El reto de involucrar al poder judicial en debate de las recomendaciones de la CEV

El pleno de comisionados de la Comisión de la Verdad en la entrega del Informe Final en Bogotá

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Nosotros somos los primeros receptores de las violencias contra mujeres, niñas y personas LGBTI”, dice Daly Lerma, coordinadora de la casa de justicia de Buenaventura. El centro que ella dirige se encarga de recibir las primeras denuncias de las víctimas de violencias de género o por prejuicio y de darles el acompañamiento necesario. Por eso, a Lerma le parece tan necesario que se implemente la recomendación de la Comisión de la Verdad que sugiere activar dispositivos para la atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

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Se trata de una de las 24 recomendaciones de la Comisión de la Verdad que tocan directamente a la justicia, luego de que el Informe Final concluyera que la impunidad, junto al narcotráfico, la pobreza y la desigualdad, entre otros fenómenos son factores de persistencia del conflicto armado. Como una funcionaria dedicada a promover el acceso a los servicios de justicia en el distrito portuario, Daly Lerma considera, entonces, que “la implementación de estas recomendaciones pueden otorgar garantías para la comunidad”.

Además de las recomendaciones del tomo de género, que Lerma considera cruciales en su trabajo en la casa de justicia, hay otras sugerencias de la Comisión que a su juicio deberían entrar a debatirse. Por ejemplo, fortalecer las formas de justicia comunitaria. “Hay que reconocer la importancia que la Comisión de la Verdad le está dando a los mecanismos de resolución de conflictos en los territorios. Hoy tenemos unos programas que carecen de fuerza: los conciliadores en equidad, las juntas de acción comunal, las organizaciones de base”, comentó la funcionaria.

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Justamente Lerma está en Bogotá participando de una iniciativa que promueven la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Viva la Ciudadanía, con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de Usaid, para plantear debates sobre las recomendaciones de la comisión en torno al poder judicial. En palabras de Ana María Rodríguez, directora de la CCJ: “Es muy importante que Colombia entienda que el informe y las recomendaciones no son para el Gobierno únicamente. El informe se hizo para toda la sociedad colombiana y van dirigidas al Estado, a todas las ramas del poder público, a todas las instituciones y a todos los funcionarios”.

Por ejemplo, del panel que lideraron este martes participó el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, quien también hizo parte del equipo de la Comisión y allí lideró la investigación sobre justicia e impunidad. En el evento, Umaña dijo sin reparos que “uno de los propósitos del viceministerio es cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, una frase que recuerda a la que pronunció el presidente Gustavo Petro en la presentación del Informe Final, en junio de 202, cuando recién electo dijo que iba a cumplir “a rajatabla” las recomendaciones.

En la práctica, algunos de esos cambios quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo, y dar esta discusión es todo un reto. En general, los funcionarios judiciales no están muy prestos a involucrarse en debates políticos, aunque les conciernen. Como dice la directora de la CCJ, “los más interesados en que se cumplan las recomendaciones que tienen que ver con los pueblos étnicos son los indígenas, los afrocolombianos y los rom; los más interesados en que se implementen las recomendaciones de género, pues son las personas LGBTIQ+ y las mujeres; y así. Es una discusión que ojalá involucrara a toda la sociedad”.

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Para el director de Viva la Ciudadanía, Luciano Sanín, hay tres factores que explican esa renuencia de los funcionarios judiciales a involucrarse en estas discusiones. En primer lugar, que se ha malinterpretado la independencia de la justicia. “Que el debate sea político, no quiere decir que los jueces entren a hacer política”, explicó. Segundo, considera que históricamente los políticos tradicionales han excluido a los jueces de las discusiones sobre su labor. Y, finalmente, como reconoció la propia Comisión en el Informe, los jueces, fiscales y policías judiciales, han sufrido el conflicto en carne propia, pagando su labor con el exilio y la persecución.

La CCJ y Viva la Ciudadanía harán más encuentros como este, por todo el país, para llegarles a funcionarios y líderes como Daly Lerma. Porque, como insiste Rodríguez, es un debate que le compete a la rama judicial: “en su autonomía y en su independencia, podemos sentarnos a conversar y ver cuáles recomendaciones son más cercanas a las problemáticas que ellos identifican, cuáles pueden planearse para más mediano o largo plazo, cuáles pueden implementar ellos exclusivamente y en cuáles necesitan a otras ramas del poder público”.

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