse en el Senado antes de convertirse en Ley. Pero su propósito se enfoca en que el Estado procure velar por el bienestar de las mujeres buscadoras. Por ejemplo, asegurar que aquellas mujeres que aún buscan a sus familiares puedan hacerlo en condiciones seguras o, según dice el proyecto, recibir atención psicosocial, participar en políticas de paz u otra atención estatal como acceso a salud, a educación o a seguridad social.
¿Por qué el proyecto se enfoca directamente a las mujeres? La Fundación explica que el 95 % de quienes buscan a algún desaparecido en Colombia corresponden a mujeres: abuelas, madres, hijas, esposas o novias. Pero independientemente de emprender una búsqueda a ciegas por sus familiares, es esta población la que más estigmas ha enfrentado a la hora de intentar seguir las pistas.
La Fundación asegura que mientras buscan a sus desaparecidos han sufrido violencia sexual, detenciones arbitrarias, secuestros, amenazas o en varios escenarios, ven cómo otro de sus seres queridos es sumergido en el universo de la guerra. Eso sin dejar atrás las afectaciones psicológicas que implica desconocer la suerte y el paradero de sus familiares durante años.
Como el caso de Fabiola Lalinde, una madre que fue arrestada bajo falsos cargos de narcotráfico mientras buscaba a su hijo Luis Fernando: el primer desaparecido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en Colombia dentro de sus registros.
El proyecto de Ley hace énfasis en que este fenómeno está lejos de terminarse: el Estado debe preocuparse por las mujeres que buscan a quienes desaparecieron hace décadas o hace meses. Por ejemplo, Medicina Legal explica que desde 2018 han desaparecido más de 1.000 personas, lo que equivale en promedio a un ciudadano(a) cada día de por medio.
Cuando el proyecto llegó al Congreso, tanto el Ministerio de Salud como el de Justicia emitieron conceptos favorables para que se diera luz verde a la aprobación de la iniciativa. Por ejemplo, el Consejo Superior de Política Criminal, que evalúa y asesora al Gobierno, aseguró que la iniciativa tenía un respaldo internacional ya que Colombia fue declarado responsable de la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, un líder político que en 1993 desapareció bajo la “lógica del enemigo interno y la lucha antisubversiva” empleada por el Estado, según explicó en su momento la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Hacienda también compartió su concepto frente al proyecto de las mujeres buscadoras. La cartera, que explica por qué un trámite legislativo es viable o no en términos del erario público, aseguró que “la asignación de recursos se encuentra sometida al principio de legalidad que involucra la incorporación de ingresos y los gastos en el presupuesto”. Es decir, MinHacienda hizo énfasis en que el proyecto, en caso de convertirse en Ley, implicaría unos gastos para el Estado que tienen que ser valorados e incluidos dentro de las cuentas del Estado para ejecutarse.
A pesar de los comentarios que explicaban que “las entidades nacionales deben ajustarse a las disponibilidades presupuestales”, el Ministerio resaltó la importancia de “fomentar políticas que busquen proteger los derechos de las mujeres y personas buscadoras”.
El proyecto busca que se cree un Registro Único de Mujeres Buscadoras de Desaparición Forzada y líneas de comunicación públicas a cargo de RTVC para difundir información sobre sus actividades y las obligaciones del Estado.
Frente a esto, el Ministerio aseguró que “debe evaluarse si su implementación pudiera articularse con las herramientas actualmente existentes a cargo de las entidades respectivas en aras de evitar costos adicionales. En caso contrario, el costo de creación y mantenimiento de cada una podría ascender, respectivamente, alrededor de $16.368 millones y $6.023 millones.
Para Yanette Bautista, hay que ser sinceros: de cuatro etapas en el Congreso solo se han alcanzado dos. Sin embargo, la directora de la Fundación se muestra positiva ante los avances que como mujeres y colectivo han tenido.
“Este es un proyecto de ley único en el mundo. No existe en ningún país, ni en Latinoamérica (que tuvo dictaduras y miles de desaparecidos en países como Uruguay, Argentina o Chile). Esto representa un cambio del paradigma y hemos servido como camino para todas aquellas mujeres: desde el abrazo, hasta las bendiciones que nos damos hasta los casos que llevamos a la justicia para demostrar cómo suceden las desapariciones y cuáles son los autores”.
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