En 2024, se han presentado 1310 casos de violencia contra las mujeres

En el marco del Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial, realizado en Barranquilla, la Defensoría del Pueblo presentó preocupantes datos relacionados con las violencias que siguen afectando a las mujeres en Colombia. Según las cifras presentadas, durante los primeros dos meses del 2024, la entidad registró 1310 casos de violencia contra las mujeres. De esta suman, se incluyen 59 intentos de feminicidio y nueve casos confirmados de feminicidio, con sus respectivas familias recibiendo acompañamiento por parte de la entidad.

Una de las preocupaciones destacadas es la violencia institucional, que surge como resultado de las barreras enfrentadas en la atención de la violencia basada en género. En particular, se resalta el problema del vencimiento de términos en casos de feminicidio, que conduce a la liberación de agresores antes de tiempo, incluso aquellos capturados en flagrancia.

(Lea también: Acabar el matrimonio infantil: un desafío para organizaciones, sociedad y Congreso)

La entidad explica que un desafío identificado para la atención a las mujeres es la escasa implementación de servicios de protección, como casas refugio y albergues, dejando a muchas de ellas en situación de riesgo, desprotegidas y obligadas a regresar con sus agresores. Pues solamente están funcionando 11 en todo el país. Según el monitoreo de la Defensoría, la falta de estas infraestructuras es evidente, con más del 60% de los departamentos careciendo de estrategias de atención integral.

Además, la Defensoría señaló que existe un déficit en la cantidad y calidad de las Comisarías de Familia, cuando “son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”, según expresó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

(Le puede interesar: “El derecho penal siempre llega tarde para las mujeres víctimas”: Dalila Seoane)

Por ello, la institución destacó la importancia de un enfoque de género y que existe la necesidad de compromiso de toda la institucionalidad para abordar el riesgo feminicida, lo cual implica establecer medidas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, con el fin de romper el ciclo de violencia y dependencia económica con los agresores. Sin embargo, persisten obstáculos como la desconfianza de las víctimas hacia el sistema judicial y policial, lo que desalienta la denuncia y perpetúa la impunidad, tal y como explica la entidad.

Cabe resaltar que los casos reportados por la Defensoría del Pueblo obedecen, en mayoría, a víctimas directas e indirectas que han enfrentado múltiples revictimizaciones y que buscan el acompañamiento de la entidad. Por otra parte, son organizaciones sociales y otras entidades del Estado las que registran también este tipo de violencias contra las mujeres y su grave perpetuación.

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Una de las preocupaciones destacadas es la violencia institucional, que surge como resultado de las barreras enfrentadas en la atención de la violencia basada en género. En particular, se resalta el problema del vencimiento de términos en casos de feminicidio, que conduce a la liberación de agresores antes de tiempo, incluso aquellos capturados en flagrancia.

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La entidad explica que un desafío identificado para la atención a las mujeres es la escasa implementación de servicios de protección, como casas refugio y albergues, dejando a muchas de ellas en situación de riesgo, desprotegidas y obligadas a regresar con sus agresores. Pues solamente están funcionando 11 en todo el país. Según el monitoreo de la Defensoría, la falta de estas infraestructuras es evidente, con más del 60% de los departamentos careciendo de estrategias de atención integral.

Además, la Defensoría señaló que existe un déficit en la cantidad y calidad de las Comisarías de Familia, cuando “son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”, según expresó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

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Por ello, la institución destacó la importancia de un enfoque de género y que existe la necesidad de compromiso de toda la institucionalidad para abordar el riesgo feminicida, lo cual implica establecer medidas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, con el fin de romper el ciclo de violencia y dependencia económica con los agresores. Sin embargo, persisten obstáculos como la desconfianza de las víctimas hacia el sistema judicial y policial, lo que desalienta la denuncia y perpetúa la impunidad, tal y como explica la entidad.

Cabe resaltar que los casos reportados por la Defensoría del Pueblo obedecen, en mayoría, a víctimas directas e indirectas que han enfrentado múltiples revictimizaciones y que buscan el acompañamiento de la entidad. Por otra parte, son organizaciones sociales y otras entidades del Estado las que registran también este tipo de violencias contra las mujeres y su grave perpetuación.

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