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La justicia puede tanto perpetuar una violencia como transformarla y hacer llegar un mensaje a la sociedad. Esa fue la conclusión a la que llegó un juez y un magistrado este lunes al hablar sobre por qué administrar justicia debe tener un lente que incluya el enfoque de género.
En el auditorio de la Universidad Cooperativa, diferentes engranajes que hacen parte de la Rama Judicial se reunieron para discutir sobre por qué hablar de justicia, en medio de un contexto de agresiones contra las mujeres, debe incluir el enfoque de género.
Entre los participantes estuvieron los últimos dos ganadores de un concurso que organiza la Comisión Nacional de Género y que premia a las mejores dos sentencias que, al ser proferidas, ayudaron a cerrar la brecha de género. Por un lado, Jean Paul Vásquez, magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, que logró con su sentencia cambiar un escenario de violaciones sexuales, torturas y hacinamiento que era crónica y normalizada en una pequeña cárcel de Cartagena.
Y por el otro, Mauricio Andrés Pérez, un juez administrativo de Yopal que, al recibir un caso de un feminicidio, encontró que fue el Estado el responsable de que el asesinato se consumara y, además, omitiera todos los ruegos de ayuda que hizo la mujer de 20 años antes de su muerte.
“El objetivo es trabajar en el acercamiento de la justicia a las personas, que ellas sean el centro y que se llegue a la confianza, eficacia y eficiencia de ella”, aseguró Mauricio Redondo, coordinador del programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que cabe recordar, también apoya desde hace siete años el concurso de sentencias con enfoque de género.
El poder de la justicia
Al recordar la historia de cómo lograron hacer justicia con enfoque de género, Vásquez y Pérez expusieron algunos de la secuencia de hechos desde que un episodio de violencia llegó a sus despachos y terminó convirtiéndose en una decisión histórica.
Vásquez inició mencionando que su sentencia rompió algunos estereotipos sobre lo que se entiende como enfoque de género. Su providencia judicial, en efecto, trató sobre un grupo de hombres que se encontraban en un centro de reclusión temporal en Cartagena y, al llegar, fueron agredidos sexualmente por otros reclusos hombres, privados de comida, salud y mínimos dignos de vida. Cuando el magistrado y el equipo del despacho decidieron visitar la “carceleta”, encontraron que había un hacinamiento mayor al 1000 % y que algunos de los hombres tenían que dormir en los cuartos de basuras o utilizar recipientes desechables para poder hacer sus deposiciones.
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“El enfoque de género es un deber para los jueces y magistrados. Esta sentencia no fue sino un trabajo en equipo, porque allí participaron procuradores judiciales y otros miembros del Tribunal, pero la reflexión es que se debe mantener un estándar de justicia a través de la sensibilidad hacia los humanos, y no a través de números de casos resueltos y pendientes”, aseguró Vásquez.
Pérez, por su parte, recordó el poder que tiene la justicia para hacer que una violencia, especialmente una basada en género, perpetúe la agresión o la transforme. Al estudiar el caso de feminicidio que llegó a su despacho en Yopal, el juez encontró que aunque la mujer de 20 años clamó por ayuda del Estado durante 24 meses y asistió al menos siete veces a la Fiscalía o Comisaría de Familia, nadie escuchó sus ruegos a causa de “estereotipos” y “discriminaciones”.
El togado halló que tanto la Comisaría como la Fiscalía, e incluso la Policía, fallaron en su servicio de proteger a la mujer y desatendieron su obligación de salvaguardarle la vida al ser influenciados por estereotipos de género. La mujer, por ejemplo, describió toda su situación de amenazas y violencia a los fiscales, pero ellos tipificaron mal el delito y al ser demandados, argumentaron que no esa muerte no fue su responsabilidad, pues fue la víctima la que no señaló el delito correcto.
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“Estamos hablando de una mujer joven, con una hija pequeña, campesina y sin estudios a la que le falló el servicio del Estado y en el que se vieron discriminaciones y prejuicios, como por ejemplo uno que encontré en el que los funcionarios del Estado decían: ´si no volvió a la Comisaría es porque no es persistente en el proceso´, aún sabiendo el riesgo que corría y la violencia que vivía”, explicó Pérez.
Cerrando brechas
Tanto Vásquez como Pérez fueron galardonados a finales de 2023 por promover el acceso a la justicia. El premio, otorgado por la Comisión Nacional de Género y Usaid, aplaudió que ambos, desde sus cargos como magistrado y juez, tuvieran en cuenta que el género no es únicamente un concepto que le atañe al Estado o a las políticas públicas.
Ante ese escenario, ambos reconocieron que hablar de género y de una perspectiva diferencial es una tarea de toda la sociedad, pero la justicia también tiene una gran responsabilidad allí.
“Las decisiones judiciales contribuyen a la transformación social, pero son solo un grano de arena dentro del andamiaje del Estado. Sí, la Rama Judicial tiene que ser garante de procurar el enfoque de género, pero también depende de la coordinación y colaboración armónica entre los demás actores del Estado no solo para que se materialicen las brechas, sino también para prevenirlas”, reflexionó Vásquez.
En su sentencia, el magistrado de Bolívar ordenó no solo reestablecer esos derechos que la violencia sexual y los tratos indignos habían fracturado. Además, puso un precedente en los anaqueles judiciales de Colombia para hacer entender al Estado y la sociedad que cuando se habla de agresiones sexuales y enfoque de género también se puede estar refiriendo a hombres que son violentados.
Pérez, por su parte, explicó que desde su despacho cree que una sentencia sí puede transformar una sociedad y ante todo, lograr cumplir las expectativas de aquellos que han visto sus derechos violentados a causa de las agresiones de género.
“Transformar implica ver la necesidad de un enfoque género ante una discriminación que históricamente se ha visto. El camino de transformar es el de ver decisiones judiciales que reestablecen los derechos humanos a las víctimas, imponen un castigo social a los victimarios y sobretodo desestima a futuros agresores de que esto vuelva a suceder nuevamente y decir ´esto no está bien´”, concluyó.
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