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En un acto que marcó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Universidad del Cauca unieron esfuerzos para abordar el problema del reclutamiento forzado en el país. La directora de USAID/Colombia, Anu Rajaraman, destacó la gravedad de esta práctica, subrayando que “no es un mal menor” y que representa una herida profunda para las comunidades afectadas, particularmente en regiones como el Cauca. La iniciativa “Por el Derecho a Crecer en Paz” reunió a líderes, expertos y comunidades para reflexionar sobre la necesidad de construir un futuro donde la niñez y la adolescencia puedan desarrollarse libres de la violencia y la explotación de grupos armados ilegales.
¿Cómo evalúa el impacto de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la promoción de los derechos humanos, especialmente en territorios como el departamento del Cauca?
La cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la promoción de los derechos humanos en regiones como el Cauca es un capítulo de una historia compleja marcada por el conflicto. Allí los desafíos son enormes, pero no insuperables.
Por décadas, el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, ha trabajado en el Cauca como parte de un compromiso más amplio por contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades históricamente marginadas en Colombia. Según la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), más del 60% de la cooperación en esta región proviene de los Estados Unidos, y eso refleja una apuesta decidida por trabajar de la mano de las instituciones locales y de las personas que defienden los derechos humanos desde sus territorios.
En el Cauca, fortalecer la presencia del Estado es fundamental. ¿Por qué? Porque son estas instituciones las que deben garantizar la protección de las comunidades en riesgo. Desde hace más de dos décadas, en estrecha colaboración con la Defensoría del Pueblo, hemos apoyado la implementación y constante mejora de su Sistema de Alertas Tempranas, que hoy es reconocido como un referente a nivel regional e internacional. Este mecanismo, con un enfoque preventivo, permite registrar, visibilizar y anticipar las violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto. Asimismo, el trabajo con las personerías locales ha sido esencial para empoderar a las comunidades y garantizar que tengan acceso a mecanismos de protección, como lo son la orientación jurídica frente a amenazas directas y las rutas de atención que facilitan la activación de recursos ante violaciones a los derechos humanos.
Y luego están los líderes sociales, que viven en constante amenaza y riesgo. El trabajo conjunto con autoridades colombianas busca prevenir ataques, fortalecer las instituciones encargadas de su defensa y combatir la impunidad. A través de la Unidad Nacional de Protección, se han mejorado los tiempos de procesamiento de los análisis de riesgo individuales y las medidas de protección, especialmente para mujeres, afrocolombianos e indígenas. Para ello, hemos instalado capacidades en sus analistas para incorporar enfoques diferenciales y de interseccionalidad en sus evaluaciones. Además, estamos acompañando al Ministerio del Interior y la Unidad para mejorar la respuesta estatal frente a las necesidades de protección colectiva.
Ahora bien, no todo es prevención y protección. También se busca transformar el Cauca desde la raíz. Y aquí es donde entra el componente de desarrollo integral: la promoción de economías legales, el fortalecimiento de proyectos productivos y la dinamización de las economías locales, como ya ocurre a través del fortalecimiento de los procesos de caficultores en municipios como Argelia. Porque, al final del día, los derechos humanos no se sostienen en el vacío; necesitan un contexto donde las comunidades puedan prosperar.
Sabemos que aún hay mucho por hacer. El Cauca enfrenta desafíos históricos y estructurales que no se resolverán de inmediato. Sin embargo, nuestro compromiso es firme: seguimos enfocados en buscar soluciones innovadoras que se traduzcan en acciones concretas para garantizar que los derechos humanos sean una realidad alcanzable para todos los colombianos.
¿Qué estrategias conjuntas existen para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y garantizar su reintegración en la sociedad?
En un país marcado por el conflicto, garantizar que cada niño y niña crezca en un entorno de paz sigue siendo una deuda pendiente. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, especialmente en regiones como el Cauca, es una de las grandes tragedias de Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024, el 51% de los menores reclutados son indígenas, lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones que reconozcan, respeten y se sustenten en las dinámicas culturales de estas comunidades.
No se trata sólo de evitar que los niños caigan en manos de grupos armados, sino de ofrecerles alternativas reales. Esto incluye fortalecer espacios educativos y productivos propios de sus comunidades, así como establecer rutas que permitan a los niños desvinculados regresar a sus territorios de manera segura y digna. Para que esto sea posible, el trabajo coordinado de distintas entidades es indispensable, por eso celebramos la continuidad de la CIPRUNNA y sus esfuerzos por sesionar territorialmente.
Entre 2013 y 2022, el Gobierno reportó la desvinculación de más de 2.000 niños, niñas y adolescentes de grupos armados, pero sabemos que estas cifras apenas arañan la superficie. La realidad es mucho más compleja: el subregistro, el miedo que silencia a las comunidades y las nuevas tácticas de reclutamiento, uso y utilización como el uso de redes sociales para captar niños y niñas, han hecho que el problema evolucione y se vuelva más difícil de combatir.
Frente a esto, no basta con reconocer el problema; hay que enfrentarlo con estrategias claras y contundentes. Trabajamos de manera articulada con el Estado colombiano para fortalecer el sistema de alertas tempranas, asegurando que las rutas de atención a los niños y niñas y sus familias sean rápidas y efectivas. Apoyamos a la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y otras entidades clave en la prevención y atención del reclutamiento, buscando que la institucionalidad no solo reaccione, sino que se anticipe a las dinámicas de los grupos armados.
Por ejemplo, en el Cauca hemos enfocado nuestras actividades en municipios con desafíos significativos en seguridad. A través de proyectos dirigidos a la juventud, hemos trabajado en Caloto, Corinto, Jambaló y Santander de Quilichao, vinculando a 3,500 jóvenes y familias en iniciativas que promueven entornos protectores. Estos esfuerzos se realizan en colaboración con más de 20 organizaciones locales. Por ejemplo, con la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa, el Movimiento Juvenil de Canoas vincularemos este año a 100 jóvenes indígenas y co creamos proyectos que responden a sus necesidades específicas, incluyendo la creación de espacios para su participación activa, en los cuales se valoran y potencian elementos clave de su cultura tradicional, como la cosmovisión, los saberes ancestrales y las expresiones artísticas locales. Estas iniciativas también incluyen la formación en identidad cultural, derecho de origen, políticas laborales indígenas y oportunidades económicas.
En Corinto, en alianza con la Fundación Fútbol con Corazón y colectivos juveniles locales, hemos involucrado a 130 jóvenes en actividades que no solo promueven el aprovechamiento productivo del tiempo libre, sino que también fomentan la participación juvenil a través del deporte, el arte y la cultura. A través de estas experiencias, los jóvenes adquieren habilidades de liderazgo y fortalecen su sentido de pertenencia, mientras contribuyen a la construcción de entornos protectores y a la promoción de su participación activa en la comunidad. Todo esto se complementa con el apoyo a organizaciones juveniles, incluidos Consejos y Plataformas de Juventud, que promueven la integración de las artes, el deporte y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo de los jóvenes y el fomento de su participación comunitaria y liderazgo juvenil.
Además, el próximo año lanzaremos una convocatoria que busca fortalecer las organizaciones sociales y las estrategias comunitarias dedicadas a proteger a la niñez. Estas iniciativas reconocen que las comunidades son los actores más cercanos a los niños y niñas y, por lo tanto, los más efectivos en la construcción de entornos seguros.
Nuestra meta es clara: cerrar las puertas a los grupos armados y abrir caminos de oportunidades para la niñez.
¿Cómo puede Estados Unidos apoyar de manera más efectiva la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia?
En Colombia, los líderes sociales son parte del alma de la democracia y el motor de cambio en los territorios más golpeados por el conflicto y la desigualdad. Sin embargo, también son, paradójicamente, los más desprotegidos. Las cifras no dejan de ser dolorosas: desde 2016, 1.689 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según INDEPAZ. Y en 2024, el panorama no es menos sombrío, con 162 víctimas registradas en lo que va del año. Cada una de esas muertes no solo deja un vacío en las familias que pierden a sus seres queridos, sino que resquebraja a las comunidades que sucumben al miedo y empobrece la democracia.
El gobierno de Estados Unidos, reconociendo la gravedad de esta crisis, ha planteado un enfoque integral basado en tres pilares: seguridad, justicia y fortalecimiento comunitario. Aunque suene técnico, este modelo gira en torno a un propósito fundamental: salvar vidas. Las estrategias de autoprotección y protección colectiva han resultado ser herramientas clave, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, donde la vulnerabilidad es mayor. Estas estrategias se materializan en acciones concretas de fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad organizativa de las comunidades, elementos esenciales para reducir la exposición a violaciones de derechos. Hemos aprendido que una comunidad con una débil capacidad organizativa está más vulnerable ante estas violaciones. En las comunidades étnicas, por ejemplo, las guardias indígenas y cimarronas, algunas de ellas con un enfoque ambiental, juegan un papel fundamental en la protección de la vida, la cultura y los territorios frente a cualquier amenaza externa. Hemos estado trabajando estrechamente con algunas guardias en el Cauca, Bajo Cauca y el Pacífico Nariñense, apoyando sus esfuerzos de autoprotección y fortalecimiento comunitario.
También hay avances en la adopción de tecnologías de seguridad digital que permiten a estas comunidades enfrentar amenazas que hoy trascienden los espacios físicos. De igual manera, el apoyo al Ministerio del Interior en la formulación de la Política Pública Integral de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido un paso en la dirección correcta. No obstante, aún persisten retos. Los modelos de protección colectiva requieren ajustes para adaptarse a la compleja realidad de los territorios más afectados por la violencia.
Lo que está en juego no es solo la vida de los líderes sociales, sino sino la esperanza de una sociedad reconciliada y en paz
¿Qué iniciativas concretas ha liderado la Embajada para reducir la impunidad en casos de violencia contra líderes sociales?
Reducir la impunidad en estos casos no es solo una cuestión de justicia, sino también de confianza: en las instituciones, en el Estado y en la posibilidad de construir un país más seguro y equitativo. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, hemos trabajado para fortalecer la capacidad investigativa en casos de violencia contra defensores de derechos humanos, promoviendo investigaciones más efectivas y un acceso real a la justicia para las víctimas. USAID está apoyando a la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de 1.860 casos de homicidios y amenazas en contra de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, con avances en más de 900 casos.
Este enfoque tiene un impacto particular en regiones como el Cauca, Catatumbo y el Pacífico, donde la presión de las economías ilícitas y la violencia representan riesgos desproporcionados para los líderes sociales y sus comunidades. En estas zonas, apoyar la justicia no solo busca esclarecer crímenes, sino también restablecer la confianza de las comunidades, restituir los efectos de la violencia y robustecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Además, hemos facilitado espacios de articulación entre la sociedad civil y las instituciones para documentar casos, promover la rendición de cuentas y garantizar que los esfuerzos en materia de justicia no se queden en el papel.
Como parte de la respuesta articulada del Gobierno de Estados Unidos hemos trabajado conjuntamente con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), logrando mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de las investigaciones en casos representativos.
Estos avances, aunque todavía insuficientes, sientan un precedente importante para desacelerar la violencia contra los defensores.
¿Qué mensaje le enviaría a las comunidades y líderes que trabajan en la defensa de los derechos humanos frente a los desafíos actuales de seguridad?
A las comunidades y líderes que defienden los derechos humanos en Colombia, les decimos: Reconocemos que su labor, profundamente conectada con sus territorios, trasciende fronteras. Sentimos una profunda indignación ante las violencias que enfrentan y admiramos su determinación para seguir adelante, incluso en medio de enormes condiciones adversas. Nadie debería arriesgar su vida por proteger sus derechos y los de otros. Nuestro compromiso es respaldarlos con acciones concretas que fortalezcan su seguridad y permitan que continúen su labor sin temor.
A la sociedad en general: no podemos aceptar la violencia contra los líderes sociales como algo inevitable. Cada ataque contra quienes defienden los derechos humanos no sólo arrebata una vida, sino que fractura a las comunidades y debilita los valores que sostienen a Colombia. La indiferencia perpetúa la impunidad y normaliza una tragedia que no podemos permitir.
¿Cuál es el rol del Gobierno de EE.UU. en la implementación de políticas para fortalecer la paz y proteger a las poblaciones más vulnerables en Colombia?
El Acuerdo de Paz es la estrella norte del accionar del Gobierno de los Estados Unidos en Colombia. Reconocemos que su implementación plena es fundamental para construir una paz sostenible y garantizar la protección de las poblaciones marginadas. Nuestro rol se ha centrado en acompañar de manera constante y comprometida los esfuerzos del Gobierno colombiano para convertir las obligaciones del acuerdo en realidades tangibles para las comunidades.
Estados Unidos ha sido el primer acompañante internacional del Capítulo Étnico, una responsabilidad que asumimos con profundo respeto por los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes han sido históricamente los más afectados por el conflicto. Nuestro apoyo incluye fortalecer los derechos de estas comunidades, promover su participación activa en los procesos de implementación y asegurar que sus perspectivas sean centrales en las políticas de paz.
Para el Gobierno de los Estados Unidos, la construcción de la paz en Colombia no es solo un objetivo estratégico; es un compromiso con la seguridad y el bienestar de quienes han sufrido las peores consecuencias del conflicto. Entendemos que la paz no se construye únicamente desde acuerdos o políticas, sino desde el respeto por la vida y el goce efectivo de los derechos humanos.
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