Antes de hacer una inversión pueden existir dudas y, cuando se trata de justicia, no es la excepción. En Cali, varios empresarios y fundaciones han invertido de manera exitosa en el fortalecimiento de la justicia por diferentes motivos, pero para muchos persisten dudas sobre si es correcto o si les corresponde.
Una de las razones que ha motivado a los empresarios a invertir es el ausentismo de sus empleados. Este tema se ha convertido en una problemática que abre la puerta a que se destinen recursos para el acceso a la justicia, según le explicó a este diario Jesús Mejía, gerente general de Calzatodo. En su compañía, un 90% de la planta laboral son mujeres, quienes en muchos casos han reportado ser víctimas de violencia intrafamiliar. “El 80% de nuestras trabajadoras son madres cabeza de familia y vemos que muchas veces están en ambientes violentos porque se lo preguntamos. Nos hemos dado cuenta porque a veces no pueden llegar al trabajo”, señaló.
De acuerdo con Mejía, hay mujeres que sufren día a día este flagelo, que se agrava teniendo en cuenta que “no hay un canal rápido y expedito que pueda ayudarles a solucionar ese problema, en particular”. Para el directivo, es importante buscar mecanismos de mediación en estos casos para que las trabajadoras también tengan un acompañamiento constante y sean protegidas. “Eso ayuda a la familia, ayuda a las mujeres, que es lo más importante. Y, desde un punto de vista empresarial, también se reduce el ausentismo, que para las empresas es mortal porque al final afecta el servicio en los puntos de venta y en un día de trabajo podría haber menos personal, por lo que se pueden producir robos o saqueos”, anotó.
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Para otros empresarios, como Juan Ramón Guzmán, gerente general de Bivien, para que haya justicia se deben erradicar estos problemas de raíz. Destacó cómo Compromiso Valle (iniciativa liderada por Propacífico), de la cual hace parte su empresa, ha intentado acercarse a los territorios más vulnerables con dinámicas conflictivas con el fin de generar oportunidades, lo que se convierte, al fin y al cabo, en una prevención de escalar la violencia y, por lo tanto, los conflictos. “Las conversaciones entre empresarios, fundaciones, instituciones y comunidad permiten fortalecer el acceso a la justicia. Esas conversaciones articuladas pueden llegar hasta el punto de exigirle al Estado que cumpla con llevar servicios de justicia a poblaciones vulnerables”, agregó.
Tanto para Guzmán como para Mejía, la educación también es fundamental en temas de justicia. Para el primero, es desde ahí donde se deben impartir dinámicas de solución de conflictos y buscar oportunidades para que los más jóvenes tengan acceso a educación superior y trabajos, para así evitar que entren al mundo de la delincuencia. Entretanto, para el gerente de Calzatodo, intervenir los colegios también es ayudar a las madres cabeza de familia. “Vemos también que llaman desde los colegios a las mamás a decir que sus hijos son víctimas de bullying u otros temas ligados a conflictos. Hay que dar tranquilidad a las madres”, sostuvo.
Ante todo esto también hay dudas. Otro de los empresarios consultados por este diario, aseguró que el retorno de una inversión en justicia es atractivo, pero explicó que tienen prevenciones por algunos hechos de corrupción del pasado que han rodeado al sistema judicial. Cuando haya mayor claridad en este ámbito, será más fácil para el sector empresarial meterse la mano al bolsillo para hacer inversiones en esta materia, dijo.
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Por otra parte, existen iniciativas con resultados tangibles como Abriendo Caminos, una iniciativa de la Fundación Alvaralice, que lleva jornadas de conciliación a sectores de violencia de la ciudad. A raíz del Paro Nacional, dijo Juan Camilo Cock Misas, director de la organización, implementaron la iniciativa como una prueba en dos barrios de Cali y luego la ampliaron a 40 zonas de la ciudad, junto a otras cinco en Buenaventura y cinco más en Palmira. “En contextos urbanos con altas afectaciones de violencia se puede trabajar con líderes comunitarios que generan confianza en sus territorios y pueden actuar como mediadores, ayudando a redimir conflictos”, puntualizó.
Este proyecto, según el director, ha mostrado avances importantes teniendo en cuenta que uno de sus objetivos principales es evitar que los conflictos escalen. Desde ahí se han mediado más de 10.000 conflictos desde 2021, de los cuales el 83% se ha resuelto o ha llegado a un acuerdo parcial. Haciendo sus propias cuentas, la fundación estableció que por cada $1.000 que una empresa invierte en temas de justicia, podría recibir hasta $6.000.
Estos cálculos apenas se están comenzando a hacer en Colombia. De hecho, un estudio publicado recientemente por la Universidad EAFIT con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de USAID, estableció que el retorno de inversión para empresas que invierten en acceso a justicia y resolución de conflictos estaría entre los $8.100 y $9.600 por cada $1.000 invertidos.
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No obstante, Cock Misas habla de un ahorro importante que podría motivar a otras compañías. “Una vida que se salva es un trabajo más, es mayor productividad. Además, al evitar la mediación policial, se ahorran costos institucionales”. Agregó que invertir en justicia puede generar entornos más seguros y prevenir que empleados renuncien porque no pueden llegar de noche a sus casas o, incluso, por estar de luto constante.
De acuerdo con el estudio de EAFIT, una de las principales objeciones del empresariado para negarse a invertir en justicia es la consideración de que se están apropiando de labores que deberían ser ejercidas por el Estado. En este punto está de acuerdo el gerente general de Calzatodo, pero asegura que también es una labor de todos aportar para que los conflictos tengan soluciones rápidas y las víctimas reciban atención.
Las cifras, de otra mano, también evidencian avances. Según la Cámara de Comercio de Cali, el centro de arbitraje y conciliación ha solucionado 4.625 casos desde 2020 con 83% de efectividad. De acuerdo con esa entidad, 23 días después de que las partes acudan a la conciliación y se tome el registro, se entregará un acta que tendrá la misma validez de una sentencia judicial, es decir, se debe cumplir lo allí pactado. Pero este no es el único mecanismo para fortalecer la justicia. La Universidad del Cauca, por ejemplo, adelanta programas de formación a jóvenes estudiantes de Derecho para que puedan apoyar procesos de conciliación para solución de conflictos en barrios donde la convivencia se ve afectada por la violencia.
El sector empresarial, entonces, podría ver oportunidades no sólo de ventaja competitiva o un mejor desempeño económico, sino también de generar un impacto positivo en el fortalecimiento del sistema. “Son corresponsables en la consolidación de sociedades más justas e inclusivas”, concluye el estudio de EAFIT.
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