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Cuando las autoridades étnicas de Acadesan, el Consejo Comunitario General del San Juan, ubicado en los municipios de Medio San Juan, Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan y Buenaventura (entre Chocó y Valle del Cauca) pidieron medidas de protección al Estado en 2019 por los riesgos contra sus vidas, lo primero que acordaron fue no solicitar escoltas. En cambio, pidieron adecuación de canchas de fútbol y talleres musicales para minimizar el riesgo de reclutamiento forzado. Sobre los peligros de combates, pidieron la construcción de gradas con puentes en las comunidades para facilitar la evacuación en casos de emergencias con grupos armados y ocho casas comunitarias de refugio.
Para alertar de peligros entre las 72 comunidades que componen el consejo, pidieron la instalación de antenas para que se garantice la comunicación por celular; en su lugar, les dieron megáfonos. Al Ministerio de Educación, le pidieron garantizar su cobertura en todas las escuelas y al SENA, que capacitara en iniciativas de generación de ingresos y en reparación de motores de lancha, para que más personas puedan tener conocimiento en caso de una emergencia de movilidad. También solicitaron al Programa de Acción contra Minas que adelantara labores de desminado humanitario.
La seguridad para los pueblos afros del Pacífico está lejos de ser concebida como una que sólo se obtiene con armas y chalecos antibalas. Acadesan es el segundo consejo comunitario más grande del país, en el que viven más de 15.500 personas en ocho municipios del Chocó y del Valle del Cauca. Mauricio Parra, asesor legal de esas comunidades, dice que “las medidas tienen como foco minimizar o disminuir el impacto de la guerra para el proceso organizativo. Son apenas un cumplimiento parcial de las obligaciones del Estado para que las comunidades puedan seguir existiendo como pueblos étnicos”.
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La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad del Estado encargada de la seguridad de los colombianos que está en riesgo producto de sus oficios, vocación o condición étnica. Es decir, todos los líderes y lideresas sociales o políticos, víctimas de violaciones a los derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales o sindicales, periodistas, funcionarios públicos, exintegrantes de grupos armados y pueblos indígenas o afrocolombianos son objeto de protección de esta entidad.
Por eso, cuando la UNP recibió, en 2019, la solicitud de Acadesan para recibir protección, lo primero que acordaron fue realizar un primer taller de valoración que tomó siete meses para concertarse. El segundo taller, con el que concluiría la evaluación de riesgo, llegó en marzo de 2021, casi un año y medio después del primero, y tuvo como resultado que esa entidad respondiera que las medidas que solicitaba la población “no eran de su competencia”. En ese momento, solicitaron medidas a 18 entidades del Estado, apenas tres de ellas, a la UNP.
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La UNP, en su momento, sólo pudo ofrecer escoltas, carros blindados, chalecos antibalas y megáfonos para los líderes de las comunidades, pero no para toda la población. Después de varios meses de discusión, un juzgado de restitución de tierras en Quibdó le dio la razón al Consejo Comunitario y reiteró la orden para que el Gobierno Nacional diera una respuesta formal. La decisión del Gobierno, en cabeza del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, llegó formalmente en diciembre de 2021 y negaron más del 80 % de sus peticiones.
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Aunque en la práctica no están funcionando todas las medidas ordenadas, Acadesan tiene en este momento megáfonos para comunicarse en las comunidades y once lanchas que brindó la UNP para la movilidad de las personas entre comunidades (aunque no les garantizaron la gasolina). El 7 de noviembre de 2022 se realizó un taller de revaluación del riesgo colectivo entre la UNP y Acadesan. Allí, las autoridades solicitaron 60 medidas de protección colectiva a más de 20 entidades del Estado.
Fue apenas en abril de este año, que bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez, lograron una reunión interinstitucional para concertar el avance y la implementación de esas medidas. A pesar de los esfuerzos, a la reunión no asistieron delegados del Ministerio de Ambiente, Agricultura, Minas, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Ecopetrol, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGR), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el Ministerio de Salud. Aunque Invías sí asistió, todavía no han asumido compromisos.
Parra, el asesor legal de las comunidades, indicó que “una de las apuestas de Acadesan es que la protección sea realmente colectiva y no sólo para los líderes. Cuando proteges a la comunidad y no sólo a las cabezas, logras que las dinámicas en territorio cambien y se transformen”. Por eso, aunque pidieron que se adecúen las sedes en Buenaventura y en Istmina, los dos cascos urbanos más cercanos, una de sus apuestas es lograr que las entidades construyan ocho casas que sirvan como lugares de encuentro cultural y fortalecimiento organizativo, pero que también sean espacios de refugio en momentos de enfrentamientos o combates.
“El desplazamiento en cascos urbanos suele ser muy violento. Lo que se busca con esa petición es que, en caso de combates o enfrentamientos, la gente pueda resistir en el territorio y resguardarse allí”, explica el asesor jurídico. Sus peticiones para lograr el reconocimiento han sido arduas. También solicitaron al Ministerio de Salud que consolide puestos de salud en cada comunidad, porque cuando suceden paros armados en la zona, la población no puede desplazarse por el río en caso de una emergencia.
La zona del litoral San Juan ha sido uno de los epicentros más escabrosos de la guerra. Sobre sus aguas y selvas estuvieron por décadas el frente 30 de las antiguas Farc. Desde la década de los 80, entró el ELN a disputar su territorio y las Agc (Clan del Golfo), que llegaron en la última década, se han abierto paso, al igual que los otros grupos armados, a sangre y fuego. Es en esa zona del país, que conecta el Pacífico con la región del Darién y es una de las salidas a Panamá, que es hoy epicentro de los alivios humanitarios que pactó el ELN en su mesa de negociación con el Gobierno Petro.
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Aunque en la realidad, la población sigue denunciando confinamientos, amenazas y desplazamientos, no sólo por la guerra entre guerrilleros y paramilitares, sino también por la presencia de la Fuerza Pública que combate en esa zona. Si se pudiera retratar la realidad de la guerra en Colombia por el narcotráfico y la minería ilegal, esa zona del Pacífico podría ser una radiografía completa de las consecuencias de la ausencia del Estado. Por eso, la solicitud de protección colectiva integral de Acadesan marca un hito en el enfoque de seguridad rural en el país.
La protección en Colombia
Entre 2018 y 2023, la UNP ha recibido 174.893 solicitudes de protección, de las cuales 66.149 son de líderes y lideresas sociales. Cabe resaltar que si una persona recibe una amenaza que no está relacionada con sus quehaceres políticos, humanitarios o sociales, no puede pedir protección directa de la UNP, sino remitir las denuncias a la Policía más cercana.
Una de las primeras alertas de riesgo son las amenazas que pueden recibir las personas por su oficio o por la información de la que dispongan. Para determinar el nivel de riesgo en el que está una persona o una comunidad —en el caso de los pueblos étnicos—, una vez se hace la denuncia y se solicita la medida de protección, la UNP hace evaluaciones de riesgo para determinar el nivel de gravedad en el que está el denunciante: riesgo ordinario, riesgo extraordinario y riesgo extremo.
Aunque las medidas de protección de esta entidad suelen estar simplificadas a la asignación de escoltas, vehículos (blindados o no blindados) y a la entrega de chalecos de protección, los pueblos étnicos pueden hacer otro tipo de solicitudes cuando la petición de protección sea colectiva. Es decir, el riesgo no recae sólo en una persona, sino en una comunidad completa (un resguardo indígena, una junta de acción comunal, un consejo comunitario, entre otros).
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¿Cómo pedir medidas de protección a la UNP?
Cuando una persona recibe amenazas contra su vida o la de su comunidad étnica (consejo comunitario o resguardo indígena) debe seguir la ruta de protección individual o colectiva, según sea el caso. Lo primero que debe hacer es descargar y diligenciar el formulario de solicitud de protección: este se puede hacer a través de la página web de la UNP o de manera presencial en la oficina más cercana.
Si en su lugar de residencia no hay oficinas de la UNP y no tiene acceso a un computador para hacer el proceso de manera virtual, también puede hacer la solicitud en cualquier oficina de la Personería, Defensoría del Pueblo, alcaldía o gobernación.
Históricamente, la población que más ha hecho solicitudes de protección son representantes o activistas de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, campesinas o de víctimas. La oficina de prensa de la UNP indicó que, entre 2018 y 2023, han atendido a 25.155 personas con ese oficio. Este año van 200 solicitudes de esos líderes.
Por su parte, los representantes o integrantes de grupos étnicos son la segunda población que más ha pedido medidas a la UNP en lo que va del año, con 62 solicitudes. Sin embargo, estos casos, frecuentemente, pueden constituir peticiones de protección colectivas como la hecha por Acadesan que, de comenzar a implementarse, podrían convertirse en un referente nacional. No es un asunto menor: se protegerá un territorio colectivo de un área titulada de 683.591 hectáreas, un espacio mucho mayor que la nación Palestina y casi del mismo tamaño que Sao Paulo (en Brasil).
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