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Cuando una empresa invierte en justicia, puede llegar a octuplicar su inversión. A esa conclusión llegó la Universidad EAFIT después de realizar un estudio, apoyado por el programa Justicia Inclusiva de Usaid, que analiza el comportamiento del sector empresarial cuando destina recursos o apoya causas de promoción y acceso a la justicia. El epílogo de esa investigación, que a simple vista suena fuerte y contundente, se refuerza bajo las experiencias de diferentes compañías y fundaciones alrededor del país que han invertido, de diferentes formas, en que más colombianos puedan acceder a la justicia.
Desde intentar bajar los índices de violencia de género de la que son víctimas las trabajadoras de su planta laboral, hasta intervenir en procesos de resolución de conflictos en barrios donde predomina la violencia, han sido las acciones de algunas compañías locales e internacionales. No obstante, de acuerdo con el estudio de la universidad antioqueña, las inversiones pueden ir en dos sentidos: de forma ética o estratégica.
La primera busca, entre otras cosas, generar la posibilidad de reducir las cargas de acceso a las instituciones, ampliar la oferta institucional en las zonas donde tienen participación y, finalmente, consideran que este fortalecimiento puede llevar a sociedades más inclusivas. En pocas palabras, su misión es construir un efecto positivo expansivo en la ciudadanía. En el componente estratégico, por su parte, los empresarios pretenden realizar inversiones con el objetivo de responder a la necesidad de gestionar ciertos riesgos empresariales o tener la oportunidad de crear ventajas competitivas.
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Estos dos escenarios han abierto la puerta para que los empresarios vean con buenos ojos invertir para fortalecer la justicia, pues, en algunos casos, existen dinámicas que afectan a sus trabajadores. Jesús Mejía, gerente general de Calzatodo, compañía que lleva más de 40 años en el mercado, le dijo a El Espectador que el 90% de su planta laboral son mujeres que, en ocasiones, han reportado ser víctimas de violencia intrafamiliar. Para el directivo, esta es una alerta para que desde la compañía se pueda ayudar a mitigar ese problema.
“El 80% de nuestras trabajadoras son madres cabeza de familia y vemos que muchas veces están en ambientes violentos porque nosotros les preguntamos. Nos hemos dado cuenta, porque a veces no pueden llegar al trabajo por ese problema”, señaló el empresario. De acuerdo con Mejía, hay mujeres que sufren día a día este flagelo, que se agrava teniendo en cuenta que “no hay un canal rápido y expedito que pueda ayudarles a solucionar ese problema en particular”. Para él, es importante fortalecer los mecanismos de acceso a las instituciones para las trabajadoras, o contar con mediadores que les ayuden a solucionar sus conflictos.
“Fortalecer el acceso a la institucionalidad ayuda a las familias, ayuda a las mujeres, que es lo más importante. Y, desde un punto de vista empresarial, también reduce el ausentismo, que es mortal para las empresas porque al final afecta el servicio en los puntos de venta y en un día de trabajo podría haber menos personal”, agregó. El directivo aseguró que se ha conectado con autoridades para que, en conjunto, puedan combatir esta problemática, principalmente en Valledupar, Montería y en algunos municipios del Valle del Cauca donde tiene presencia la compañía.
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Tanto Mejía como otros empresarios le dijeron a este diario que el retorno de invertir en justicia puede beneficiar el ahorro de costos para actores públicos y privados ya que, por ejemplo, se reduce el trabajo de los jueces, pues los conflictos podrían resolverse de forma eficaz mediante mecanismos como la mediación o la conciliación. “De alguna forma, habrá menos policías atendiendo problemas que se pueden solucionar con mecanismos que corten el problema de raíz. Si logramos invertir y apoyar estos temas, el país podría ahorrar dinero en seguridad”, anotó.
Para Alejandro Gómez Velásquez, docente de la Universidad EAFIT e investigador del estudio de retorno de inversión en justicia, existe un factor primordial en la relación costo-beneficio para empresarios y beneficiarios: el rendimiento social de la inversión. En su concepto, ese punto lo que busca es medir cuánto benefician socialmente los recursos que ingresan al sector justicia desde el empresariado. “Para establecer valores es necesario saber cuánto gastan las víctimas en dinero, tiempo, trayectos, entre otros factores que suponen una necesidad jurídica insatisfecha. Eso se cuantifica en dinero y se tiene en cuenta cuando se logra resolver esa necesidad”.
De acuerdo con el docente, que también es politólogo y experto en derechos humanos, las zonas del país que tienen mayores necesidades jurídicas y un limitado acceso a la justicia es donde se ve una mayor concentración de los esfuerzos de los empresarios en términos monetarios. El estudio arrojó que Bogotá, debido a su componente demográfico, es la ciudad donde se presentan mayores necesidades jurídicas insatisfechas. Cali ocupó el segundo lugar.
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La capital del Valle del Cauca, a raíz del Paro Nacional de 2021, registró altos índices de violencia en algunos de sus barrios, a los cuales llegó la Fundación Alvaralice, a través de la iniciativa Abriendo Caminos. Este programa llevó jornadas de conciliación, inicialmente, a dos barrios de la ciudad, donde las riñas, hurtos y homicidios eran protagonistas. Tras esas primeras jornadas, la organización amplió su participación en 40 zonas de Cali, cinco más en Buenaventura y otras cinco en Palmira.
“En contextos urbanos con altas afectaciones de violencia se puede trabajar con líderes comunitarios que generan confianza en sus territorios y pueden actuar como mediadores, ayudando a dirimir conflictos”, aseguró Juan Camilo Cock Misas, director de la Fundación Alvaralice. El proyecto ha mostrado avances importantes teniendo en cuenta que uno de sus objetivos principales es evitar que los conflictos escalen. Desde ahí se han mediado más de 10.000 conflictos desde 2021, de los cuales el 83% se ha resuelto o ha llegado a un acuerdo parcial.
“Una vida que se salva es un trabajo más, es mayor productividad. Además, al evitar la mediación policial, se ahorran costos institucionales”, sostuvo. Y agregó que invertir en justicia puede generar entornos más seguros y prevenir que empleados renuncien porque no pueden llegar de noche a sus casas o, incluso, por estar de luto constante, situaciones que han evidenciado desde la fundación.
A renglón seguido, Juan Ramón Guzmán, presidente de la junta directiva de Bivien, compañía con más de 30 años en el mercado de productos de belleza, aseguró que acudir a los territorios donde lideran las dinámicas violentas con el fin de generar oportunidades, puede generar un retorno social, pues, a la final, brindar oportunidades de trabajo y estudio es evitar que los conflictos trasciendan. “Las conversaciones articuladas entre empresarios, instituciones y comunidad permiten fortalecer el acceso a la justicia y pueden llegar hasta el punto de exigirle al Estado que cumpla con llevar servicios de justicia a poblaciones vulnerables”, añadió.
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Y aunque pareciera que los empresarios se han metido la mano al bolsillo para mejorar la justicia, algunos de ellos tienen reparos u objeciones para no hacerlo: los riesgos reputacionales, las dificultades para medir el impacto real de la inversión, el posible reemplazo por los privados de las funciones que deberían ser ejercidas por el Estado y la intromisión en la autonomía del sistema de justicia.
En este último punto estuvo de acuerdo Mejía, de Calzatodo, así como otros empresarios consultados por este medio. Según ellos, las funciones de garantizar el acceso a la justicia se deben realizar por parte de las instituciones y autoridades pertinentes. Sin embargo, para que se vean soluciones rápidas y efectivas, y las víctimas reciban atención, líderes de compañías nacionales aseguraron que los aportes de forma mancomunada pueden ayudar a acelerar procesos que, algunas veces, pueden presentar retrasos.
Pese a que la celeridad que se necesita para cubrir las necesidades jurídicas insatisfechas de diferentes comunidades es una labor del Estado y las instituciones, el estudio de EAFIT deja entrever cómo las intervenciones en diferentes áreas por parte de algunas empresas o fundaciones hacen parte de un fortalecimiento al acceso de la justicia. Un ejemplo de ello son las jornadas de conciliación gratuitas impulsadas por la Cámara de Comercio de Bogotá y las jornadas de acceso a la justicia de la Cámara de Comercio de Cartagena, que hacen, principalmente, en zonas vulnerables de la ciudad.
Algunas compañías, incluso, adelantan una formación en derechos humanos para su planta laboral, como es el caso de Ocensa, compañía transportadora de hidrocarburos, la cual realiza procesos de formación para sus empleados para “reducir el riesgo de incurrir en vulneraciones a los derechos humanos como consecuencia de sus actividades”. A fin de cuentas, se busca evitar, a toda costa, el nacimiento de nuevos conflictos.
Esta apuesta por evitar que los conflictos escalen también ha tenido un gran recibimiento por parte del empresariado en el Valle del Cauca, según le dijo a El Espectador María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, organización adscrita a Compromiso Valle, una iniciativa que reúne a más de 40 compañías de la región y que ha logrado impactar cerca de 160.000 personas tendiendo puentes entre los empresarios y comunidades.
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“Desde el sector empresarial, desde los jóvenes y comunidades, hemos tratado de contribuir a la solución de varios conflictos para que estos no vayan más lejos. Lo importante también en este punto es demostrar que los empresarios tienen mucho por contribuir a la justicia”, sostuvo Ulloa.
La directiva agregó que muchas veces, cuando se le nombra al empresariado la palabra justicia, “deciden apartarse porque creen que es solo competencia del Estado y cuando llega una iniciativa como Compromiso Valle, en un momento de crisis como es el Paro Nacional, se dieron cuenta cómo sí pueden contribuir a la justicia, entendiendo que sí tienen cosas por hacer por este derecho y participar”.
Así pues, bien sea por ética o estrategia, por capacitar a sus trabajadores o por evitar el escalonamiento de los conflictos, el acceso a la justicia poco a poco se vuelve un tema que se posiciona en la agenda del empresariado, que como retorno podrían recibir en sus puertas, además de ocho veces su inversión, una sociedad más inclusiva.
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