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Durante una visita a la Cárcel El Buen Pastor, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, socializó la Resolución Defensorial 2024 que busca garantizar la implementación efectiva de la Ley de Utilidad Pública. Esta normativa contempla la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública y podría beneficiar a más de 5.000 mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas madres cabeza de hogar.
La ley establece que mujeres condenadas por delitos como tráfico de estupefacientes o contra el patrimonio económico, con penas menores a ocho años, pueden acceder a este beneficio si cumplen con los requisitos legales. Según la Defensora, “esta norma es la primera en el país que, con enfoque de género, contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, permitiendo cumplir la pena de forma extramural en actividades de impacto social en el ámbito comunitario y, a su vez, que la mujer pueda proveer y acompañar a sus hijos”.
La Resolución incluye acciones clave para superar barreras en la implementación de la ley, como el desconocimiento de la norma y la interpretación restrictiva por parte de algunos operadores judiciales. “El número de penas concedidas hasta ahora es muy bajo debido al desconocimiento de esta ley y a la interpretación restrictiva de algunos operadores judiciales, que se han negado a implementar un enfoque diferencial y de género. Por eso surge la necesidad de adoptar esta Resolución Defensorial”, señaló la defensora.
Así, el documento establece las siguientes medidas:
- Ordena a las dependencias de la Defensoría del Pueblo elaborar un plan conjunto en los próximos 30 días para ampliar el uso de esta alternativa y proteger los derechos de las mujeres en reclusión.
- Exhorta al Ministerio de Justicia a continuar monitoreando la implementación de la Ley y a promover un mayor número de plazas para servicios de utilidad pública en municipios apartados.
- Invita al Consejo Superior de la Judicatura a capacitar a operadores judiciales en el enfoque diferencial y de género para evitar interpretaciones restrictivas.
- Insta a la Procuraduría General de la Nación a adoptar acciones similares a la Resolución para garantizar la intervención de procuradores delegados ante los jueces penales y fomentar la aplicación de la pena sustitutiva.
- Exhorta a alcaldías y gobernaciones a implementar programas restaurativos para las beneficiarias de la pena sustitutiva, además de brindar oportunidades laborales paralelas a los servicios comunitarios.
Asimismo, la Defensoría subrayó que esta ley no solo permite cumplir la pena de manera restaurativa, sino que también contribuye a la reintegración social de las mujeres. “Este es un avance significativo en la justicia con enfoque de género, pero requiere el compromiso de todas las instituciones involucradas”, puntualizó la defensora del pueblo.
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