En Córdoba le apuestan a formar jóvenes para resolver conflictos en sus colegios

“Queremos que se entienda cómo el conflicto armado, que permeó durante más de 50 años el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), ha trascendido a conflictos de convivencia, especialmente en los jóvenes escolarizados”. Bajo esa consigna, Juan Camilo Cardeño Camargo, presidente de la plataforma de juventudes de ese municipio, un actor que forma parte del Comité Local de Justicia, espera que la juventud conozca las dinámicas para convertirse en mediadores y conciliadores en algunos colegios en esa zona del país. Quiere que, en el futuro, repliquen esos saberes de una forma menos técnica y simplificando la jerga jurídica, con el fin de borrar la historia violenta que ha marcado a esa región.

Esta iniciativa busca, entre otras cosas, acercar la justicia a los jóvenes desde una etapa muy temprana en la cual pueden surgir los primeros conflictos: el colegio. El proyecto denominado ‘Jóvenes gestores de cambio para la transformación de los conflictos’, impulsado por el Consejo Comunitario Afrocolombiano y de Víctimas del Conflicto en Puerto Libertador, aún se encuentra en una fase previa de estudio antes de su lanzamiento, pues espera reunir una importante cantidad de participantes. No obstante, tras reuniones con los integrantes del Comité Local de Justicia, se ha aterrizado esa idea de fomentar un espacio de formación a los jóvenes para que puedan ayudar a solucionar conflictos entre personas de su edad.

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Para Nayibis Acosta, miembro del consejo comunitario de Puerto Libertador y quien en un principio planteó esta idea en esa zona del país, la iniciativa ha sido acogida por las instituciones debido al gran impacto que genera. “Queremos dotar a los jóvenes con unas herramientas que les permitan, desde su cotidianidad, tanto en las aulas como en los entornos sociales y familiares donde se desenvuelven, resolver conflictos de cualquier tipo. Para eso se deben tener componentes de formación teórico-prácticos donde puedan entender qué es un conflicto, qué tipos existen e identificar factores de riesgo en su entorno”, explica.

De acuerdo con Cardeño, hasta el momento son aproximadamente 35 participantes de poblaciones indígenas, afro, LGBTIQ+ y discapacitadas que se han sumado a la iniciativa de formación que tendrá lugar en el colegio Germán Gómez Peláez. Esta institución, dice, no solo es una de las más grandes del municipio, también es de las más conflictivas. “Allí se han presentado un mayor número de conflictos de forma documentada”, agrega, basándose en información de la Comisaría de Familia y de la oficina municipal de educación.

Para que los estudiantes puedan convertirse en mediadores, se espera que la capacitación se haga por parte de instituciones y actores que conforman el Sistema Local de Justicia de Puerto Libertador, como sociedad civil e instituciones públicas, entre las que está la Alcaldía del municipio. “Es una prueba piloto que haremos en este colegio. Por eso preparamos un módulo principal sobre la historia del conflicto armado en Puerto Libertador para entender cómo han evolucionado esas dinámicas en nuestro municipio”, señala Cardeño.

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Pero no todo se queda en un componente histórico. En la práctica, asegura, se va a impartir un segundo módulo respecto a la resolución de conflictos desde la óptica escolar. Para que el proyecto tenga éxito, se han propuesto trabajar de la mano con las instituciones la opción de simplificar el lenguaje jurídico y observar el comportamiento de los jóvenes. “Es importante ver cómo piensan y cómo actúan para así evidenciar las principales problemáticas”.

De esta manera, los jóvenes no solamente se capacitan en términos de resolución de conflictos; además, pueden ser parte de ese ejercicio. Para que eso suceda, los estudiantes deberán conformar un comité que construya una propuesta para replicar lo aprendido. “Ese comité debe llevar una propuesta de réplica sobre lo que aprendieron durante el proceso de formación. Después, con el acompañamiento de las organizaciones sociales civiles y los capacitadores institucionales, vamos a definir una estrategia para que sea presentada y posteriormente se pueda poner en marcha”, explica Cardeño, quien también asegura que la idea es llevar los conciliadores jóvenes a zonas rurales.

Uno de los retos que se han planteado desde que el origen de la iniciativa comenzó a retumbar es que el acompañamiento a los jóvenes conciliadores no se pierda. Esto, según Cardeño, es difícil que suceda, ya que, además de la Alcaldía de Puerto Libertador, las organizaciones civiles y juveniles, que hacen parte del Comité Local de Justicia, los acompañan a las zonas donde decidan desarrollar su estrategia, lo que también impulsa a que los jóvenes no se desmotiven y “tomen otros caminos”.

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Acosta, quien también es profesora en un colegio de Puerto Libertador, asegura que esa es la principal base del programa, que en lugar de que los jóvenes repitan la historia del conflicto, sean un agente de solución. Cardeño, por su parte, precisa que el trasfondo de esta idea es tener una alternativa a través de la formación para entrar a los colegios y que los jóvenes se sientan atraídos por los procesos formativos que adelanta el municipio y que en eso puedan ocupar su tiempo libre para explotar sus liderazgos. “Queremos atacar los problemas de drogadicción y reclutamiento forzado que tanto han padecido los menores de este municipio”, añade.

A renglón seguido, Nayibis Acosta señala que esta propuesta nace para que se realice desde el ámbito educativo, más no técnico. Asegura que el principal objetivo es fomentar el diálogo para resolver conflictos y eso podría diluirse si el lenguaje es complejo para los jóvenes. “También es importante empoderarlos desde situaciones sencillas y que se den cuenta de que todos pueden aportar, no solo quienes dominan el lenguaje jurídico”, dice.

Esta es la primera prueba que enfrenta esta iniciativa. La idea para que tenga éxito, menciona Acosta, es que pueda repetirse tanto con el soporte de las instituciones para formar nuevos conciliadores, como de las organizaciones civiles que apoyen su gestión. “Nuestra esperanza recae sobre los resultados que podamos tener en esta primera experiencia y, lo más valioso, es tener continuidad para ver nacer nuevas generaciones de jóvenes en búsqueda de la justicia”, sentencia la docente.

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“Queremos que se entienda cómo el conflicto armado, que permeó durante más de 50 años el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), ha trascendido a conflictos de convivencia, especialmente en los jóvenes escolarizados”. Bajo esa consigna, Juan Camilo Cardeño Camargo, presidente de la plataforma de juventudes de ese municipio, un actor que forma parte del Comité Local de Justicia, espera que la juventud conozca las dinámicas para convertirse en mediadores y conciliadores en algunos colegios en esa zona del país. Quiere que, en el futuro, repliquen esos saberes de una forma menos técnica y simplificando la jerga jurídica, con el fin de borrar la historia violenta que ha marcado a esa región.

Esta iniciativa busca, entre otras cosas, acercar la justicia a los jóvenes desde una etapa muy temprana en la cual pueden surgir los primeros conflictos: el colegio. El proyecto denominado ‘Jóvenes gestores de cambio para la transformación de los conflictos’, impulsado por el Consejo Comunitario Afrocolombiano y de Víctimas del Conflicto en Puerto Libertador, aún se encuentra en una fase previa de estudio antes de su lanzamiento, pues espera reunir una importante cantidad de participantes. No obstante, tras reuniones con los integrantes del Comité Local de Justicia, se ha aterrizado esa idea de fomentar un espacio de formación a los jóvenes para que puedan ayudar a solucionar conflictos entre personas de su edad.

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Para Nayibis Acosta, miembro del consejo comunitario de Puerto Libertador y quien en un principio planteó esta idea en esa zona del país, la iniciativa ha sido acogida por las instituciones debido al gran impacto que genera. “Queremos dotar a los jóvenes con unas herramientas que les permitan, desde su cotidianidad, tanto en las aulas como en los entornos sociales y familiares donde se desenvuelven, resolver conflictos de cualquier tipo. Para eso se deben tener componentes de formación teórico-prácticos donde puedan entender qué es un conflicto, qué tipos existen e identificar factores de riesgo en su entorno”, explica.

De acuerdo con Cardeño, hasta el momento son aproximadamente 35 participantes de poblaciones indígenas, afro, LGBTIQ+ y discapacitadas que se han sumado a la iniciativa de formación que tendrá lugar en el colegio Germán Gómez Peláez. Esta institución, dice, no solo es una de las más grandes del municipio, también es de las más conflictivas. “Allí se han presentado un mayor número de conflictos de forma documentada”, agrega, basándose en información de la Comisaría de Familia y de la oficina municipal de educación.

Para que los estudiantes puedan convertirse en mediadores, se espera que la capacitación se haga por parte de instituciones y actores que conforman el Sistema Local de Justicia de Puerto Libertador, como sociedad civil e instituciones públicas, entre las que está la Alcaldía del municipio. “Es una prueba piloto que haremos en este colegio. Por eso preparamos un módulo principal sobre la historia del conflicto armado en Puerto Libertador para entender cómo han evolucionado esas dinámicas en nuestro municipio”, señala Cardeño.

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Pero no todo se queda en un componente histórico. En la práctica, asegura, se va a impartir un segundo módulo respecto a la resolución de conflictos desde la óptica escolar. Para que el proyecto tenga éxito, se han propuesto trabajar de la mano con las instituciones la opción de simplificar el lenguaje jurídico y observar el comportamiento de los jóvenes. “Es importante ver cómo piensan y cómo actúan para así evidenciar las principales problemáticas”.

De esta manera, los jóvenes no solamente se capacitan en términos de resolución de conflictos; además, pueden ser parte de ese ejercicio. Para que eso suceda, los estudiantes deberán conformar un comité que construya una propuesta para replicar lo aprendido. “Ese comité debe llevar una propuesta de réplica sobre lo que aprendieron durante el proceso de formación. Después, con el acompañamiento de las organizaciones sociales civiles y los capacitadores institucionales, vamos a definir una estrategia para que sea presentada y posteriormente se pueda poner en marcha”, explica Cardeño, quien también asegura que la idea es llevar los conciliadores jóvenes a zonas rurales.

Uno de los retos que se han planteado desde que el origen de la iniciativa comenzó a retumbar es que el acompañamiento a los jóvenes conciliadores no se pierda. Esto, según Cardeño, es difícil que suceda, ya que, además de la Alcaldía de Puerto Libertador, las organizaciones civiles y juveniles, que hacen parte del Comité Local de Justicia, los acompañan a las zonas donde decidan desarrollar su estrategia, lo que también impulsa a que los jóvenes no se desmotiven y “tomen otros caminos”.

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Acosta, quien también es profesora en un colegio de Puerto Libertador, asegura que esa es la principal base del programa, que en lugar de que los jóvenes repitan la historia del conflicto, sean un agente de solución. Cardeño, por su parte, precisa que el trasfondo de esta idea es tener una alternativa a través de la formación para entrar a los colegios y que los jóvenes se sientan atraídos por los procesos formativos que adelanta el municipio y que en eso puedan ocupar su tiempo libre para explotar sus liderazgos. “Queremos atacar los problemas de drogadicción y reclutamiento forzado que tanto han padecido los menores de este municipio”, añade.

A renglón seguido, Nayibis Acosta señala que esta propuesta nace para que se realice desde el ámbito educativo, más no técnico. Asegura que el principal objetivo es fomentar el diálogo para resolver conflictos y eso podría diluirse si el lenguaje es complejo para los jóvenes. “También es importante empoderarlos desde situaciones sencillas y que se den cuenta de que todos pueden aportar, no solo quienes dominan el lenguaje jurídico”, dice.

Esta es la primera prueba que enfrenta esta iniciativa. La idea para que tenga éxito, menciona Acosta, es que pueda repetirse tanto con el soporte de las instituciones para formar nuevos conciliadores, como de las organizaciones civiles que apoyen su gestión. “Nuestra esperanza recae sobre los resultados que podamos tener en esta primera experiencia y, lo más valioso, es tener continuidad para ver nacer nuevas generaciones de jóvenes en búsqueda de la justicia”, sentencia la docente.

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