El reto de garantizar la justicia racial en Colombia: entrevista con Audrey Mena

La justicia racial lucha por eliminar el racismo de forma estructural, busca cambiar de fondo las opresiones por motivos de raza. En Colombia, la organización ILEX Acción Jurídica tiene el propósito de alcanzar esta forma de justicia, y no solo en el país, sino en toda Latinoamérica y el Caribe. Compuesta por abogadas afrocolombianas provenientes de distintas regiones del país, a través de la implementación de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, el liderazgo de personas negras y afrocolombianas es una voz fuerte a nivel de justicia. Para comprender el trabajo jurídico con enfoque racial y por qué el racismo sigue siendo un problema sistémico, Audrey Mena, subdirectora del ILEX, habló con El Espectador sobre estos y otros temas de interés.

A propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el pasado 21 de marzo. ¿Cuál es la radiografía que usted tiene respecto al racismo en Colombia?

El racismo es un problema institucional y estructural que, de alguna manera, pone en desventaja a ciertos sujetos históricamente racializados, es decir, categorizados como inferiores. Esto es lo que muestra la desigualdad entre unos sujetos y otros en un país como Colombia. Aunque tenemos grandes espacios en torno a la discriminación racial y, sobre todo, lo que eso implica en el acceso a derechos para personas con pertenencias raciales o indígenas, el panorama aún sigue siendo complejo. Persiste la discriminación y la exclusión racial y social, lo que obviamente lleva a la continuidad de ciclos de violencia estructural. Por ello, tenemos una gran tarea: saber cuáles son las medidas que debe tomar un Estado como Colombia desde lo social, lo cultural y lo económico para superar todos esos factores que hacen que la gente perteneciente a comunidades afrodescendientes o indígenas tengan una situación de intimidad social.

La organización ha publicado múltiples informes, recomendaciones y estudios que robustecen el estudio del derecho bajo la mirada de lo racial y étnico. ¿Cómo se evidencia la falta de atención en proyectos a nivel legislativo que podrían mejorar la calidad de vida y acceso a derechos de personas afrodescendientes?

Gran parte de los efectos del racismo y la discriminación racial tienen que ver con los estereotipos y con cuál es realmente el aporte que hacen o no las personas afrodescendientes en Colombia. Entonces, somos un país que reconoce la diversidad a nivel normativo, pero no a nivel de base de datos administrativos. Las decisiones políticas se toman a partir de la cantidad de los sujetos poblacionales sobre los cuales se van a aplicar las políticas públicas. Pero, cuando tenemos un país que no sabe dónde está su población étnica, ni cuál es el proyecto de vida o las necesidades para el avance y el desarrollo de los territorios, es muy difícil que se puedan tomar decisiones de políticas públicas o de distribución económica equitativa. Por ello, gran parte de los efectos del racismo estructural ha sido el desconocimiento y la invisibilización de los aportes que hacen las personas afrocolombianas, además de esa negación institucional de cómo podemos aportar a través de la edificación de políticas en los territorios donde están las personas afro.

Vemos, por ejemplo, cuando en 2018 se vio reflejado en el censo del DANE una reducción del número de personas afrocolombianas, pasó de 4′311.757 a 2′982.224 en relación con el informe de 2005. En su momento, la Corte Constitucional declaró que esas cifras corresponden a una invisibilización de la población afro y que “ser contados importa en términos de derechos fundamentales”. ¿Cuáles son las implicaciones de ese no reconocimiento de su presencia en los registros oficiales para las políticas públicas en el país?

Cuando vemos que estadísticamente desaparecieron un millón de afrocolombianos, y no nos hacemos la pregunta de dónde están, si los mataron o realmente por qué no se cuentan dentro de estas estadísticas, estatalmente lo toman como un problema meramente técnico y no pensando en las consecuencias que esas cifras implican. Es decir, aquello que en materia de políticas públicas, educación y salud va a tener que una población no esté dentro del censo nacional estadístico un país. Entonces, cuando nosotros no sabemos dónde están los colombianos, quiénes son, cuál es su aporte, es muy difícil que los podamos reconocer como parte de esa mano de obra que también construye nación. A partir de esto es que gran parte de la lucha de ILEX ha sido visibilizar las necesidades de que todas las bases de datos administrativas y los reportes administrativos a partir de los cuales se toman las decisiones políticas en Colombia, tengan en cuenta la población afro que por mucho tiempo ha sido invisibilizada.

¿Cómo está siendo abordado el desconocimiento de esos aportes que usted nombra de la cultura afrocolombiana en Colombia, especialmente en aspectos como la justicia afro?

Hace muy poco tiempo llevamos a cabo una investigación en la que caracterizamos los sistemas étnicos propios de acceso a la justicia que tienen las personas negras en los territorios. Una de las cosas que encontramos es que, debido a la falta de acceso por la limitada cobertura territorial del Estado y la falta de acceso al mismo sistema institucional, las comunidades están ejerciendo sus propios escenarios de justicia, los cuales tienen un sentido de justicia diferente al que generalmente conocemos; en Colombia, la justicia tiende a tener un sentido de castigo y represión. Sin embargo, para los grupos étnicos, como parte de su identidad étnica y cultural, tiene un sentido de restablecimiento, reconciliación y reestructuración del tejido social. En muchos casos hemos observado que estos mecanismos sí funcionan pese a que la institucionalidad no llega, por lo que es importante reconocer su existencia.

Y ahora que se avecina una reforma a la justicia, ¿qué esperan a nivel de inclusión para la población afrocolombiana?

Como organización, una de nuestras propuestas es que los sistemas de justicia en Colombia sean inclusivos. Cuando hablamos de inclusión, no solo nos referimos a reconocer los sistemas y jurisdicciones étnicas propias que ya existen, como la guardia cimarrona del norte del Cauca o la guardia cimarrona de Palenque, que tienen una reconfiguración social del significado de la justicia enfocada en el sujeto étnico en los territorios. Es un momento de reconocer este tipo de justicia y no hacerlo contribuiría a prácticas estructurales de racismo y discriminación hacia la alteridad negra. Eso, además de ser una reducción económica para el sistema estatal, incluye también una forma de poder garantizar ejercicios de autonomía propia en los territorios.

¿Por qué es importante que llegue este tipo de justicia social a las personas negras en Colombia?

Creo que tener una sociedad más justa, inclusiva y antirracista implica que todos los seres humanos en un país como el nuestro tengamos mejores posibilidades de acceso a escenarios de oportunidades desde lo laboral, la educación, la representación política. Entonces, hablar de la eliminación de todas formas de racismo no es solamente hablar y ver el racismo desde un marco punitivo de castigar al que es racista, sino también de llamar la atención estatal sobre cómo implementamos medidas que sean antirracistas. Cuando hablamos de medidas antirracistas, es un término que muchas veces estamos confundiendo con el tema de ahora tenemos una sociedad más inclusiva. Pues no nos sirve tener una sociedad inclusiva que tenga una representación estética de las personas afrodescendientes y que no tenga una representación de políticas y acciones, las cuales ataquen realmente aquellas condiciones que hacen que las personas vivan de manera indigna.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

La justicia racial lucha por eliminar el racismo de forma estructural, busca cambiar de fondo las opresiones por motivos de raza. En Colombia, la organización ILEX Acción Jurídica tiene el propósito de alcanzar esta forma de justicia, y no solo en el país, sino en toda Latinoamérica y el Caribe. Compuesta por abogadas afrocolombianas provenientes de distintas regiones del país, a través de la implementación de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, el liderazgo de personas negras y afrocolombianas es una voz fuerte a nivel de justicia. Para comprender el trabajo jurídico con enfoque racial y por qué el racismo sigue siendo un problema sistémico, Audrey Mena, subdirectora del ILEX, habló con El Espectador sobre estos y otros temas de interés.

A propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el pasado 21 de marzo. ¿Cuál es la radiografía que usted tiene respecto al racismo en Colombia?

El racismo es un problema institucional y estructural que, de alguna manera, pone en desventaja a ciertos sujetos históricamente racializados, es decir, categorizados como inferiores. Esto es lo que muestra la desigualdad entre unos sujetos y otros en un país como Colombia. Aunque tenemos grandes espacios en torno a la discriminación racial y, sobre todo, lo que eso implica en el acceso a derechos para personas con pertenencias raciales o indígenas, el panorama aún sigue siendo complejo. Persiste la discriminación y la exclusión racial y social, lo que obviamente lleva a la continuidad de ciclos de violencia estructural. Por ello, tenemos una gran tarea: saber cuáles son las medidas que debe tomar un Estado como Colombia desde lo social, lo cultural y lo económico para superar todos esos factores que hacen que la gente perteneciente a comunidades afrodescendientes o indígenas tengan una situación de intimidad social.

La organización ha publicado múltiples informes, recomendaciones y estudios que robustecen el estudio del derecho bajo la mirada de lo racial y étnico. ¿Cómo se evidencia la falta de atención en proyectos a nivel legislativo que podrían mejorar la calidad de vida y acceso a derechos de personas afrodescendientes?

Gran parte de los efectos del racismo y la discriminación racial tienen que ver con los estereotipos y con cuál es realmente el aporte que hacen o no las personas afrodescendientes en Colombia. Entonces, somos un país que reconoce la diversidad a nivel normativo, pero no a nivel de base de datos administrativos. Las decisiones políticas se toman a partir de la cantidad de los sujetos poblacionales sobre los cuales se van a aplicar las políticas públicas. Pero, cuando tenemos un país que no sabe dónde está su población étnica, ni cuál es el proyecto de vida o las necesidades para el avance y el desarrollo de los territorios, es muy difícil que se puedan tomar decisiones de políticas públicas o de distribución económica equitativa. Por ello, gran parte de los efectos del racismo estructural ha sido el desconocimiento y la invisibilización de los aportes que hacen las personas afrocolombianas, además de esa negación institucional de cómo podemos aportar a través de la edificación de políticas en los territorios donde están las personas afro.

Vemos, por ejemplo, cuando en 2018 se vio reflejado en el censo del DANE una reducción del número de personas afrocolombianas, pasó de 4′311.757 a 2′982.224 en relación con el informe de 2005. En su momento, la Corte Constitucional declaró que esas cifras corresponden a una invisibilización de la población afro y que “ser contados importa en términos de derechos fundamentales”. ¿Cuáles son las implicaciones de ese no reconocimiento de su presencia en los registros oficiales para las políticas públicas en el país?

Cuando vemos que estadísticamente desaparecieron un millón de afrocolombianos, y no nos hacemos la pregunta de dónde están, si los mataron o realmente por qué no se cuentan dentro de estas estadísticas, estatalmente lo toman como un problema meramente técnico y no pensando en las consecuencias que esas cifras implican. Es decir, aquello que en materia de políticas públicas, educación y salud va a tener que una población no esté dentro del censo nacional estadístico un país. Entonces, cuando nosotros no sabemos dónde están los colombianos, quiénes son, cuál es su aporte, es muy difícil que los podamos reconocer como parte de esa mano de obra que también construye nación. A partir de esto es que gran parte de la lucha de ILEX ha sido visibilizar las necesidades de que todas las bases de datos administrativas y los reportes administrativos a partir de los cuales se toman las decisiones políticas en Colombia, tengan en cuenta la población afro que por mucho tiempo ha sido invisibilizada.

¿Cómo está siendo abordado el desconocimiento de esos aportes que usted nombra de la cultura afrocolombiana en Colombia, especialmente en aspectos como la justicia afro?

Hace muy poco tiempo llevamos a cabo una investigación en la que caracterizamos los sistemas étnicos propios de acceso a la justicia que tienen las personas negras en los territorios. Una de las cosas que encontramos es que, debido a la falta de acceso por la limitada cobertura territorial del Estado y la falta de acceso al mismo sistema institucional, las comunidades están ejerciendo sus propios escenarios de justicia, los cuales tienen un sentido de justicia diferente al que generalmente conocemos; en Colombia, la justicia tiende a tener un sentido de castigo y represión. Sin embargo, para los grupos étnicos, como parte de su identidad étnica y cultural, tiene un sentido de restablecimiento, reconciliación y reestructuración del tejido social. En muchos casos hemos observado que estos mecanismos sí funcionan pese a que la institucionalidad no llega, por lo que es importante reconocer su existencia.

Y ahora que se avecina una reforma a la justicia, ¿qué esperan a nivel de inclusión para la población afrocolombiana?

Como organización, una de nuestras propuestas es que los sistemas de justicia en Colombia sean inclusivos. Cuando hablamos de inclusión, no solo nos referimos a reconocer los sistemas y jurisdicciones étnicas propias que ya existen, como la guardia cimarrona del norte del Cauca o la guardia cimarrona de Palenque, que tienen una reconfiguración social del significado de la justicia enfocada en el sujeto étnico en los territorios. Es un momento de reconocer este tipo de justicia y no hacerlo contribuiría a prácticas estructurales de racismo y discriminación hacia la alteridad negra. Eso, además de ser una reducción económica para el sistema estatal, incluye también una forma de poder garantizar ejercicios de autonomía propia en los territorios.

¿Por qué es importante que llegue este tipo de justicia social a las personas negras en Colombia?

Creo que tener una sociedad más justa, inclusiva y antirracista implica que todos los seres humanos en un país como el nuestro tengamos mejores posibilidades de acceso a escenarios de oportunidades desde lo laboral, la educación, la representación política. Entonces, hablar de la eliminación de todas formas de racismo no es solamente hablar y ver el racismo desde un marco punitivo de castigar al que es racista, sino también de llamar la atención estatal sobre cómo implementamos medidas que sean antirracistas. Cuando hablamos de medidas antirracistas, es un término que muchas veces estamos confundiendo con el tema de ahora tenemos una sociedad más inclusiva. Pues no nos sirve tener una sociedad inclusiva que tenga una representación estética de las personas afrodescendientes y que no tenga una representación de políticas y acciones, las cuales ataquen realmente aquellas condiciones que hacen que las personas vivan de manera indigna.

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