En 2023, cerca de 200 personas trans han sido víctimas de violencia por prejuicio

La Defensoría del Pueblo asegura que en sus registros hay varios tipos de agresiones durante el último año contra esta población: violencia psicológica, física, sexual; pero en más de 100 casos, son las instituciones del Estado las que cometen estas hostilidades

Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El sábado 18 de noviembre ocurrió un nuevo caso de violencia en contra de personas trans. Sucedió 48 horas antes del Día Internacional de la Memoria Transgénero (celebrado el 20 de noviembre de cada año), fecha en la que se reconoce la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, y cuando, a su vez, se recuerda la violencia continua en contra de esa población.

Un grupo de personas trans, que se encontraba en la Plaza de la Paz, en Barranquilla, fueron objeto de un tipo de discriminación recurrente en su diario vivir por su identidad de género: el hostigamiento por parte de uniformados de la Policía. Un patrullero las interrumpió, y con requisas injustificadas e insultos, les obligó a terminar sus actividades. “No es la primera vez que pasa (...) Ese policía es el mismo que hace expresiones homofóbicas”, contó a este diario uno de los testigos.

Acciones como esta, sumadas a las agresiones y amenazas, que en muchos casos llevaron a varios asesinatos contra la población trans, fueron durante otro año más una situación crítica. A propósito del Día Internacional de Memoria Trans, El Espectador habló con expertos y líderes LGBTIQ+ sobre este panorama, que cada vez se dibuja más violento, con casos de intolerancia, como lo ocurrido en la Plaza de la Paz.

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No son solo hostigamientos. Durante el último año, la Defensoría del Pueblo ha registrado que la población trans es blanco de todo tipo de acciones agresivas que atentan contra sus derechos y ha documentado al menos 200 casos. La explicación que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la violencia por prejuicio (VPP): una hostilidad “que es ejercida contra las personas que se perciben como trasgresoras de las normas tradicionales de género”.

La Defensoría asegura que en sus registros hay varios tipos de agresiones durante el último año contra esta población: violencia psicológica (120 registros), física (49), económica (29) y sexual (11); pero en más de 100 casos se efectúa la violencia institucional, principalmente cuando tiene que ver con barreras de acceso a servicios de salud y violencia policial. Eso sin mencionar los hechos relacionados con violencias a quienes ejercen la prostitución (54 casos), y las tentativas de feminicidio (16 registros).

Sin ir muy lejos, esa entidad, a través de la Alerta 030 del 2023, ha registrados 19 casos de violencia contra mujeres transgénero lideresas y defensoras de derechos humanos y ha atendido casos relacionados a estos hechos en departamentos como Valle del Cauca, Norte de Santander, Bogotá, Caldas y Santander. También hay episodios de panfletos amenazantes, como el que recibió en octubre la candidata trans, Sara Paola Caicedo, quien aspiraba a edila de la Comuna 2 de Soacha, y que recibió advertencias sobre un “exterminio social” y perfilamientos por parte de grupos armados ilegales. La amenaza le daba un plazo de 72 horas para salir del municipio.

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Para Caribe Afirmativo, “este tipo de violaciones son hechos recurrentes que gozan de un alto índice de normalización y de complicidad social, por lo que se siguen legitimando, justificando y ocurriendo frente a la mirada omisiva de la justicia y la institucionalidad”, según explica su informe ‘No se mata lo que no se olvida’.

Aunque no es un problema solo en Colombia, el país volvió a ocupar, por tercer año consecutivo, los primeros puestos de las listas negras de cifras donde las personas de identidad de género diversa son asesinadas. Por ejemplo, Colombia, después de Brasil, es el país latinoamericano donde más homicidios contra la población LGTBIQ+ se registraron. Pero a nivel mundial ocupa el cuarto puesto, con al menos 21 asesinatos acorde al conteo que lleva el Observatorio de Personas Trans Asesinadas. De acuerdo con las cifras de la Defensoría, las más afectadas por esta violencia son las mujeres trans: 26 feminicidios y al menos 171 casos de hechos violentos.

Para Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, esta violencia puede traducirse como una combinación de factores que tienen que ver con el entorno familiar y educativo. “Desde una falta de reconocimiento de la identidad de género y su diversidad, en el entorno laboral, que impone barreras. Nuestra cultura aún sigue siendo machista, que le teme a lo femenino porque lo ve desde lo débil y desde lo que nos han inculcado desde hace décadas”, dijo.

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La discriminación, además, deja cicatrices en la vida de las personas LGBTIQ+. Reyes considera que la violencia contra la población trans genera afectaciones durante todas las etapas de su vida: “Desde sus propios núcleos familiares, casi el 90 % de los y las adolescentes se han visto afectados por tener que esconder su orientación sexual, luego se enfrentan a espacios educativos dónde son discriminados y violentados. Desde allí se puede originar desescolarización y, por ende, alcanzan menos logros educativos que repercuten en acceso a trabajo digno”, añadió.

Pero también la salud mental tiene un impacto con la repetición y persistencia de estas violencias, según explicó Reyes, pues “hay estudios en Bogotá que demuestran que el miedo repercute en el temor de perder el trabajo debido a la discriminación. Esto genera una crisis emocional y un delicado estado de salud mental (...) Hay ocasiones que hemos atendido donde incluso jóvenes han recibido choques eléctricos en sus testículos por su orientación sexual”.

Los registros de la Defensoría, sumado a los casos que llegan a los escritorios de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de los derechos de la población trans, son una herramienta para hacerle frente a las violencias de las que son víctimas día a día. Por eso, una de las estrategias ha sido capacitar a funcionarios de la Fiscalía y la Policía en el abordaje de denuncias en contra de esa población, un trabajo que se ha realizado de la mano de líderes y lideresas LGBTQ+, con el fin de que casos como el de la Plaza de la Paz en Barranquilla no se repitan.

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