El reto de combatir el reclutamiento infantil en Colombia
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el evento “Por el Derecho a Crecer en Paz” reunió a líderes y comunidades en Popayán para discutir y visibilizar la problemática del reclutamiento forzado de menores en Colombia, una violación que afecta a las comunidades más vulnerables y requiere una respuesta conjunta de todos los sectores.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo en Popayán el evento “Por el Derecho a Crecer en Paz”, liderado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, los programas InspiraPaz y Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Universidad del Cauca. Esta iniciativa buscó visibilizar y prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en un país donde esta práctica representa una de las infracciones más graves al Derecho Internacional Humanitario.
El evento reunió a diversas instituciones locales y nacionales, liderazgos étnicos y sociales, medios de comunicación y actores del sector privado. La directora de la Misión de USAID en Colombia, Anu Rajaraman, afirmó que “el reclutamiento forzado no es un mal menor; es una herida que se clava en el corazón de las comunidades”, subrayando la urgencia de acciones coordinadas para erradicar este flagelo.
El reclutamiento infantil en Colombia no solo perpetúa el conflicto armado, sino que afecta profundamente a las comunidades más vulnerables. Según datos recientes, miles de menores son utilizados en la guerra, y en 2023, la Defensoría del Pueblo reportó 184 casos confirmados, aunque el subregistro es alarmante. “El subregistro es altísimo, altísimo”, advirtió la viceministra Gómez.
(Lea también: “El reclutamiento de niños y niñas es una de las grandes tragedias de Colombia”)
Los grupos armados han adoptado nuevas estrategias para captar menores, recurriendo al engaño con falsas promesas de dinero y recursos materiales. “Les prometen un tipo de labores que no van a cumplir; realmente los llevan a morir”, explicó Gómez. Este problema se agrava en comunidades étnicas e indígenas, donde las limitadas oportunidades y la ausencia estatal facilitan la captación de jóvenes. Además, organizaciones como Save the Children han denunciado que en zonas como el Cauca el subregistro es particularmente crítico, ya que muchas familias temen denunciar por posibles represalias.
Es que el Cauca, reconocido como el departamento más afectado por el reclutamiento forzado, se convierte en un escenario crucial para acciones que puedan replicarse en otras regiones del país. La viceministra de Defensa, Daniela Gómez, resaltó la gravedad de esta situación: “Todas las acciones que se lleven a cabo en este departamento son fundamentales y tendrán repercusiones a nivel nacional”.
Por estas razones, el evento también puso en evidencia los esfuerzos de las comunidades para proteger a sus menores. Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo, explicó que estas iniciativas nacen de la desconfianza hacia las autoridades: “Nosotros no confiamos en las autoridades porque el joven ya es bastante victimizado por nacer en un territorio como el nuestro. Preferimos acudir a aliados como la ONU o la Cruz Roja Internacional”.
Estas madres han implementado rutas seguras y entornos protectores en sus territorios, utilizando actividades culturales, deportivas y educativas como herramientas clave para la prevención. “Incentivamos a los niños con lo que les gusta, no imponemos; buscamos lo que los emociona”, afirmó García. Además, se están desarrollando iniciativas como aldeas seguras, donde se busca proteger tanto a los menores como a las líderes amenazadas por los grupos armados.
Desde el ámbito institucional, Nelson Escobar López, director regional de Fiscalías en Cauca, destacó los avances logrados con el protocolo de búsqueda urgente implementado en septiembre de 2024. Este instrumento, que cuenta con un 85% de avance en su ejecución, busca rescatar a menores desaparecidos. “El objetivo es encontrar a los menores vivos y protegerlos, y ya se han emitido dos órdenes de captura y dos sentencias condenatorias por reclutamiento en pocos meses”, señaló Escobar.
(Le puede interesar: Día de los Derechos Humanos alza su voz contra el reclutamiento forzado de menores)
La colaboración entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena ha sido fundamental para coordinar esfuerzos. “Las comunidades indígenas son las primeras en enterarse del reclutamiento y tienen la capacidad de rescatar a los jóvenes. Por eso, hemos fortalecido la cooperación con estas comunidades a través de capacitaciones y herramientas técnicas”, explicó Escobar. Además, se firmó un protocolo interinstitucional que permite a los jueces de la jurisdicción especial indígena activar mecanismos de búsqueda urgente sin depender de la justicia ordinaria.
El papel de la educación y las comunidades
El evento reflejó la importancia de unir fuerzas en la lucha contra el reclutamiento, un desafío también abordado por líderes locales como Hugo Javier Muñoz, alcalde de Páez. Muñoz enfatizó que la inversión social y el empoderamiento de las comunidades son clave para prevenir la captación de menores. “La única forma que nosotros vemos es a través de proyectos que empoderan a la comunidad. Incentivar a los jóvenes a que se queden en los claustros académicos y no caigan en la trampa de los grupos armados es esencial”, indicó.
El alcalde explicó que la situación de los jóvenes en la región se agrava por la falta de acceso a oportunidades, señalando que “los grupos armados ilegales llegan a prometerles un tema de ganar mucho dinero”. Para Muñoz, la respuesta no debe depender exclusivamente de la fuerza pública, sino de un enfoque integral que incluya inversión en programas educativos y de inclusión social.
El rector de la Universidad del Cauca, Deibar René Hurtado, coincidió con esta visión. “Cada joven que cruza las puertas de nuestra Alma Mater es un joven que le arrebatamos a la guerra”, expresó, subrayando el papel de la educación, el arte y el deporte como herramientas de prevención. Carmen García también destacó la importancia de actividades culturales y deportivas, pero denunció la falta de apoyo estatal: “Nos toca hacer rifas, sancochos y teletón para comprar balones, guitarras o uniformes. Colombia debería tener casas de deporte bien equipadas para los niños, sobre todo en las comunidades”.
A pesar de estos avances, el reclutamiento infantil sigue siendo un desafío complejo que requiere la participación activa de toda la sociedad. “Esto es un trabajo de todos, pero también de quienes hemos normalizado esta realidad”, afirmó García. Tanto las comunidades como las instituciones deben redoblar esfuerzos para garantizar que los niños crezcan en paz, lejos de la violencia.
El evento “Por el Derecho a Crecer en Paz” no solo visibilizó la magnitud de este problema, sino que reafirmó el compromiso de actores estatales y comunitarios para combatirlo. Como concluyó la viceministra Gómez: “Se puede reducir el reclutamiento, pero debemos entrar todos en conciencia y trabajar juntos para proteger a nuestra niñez”.
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En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo en Popayán el evento “Por el Derecho a Crecer en Paz”, liderado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, los programas InspiraPaz y Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Universidad del Cauca. Esta iniciativa buscó visibilizar y prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en un país donde esta práctica representa una de las infracciones más graves al Derecho Internacional Humanitario.
El evento reunió a diversas instituciones locales y nacionales, liderazgos étnicos y sociales, medios de comunicación y actores del sector privado. La directora de la Misión de USAID en Colombia, Anu Rajaraman, afirmó que “el reclutamiento forzado no es un mal menor; es una herida que se clava en el corazón de las comunidades”, subrayando la urgencia de acciones coordinadas para erradicar este flagelo.
El reclutamiento infantil en Colombia no solo perpetúa el conflicto armado, sino que afecta profundamente a las comunidades más vulnerables. Según datos recientes, miles de menores son utilizados en la guerra, y en 2023, la Defensoría del Pueblo reportó 184 casos confirmados, aunque el subregistro es alarmante. “El subregistro es altísimo, altísimo”, advirtió la viceministra Gómez.
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Los grupos armados han adoptado nuevas estrategias para captar menores, recurriendo al engaño con falsas promesas de dinero y recursos materiales. “Les prometen un tipo de labores que no van a cumplir; realmente los llevan a morir”, explicó Gómez. Este problema se agrava en comunidades étnicas e indígenas, donde las limitadas oportunidades y la ausencia estatal facilitan la captación de jóvenes. Además, organizaciones como Save the Children han denunciado que en zonas como el Cauca el subregistro es particularmente crítico, ya que muchas familias temen denunciar por posibles represalias.
Es que el Cauca, reconocido como el departamento más afectado por el reclutamiento forzado, se convierte en un escenario crucial para acciones que puedan replicarse en otras regiones del país. La viceministra de Defensa, Daniela Gómez, resaltó la gravedad de esta situación: “Todas las acciones que se lleven a cabo en este departamento son fundamentales y tendrán repercusiones a nivel nacional”.
Por estas razones, el evento también puso en evidencia los esfuerzos de las comunidades para proteger a sus menores. Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo, explicó que estas iniciativas nacen de la desconfianza hacia las autoridades: “Nosotros no confiamos en las autoridades porque el joven ya es bastante victimizado por nacer en un territorio como el nuestro. Preferimos acudir a aliados como la ONU o la Cruz Roja Internacional”.
Estas madres han implementado rutas seguras y entornos protectores en sus territorios, utilizando actividades culturales, deportivas y educativas como herramientas clave para la prevención. “Incentivamos a los niños con lo que les gusta, no imponemos; buscamos lo que los emociona”, afirmó García. Además, se están desarrollando iniciativas como aldeas seguras, donde se busca proteger tanto a los menores como a las líderes amenazadas por los grupos armados.
Desde el ámbito institucional, Nelson Escobar López, director regional de Fiscalías en Cauca, destacó los avances logrados con el protocolo de búsqueda urgente implementado en septiembre de 2024. Este instrumento, que cuenta con un 85% de avance en su ejecución, busca rescatar a menores desaparecidos. “El objetivo es encontrar a los menores vivos y protegerlos, y ya se han emitido dos órdenes de captura y dos sentencias condenatorias por reclutamiento en pocos meses”, señaló Escobar.
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La colaboración entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena ha sido fundamental para coordinar esfuerzos. “Las comunidades indígenas son las primeras en enterarse del reclutamiento y tienen la capacidad de rescatar a los jóvenes. Por eso, hemos fortalecido la cooperación con estas comunidades a través de capacitaciones y herramientas técnicas”, explicó Escobar. Además, se firmó un protocolo interinstitucional que permite a los jueces de la jurisdicción especial indígena activar mecanismos de búsqueda urgente sin depender de la justicia ordinaria.
El papel de la educación y las comunidades
El evento reflejó la importancia de unir fuerzas en la lucha contra el reclutamiento, un desafío también abordado por líderes locales como Hugo Javier Muñoz, alcalde de Páez. Muñoz enfatizó que la inversión social y el empoderamiento de las comunidades son clave para prevenir la captación de menores. “La única forma que nosotros vemos es a través de proyectos que empoderan a la comunidad. Incentivar a los jóvenes a que se queden en los claustros académicos y no caigan en la trampa de los grupos armados es esencial”, indicó.
El alcalde explicó que la situación de los jóvenes en la región se agrava por la falta de acceso a oportunidades, señalando que “los grupos armados ilegales llegan a prometerles un tema de ganar mucho dinero”. Para Muñoz, la respuesta no debe depender exclusivamente de la fuerza pública, sino de un enfoque integral que incluya inversión en programas educativos y de inclusión social.
El rector de la Universidad del Cauca, Deibar René Hurtado, coincidió con esta visión. “Cada joven que cruza las puertas de nuestra Alma Mater es un joven que le arrebatamos a la guerra”, expresó, subrayando el papel de la educación, el arte y el deporte como herramientas de prevención. Carmen García también destacó la importancia de actividades culturales y deportivas, pero denunció la falta de apoyo estatal: “Nos toca hacer rifas, sancochos y teletón para comprar balones, guitarras o uniformes. Colombia debería tener casas de deporte bien equipadas para los niños, sobre todo en las comunidades”.
A pesar de estos avances, el reclutamiento infantil sigue siendo un desafío complejo que requiere la participación activa de toda la sociedad. “Esto es un trabajo de todos, pero también de quienes hemos normalizado esta realidad”, afirmó García. Tanto las comunidades como las instituciones deben redoblar esfuerzos para garantizar que los niños crezcan en paz, lejos de la violencia.
El evento “Por el Derecho a Crecer en Paz” no solo visibilizó la magnitud de este problema, sino que reafirmó el compromiso de actores estatales y comunitarios para combatirlo. Como concluyó la viceministra Gómez: “Se puede reducir el reclutamiento, pero debemos entrar todos en conciencia y trabajar juntos para proteger a nuestra niñez”.
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