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Justicia también es cuando un juez, con su toga y el mazo que golpea el estrado, llega a los territorios acostumbrados a la ausencia del Estado a ofrecer y devolver derechos. Que un alto cargo judicial se adentre en los territorios, camine los senderos, atraviese trochas y recorra los cuerpos de agua, muestra que en lugar de que los ciudadanos gasten horas, tiempo y esfuerzos en acceder a la justicia, fue ese derecho el que hizo el recorrido inverso para estar presente en sus pueblos y solucionar sus necesidades.
Eso fue precisamente lo que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 2024 y que mostró a través de una publicación multimedia: a pesar de las barreras geográficas, la justicia sí puede llegar.
Durante todo el año pasado, los funcionarios de la Corte Suprema se encargaron de sesionar y administrar justicia en territorios usualmente alejados del país. Así sucedió, por ejemplo, en Quibdó, donde por primera vez en la historia de la capital chocoana se realizó el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.
Para visibilizar ese esfuerzo, la CSJ publicó a finales de 2024 “Los Caminos de la Justicia”: un especial multimedia compuesto de videos, fotos, reflexiones y piezas digitales en los que muestran a qué territorios, alejados judicialmente en el pasado, llegó la justicia.
En esas publicaciones la Corte demostró no solo la importancia de hacer presencia en los territorios, sino la manera en que otras formas de justicia pueden articularse con las togas y los estrados judiciales para ofrecer el servicio en Colombia. Allí, por ejemplo, se muestra el caso de una jueza en San Andrés que sesiona y hace sus juicios en creole (el idioma nativo de la isla); mujeres que estudiaron gran parte de su vida para romper el techo de cristal judicial o el caso de un escribiente judicial en Leticia (Amazonas) que logró superar sus discapacidades para hacer parte de la Rama.
“El juez en los territorios representa a la justicia en la Colombia lejana. Su misión en estas áreas remotas es preservar la armonía en la convivencia”, aseguró el presidente de la CSJ, Gerson Chaverra.
No hay brecha imposible
Dentro de la inmensa baraja de dificultades que tiene la justicia colombiana, está por supuesto, la lejanía entre los principales despachos judiciales y los ciudadanos. Diana Guzmán, directora de Dejusticia, aseguró a este diario que es necesario que se aplique la llamada “justicia inclusiva”: un sistema donde las leyes, jueces y procesos se ajusten a la ciudadanía, sus reclamos y sus luchas históricas.
Lo que hizo la CSJ fue, a todas luces, dar un paso más hacia esa justicia inclusiva que menciona Guzmán al cerrar brechas, esta vez geográficas. De acuerdo con estudios del Consejo Superior de la Judicatura y organizaciones internacionales como el Instituto Hiil, la lejanía entre las residencias de las personas y los centros judiciales es una de las principales trabas de la justicia. Un ciudadano, por ejemplo en corregimientos de Puerto Asís, Putumayo, debe sacrificar un día completo de trabajo y emplear al menos 10 horas para llegar al despacho más cercano e intentar solucionar sus necesidades jurídicas. Eso sin contar la cantidad de dinero que gasta en transportes que en muchos escenarios son a través de lanchas, buses y automóviles.
La situación es similar en otros territorios como Chocó, Amazonas, Bolívar o Córdoba; lugares en los que, a falta de entidades judiciales, las comunidades han apelado al diálogo para solucionar sus conflictos o, en el peor de los casos, resolverlos a través del grupo armado ilegal que hace presencia en los municipios.
“Ser juez no está encaminado únicamente en la especificación legal. En la municipalidad nos encontramos con muchas personas que no tienen el conocimiento legal para dirimir sus controversias y sus conflictos. El juez es el garante de esas situaciones, pero también un tercer facilitador de esas circunstancias”, explica Diana Pacheco, jueza promiscua de Bajo Baudó, Chocó, en la publicación de la Corte Suprema.
Justicia que cambia vidas
En el especial de la CSJ se pueden observar algunas historias de jueces y funcionarios que, a través de su trabajo, aseguran haber cambiado vidas. Un ejemplo es el de Ever Salazar, juez penal en San José del Guaviare, que explica que “ser juez en un territorio con tanta riqueza y diversidad es llevar una responsabilidad. Es servirle al pueblo y darle a cada quien lo que corresponde. Hay retos como las complejidades para hacer cercana la administración de justicia a usuarios que en su condición no manejan el lenguaje castellano. Pero no ha sido impedimento para dirimir los conflictos y que la justicia tenga un enfoque distinto”.
También está el caso de César Salcedo, un juez en Casanare que en sus análisis jurídicos y posteriores fallos siempre procurar que la restauración del tejido social y el diálogo sean el camino para resolver un conflicto. Salcedo, que funge como togado en Monterrey, municipio alejado del departamento llanero, asegura que la labor judicial le ha permitido decidir sobre la vida de los demás y resolver sus problemas.
“Uno tiene una misión de no imponer y acoger a la gente para ayudarles a solucionar sus conflictos. Siempre les digo que hablemos de conciliación primero. Es un orgullo grandísimo ser juez, las personas que se atienden fueron criados en la finca, se habla de las vacas del ordeño. Eso es una práctica muy importante (...) se entiende con la gente y la solución es más duradera”, cuenta el juez Salcedo.
Aunque quedan muchos otros laberintos por sortear para lograr mayor justicia, la apuesta del sistema judicial parece clara: estar presente en los territorios para ganar legitimidad, escuchar a la ciudadanía y, a fin de cuentas, hacer de este derecho algo accesible y oportuno para todos.
Si desea consultar el especial multimedia de la Corte Suprema de Justicia puede hacerlo a través de este enlace.
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