En Córdoba se instaló el primer comité departamental de justicia del Caribe

En el caribe colombiano, por primera vez, se abrieron las puertas de un nuevo Comité Departamental de Justicia. El departamento de Córdoba es el primero de esa región en instalar una mesa con diferentes autoridades, con el fin de integrar la institucionalidad y las distintas formas de justicia que habitan el territorio. Durante su primera sesión, llevada a cabo en Montería, diferentes organizaciones y entidades pusieron sobre la mesa sus iniciativas para garantizar el acceso efectivo a este derecho y, además, definir herramientas para arrebatarle a los grupos armados ilegales la posibilidad de ejercer como jueces en algunos municipios.

La presencia de actores armados, principalmente en el sur de Córdoba, no es un tema menor. A finales de agosto, la Defensoría del Pueblo, mediante una alerta temprana, advirtió que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, estarían expandiéndose en el departamento. De hecho, la entidad señala que, de cara a las elecciones regionales, al menos 18 municipios (de 30 en total) estarían en alto riesgo de violencia electoral. Prueba de ello, añade la Defensoría, es el registro de un desplazamiento forzado de al menos 155 personas entre enero y julio de este año.

De ahí que la necesidad de garantizar el acceso a la justicia sea un tema, además de necesario, urgente. Es por eso que, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, la Gobernación de Córdoba citó a diferentes formas de justicia para dar a conocer una hoja de ruta y concertar en conjunto los diferentes mecanismos que el comité busca ejecutar. Desde representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas, hasta magistrados seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, conocieron a profundidad el plan de acción estratégico del comité, con el que se busca acercar la justicia a la ciudadanía.

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Entre sus acciones a futuro está realizar al menos dos jornadas de justicia móvil en el territorio, desarrollar una jornada de capacitación en justicia restaurativa, adelantar una formación a funcionarios de los Sistemas Locales de Justicia sobre violencias basadas en género e implementar un encuentro para fortalecer los conocimientos en resolución de conflictos de conciliadores y mediadores. Así mismo, el comité plantea que en al menos 26 municipios se pueda adoptar la estampilla familiar y, además, se busca implementar una acción de comunicación, sensibilización y visibilización en justicia propia, dirigido específicamente a población étnica, entre otras iniciativas.

Para Carlos Mario Franco, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, este último punto es un tema crucial para que la población afro tenga participación activa en el desarrollo de las actividades del comité. Para él, el reconocimiento de la justicia ancestral afro es de vital importancia pues, dice, es algo que se ha perdido y que se busca recuperar. “Hubo un deterioro de nuestras formas ancestrales de hacer justicia porque la gente prefiere, a veces, tomar la forma de justicia más rápida, que normalmente es la vía ilegal”.

No obstante, Franco, remitiéndose a la historia, explica así a El Espectador porque la articulación de la justicia propia y la ordinaria es imperativa como un asunto del comité, pues la segunda, señala, ha desconocido a la primera: “En comunidades palenqueras como en San José de Uré todavía se conserva la justicia ancestral, por ejemplo, para solucionar problemas ligados a límites de tierras y agresiones entre personas. Entonces, nosotros en este momento necesitamos que, de parte de la justicia ordinaria, haya un reconocimiento sobre nuestros propios mecanismos de justicia y se creen tribunales que funcionen de manera permanente”.

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Y aunque son varios los retos expuestos por Franco, también evidencia algunos avances. De hecho, la instalación del comité es para él una buena oportunidad que no se tenía hace más de 30 años tras la creación de la Ley 70 de 1993 (que tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras en Colombia como grupo étnicos, entre otros puntos), sumado a que, desde su experiencia, ha visto que últimamente los “funcionarios de despacho y secretarios están más disponibles, más dispuestos a escuchar y a reunirse con las comunidades”.

Pero el reconocimiento de la justicia propia no solo es un asunto que compete a las poblaciones afro. Gabriel Arturo Domicó, gobernador mayor del resguardo indígena Embera Katio Dochama de San José de Uré, con micrófono en mano, se preguntó por qué el comité reconoce a “justicias especiales”, más no a la jurisdicción especial indígena como tal. En entrevista con este diario, Domicó fue enfático en señalar que el término “justicias especiales” puede significar una confusión con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Asegura, además, que incluirlos como jurisdicción especial indígena es parte del reconocimiento que merecen.

“Para eso estamos aquí en el comité departamental, para aclarar esos detalles, pues hasta ahora estamos comenzando. Sabemos que la justicia ordinaria desconoce mucho el tema de justicia especial indígena en Córdoba, pero también sabemos que hay entidades que trabajan porque esa articulación pueda darse y nuestra justicia propia pueda ser reconocida”, añade Domicó.

El fortalecimiento de las autoridades judiciales es también otro asunto prioritario para quienes integran esta nueva instancia. Esteban Ramírez, abogado y miembro del colectivo Montelíbano Afirmativa, señala que la violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres está desbordada en los municipios del sur de Córdoba, por lo que, en su concepto, el comité puede ser una oportunidad para plantear la posibilidad de otorgar más presupuesto a las entidades que investigan casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar, como las comisarías de familia. “Todavía falta más institucionalidad y esto se ve claro en que siguen los casos de violencia”.

¿Qué dicen la Rama Judicial y el gobierno local?

“En nuestro departamento hubo una negación de justicia”. Bajo esa consigna inició su intervención Jairo Baquero Puentes, secretario del interior y participación ciudadana de la Gobernación de Córdoba. Baquero, excomandante de la Policía de Córdoba, aseguró frente a los asistentes que la intención del comité es implementar una alternativa para “cambiar la historia” pues se busca que “el Estado llegue con el factor justicia a todos los rincones del territorio para tener una sociedad mejor”. Así, el secretario dejó claro que uno de los objetivos principales de sentar a representantes afro, indígenas, LGBTIQ+, mujeres, entes de control, conciliadores, mediadores, entre otros, es que la justicia vuelva a ser impartida desde sus respectivos ejercicios.

“Este espacio busca generar unas mesas temáticas que respondan a esas necesidades de la población y lógicamente el departamento de la mano de las demás instituciones que aportamos justicia en este país, pues, de alguna manera, podremos ayudar a que esa brecha de insatisfacción sea cerrada. Cuando uno pretende que el Estado llegue a todo el territorio del departamento tiene que pensar, inicialmente, en garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, pero, una vez garantizadas estas condiciones, el Estado tiene que hacer presencia en sus diferentes sectores: salud, educación, vivienda y demás”, le dijo a este diario.

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Desde la Rama Judicial, por otra parte, aseguran que la mejor forma de que el comité pueda funcionar en el tiempo es hacer un seguimiento constante, más aún cuando próximamente el departamento tendrá nuevos gobernantes. Para Isamary Marrugo Díaz, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, después de las elecciones del 29 de octubre, será fundamental concertar espacios de diálogo con los entes territoriales “para saber qué esperan ellos de nosotros como servicio de administración de justicia”. “Tenemos todos que conocer el decreto de creación del comité para cumplir metas y establecer indicadores”.

Y añade: “Otro reto que considero fundamental es tener conciencia de la importancia de que no es un decreto más, que no es un letra muerta, sino que todo lo que dirijamos los entes que formamos parte del decreto y las comunidades que allí se vean representadas conozcamos para qué es el decreto, lo leamos, sepamos cuál es su funcionamiento. Bajo esa idea, lo siguiente es aprobar el reglamento, que es el nuevo reto que viene para la próxima reunión. Deben socializarlo todos los miembros y, así, conociendo el reglamento, quedan establecidas las próximas reuniones y la operatividad del comité”.

Así las cosas, Córdoba se convierte en el primer departamento de la Región Caribe en crear un comité departamental de justicia. De la mano del programa Justicia Inclusiva de Usaid, los miembros de esta instancia se verán nuevamente las caras durante la primera semana de octubre con el fin de definir un reglamento, conocer nuevos avances y escuchar las propuestas de sus miembros.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

En el caribe colombiano, por primera vez, se abrieron las puertas de un nuevo Comité Departamental de Justicia. El departamento de Córdoba es el primero de esa región en instalar una mesa con diferentes autoridades, con el fin de integrar la institucionalidad y las distintas formas de justicia que habitan el territorio. Durante su primera sesión, llevada a cabo en Montería, diferentes organizaciones y entidades pusieron sobre la mesa sus iniciativas para garantizar el acceso efectivo a este derecho y, además, definir herramientas para arrebatarle a los grupos armados ilegales la posibilidad de ejercer como jueces en algunos municipios.

La presencia de actores armados, principalmente en el sur de Córdoba, no es un tema menor. A finales de agosto, la Defensoría del Pueblo, mediante una alerta temprana, advirtió que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, estarían expandiéndose en el departamento. De hecho, la entidad señala que, de cara a las elecciones regionales, al menos 18 municipios (de 30 en total) estarían en alto riesgo de violencia electoral. Prueba de ello, añade la Defensoría, es el registro de un desplazamiento forzado de al menos 155 personas entre enero y julio de este año.

De ahí que la necesidad de garantizar el acceso a la justicia sea un tema, además de necesario, urgente. Es por eso que, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, la Gobernación de Córdoba citó a diferentes formas de justicia para dar a conocer una hoja de ruta y concertar en conjunto los diferentes mecanismos que el comité busca ejecutar. Desde representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas, hasta magistrados seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, conocieron a profundidad el plan de acción estratégico del comité, con el que se busca acercar la justicia a la ciudadanía.

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Entre sus acciones a futuro está realizar al menos dos jornadas de justicia móvil en el territorio, desarrollar una jornada de capacitación en justicia restaurativa, adelantar una formación a funcionarios de los Sistemas Locales de Justicia sobre violencias basadas en género e implementar un encuentro para fortalecer los conocimientos en resolución de conflictos de conciliadores y mediadores. Así mismo, el comité plantea que en al menos 26 municipios se pueda adoptar la estampilla familiar y, además, se busca implementar una acción de comunicación, sensibilización y visibilización en justicia propia, dirigido específicamente a población étnica, entre otras iniciativas.

Para Carlos Mario Franco, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, este último punto es un tema crucial para que la población afro tenga participación activa en el desarrollo de las actividades del comité. Para él, el reconocimiento de la justicia ancestral afro es de vital importancia pues, dice, es algo que se ha perdido y que se busca recuperar. “Hubo un deterioro de nuestras formas ancestrales de hacer justicia porque la gente prefiere, a veces, tomar la forma de justicia más rápida, que normalmente es la vía ilegal”.

No obstante, Franco, remitiéndose a la historia, explica así a El Espectador porque la articulación de la justicia propia y la ordinaria es imperativa como un asunto del comité, pues la segunda, señala, ha desconocido a la primera: “En comunidades palenqueras como en San José de Uré todavía se conserva la justicia ancestral, por ejemplo, para solucionar problemas ligados a límites de tierras y agresiones entre personas. Entonces, nosotros en este momento necesitamos que, de parte de la justicia ordinaria, haya un reconocimiento sobre nuestros propios mecanismos de justicia y se creen tribunales que funcionen de manera permanente”.

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Y aunque son varios los retos expuestos por Franco, también evidencia algunos avances. De hecho, la instalación del comité es para él una buena oportunidad que no se tenía hace más de 30 años tras la creación de la Ley 70 de 1993 (que tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras en Colombia como grupo étnicos, entre otros puntos), sumado a que, desde su experiencia, ha visto que últimamente los “funcionarios de despacho y secretarios están más disponibles, más dispuestos a escuchar y a reunirse con las comunidades”.

Pero el reconocimiento de la justicia propia no solo es un asunto que compete a las poblaciones afro. Gabriel Arturo Domicó, gobernador mayor del resguardo indígena Embera Katio Dochama de San José de Uré, con micrófono en mano, se preguntó por qué el comité reconoce a “justicias especiales”, más no a la jurisdicción especial indígena como tal. En entrevista con este diario, Domicó fue enfático en señalar que el término “justicias especiales” puede significar una confusión con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Asegura, además, que incluirlos como jurisdicción especial indígena es parte del reconocimiento que merecen.

“Para eso estamos aquí en el comité departamental, para aclarar esos detalles, pues hasta ahora estamos comenzando. Sabemos que la justicia ordinaria desconoce mucho el tema de justicia especial indígena en Córdoba, pero también sabemos que hay entidades que trabajan porque esa articulación pueda darse y nuestra justicia propia pueda ser reconocida”, añade Domicó.

El fortalecimiento de las autoridades judiciales es también otro asunto prioritario para quienes integran esta nueva instancia. Esteban Ramírez, abogado y miembro del colectivo Montelíbano Afirmativa, señala que la violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres está desbordada en los municipios del sur de Córdoba, por lo que, en su concepto, el comité puede ser una oportunidad para plantear la posibilidad de otorgar más presupuesto a las entidades que investigan casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar, como las comisarías de familia. “Todavía falta más institucionalidad y esto se ve claro en que siguen los casos de violencia”.

¿Qué dicen la Rama Judicial y el gobierno local?

“En nuestro departamento hubo una negación de justicia”. Bajo esa consigna inició su intervención Jairo Baquero Puentes, secretario del interior y participación ciudadana de la Gobernación de Córdoba. Baquero, excomandante de la Policía de Córdoba, aseguró frente a los asistentes que la intención del comité es implementar una alternativa para “cambiar la historia” pues se busca que “el Estado llegue con el factor justicia a todos los rincones del territorio para tener una sociedad mejor”. Así, el secretario dejó claro que uno de los objetivos principales de sentar a representantes afro, indígenas, LGBTIQ+, mujeres, entes de control, conciliadores, mediadores, entre otros, es que la justicia vuelva a ser impartida desde sus respectivos ejercicios.

“Este espacio busca generar unas mesas temáticas que respondan a esas necesidades de la población y lógicamente el departamento de la mano de las demás instituciones que aportamos justicia en este país, pues, de alguna manera, podremos ayudar a que esa brecha de insatisfacción sea cerrada. Cuando uno pretende que el Estado llegue a todo el territorio del departamento tiene que pensar, inicialmente, en garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, pero, una vez garantizadas estas condiciones, el Estado tiene que hacer presencia en sus diferentes sectores: salud, educación, vivienda y demás”, le dijo a este diario.

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Desde la Rama Judicial, por otra parte, aseguran que la mejor forma de que el comité pueda funcionar en el tiempo es hacer un seguimiento constante, más aún cuando próximamente el departamento tendrá nuevos gobernantes. Para Isamary Marrugo Díaz, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, después de las elecciones del 29 de octubre, será fundamental concertar espacios de diálogo con los entes territoriales “para saber qué esperan ellos de nosotros como servicio de administración de justicia”. “Tenemos todos que conocer el decreto de creación del comité para cumplir metas y establecer indicadores”.

Y añade: “Otro reto que considero fundamental es tener conciencia de la importancia de que no es un decreto más, que no es un letra muerta, sino que todo lo que dirijamos los entes que formamos parte del decreto y las comunidades que allí se vean representadas conozcamos para qué es el decreto, lo leamos, sepamos cuál es su funcionamiento. Bajo esa idea, lo siguiente es aprobar el reglamento, que es el nuevo reto que viene para la próxima reunión. Deben socializarlo todos los miembros y, así, conociendo el reglamento, quedan establecidas las próximas reuniones y la operatividad del comité”.

Así las cosas, Córdoba se convierte en el primer departamento de la Región Caribe en crear un comité departamental de justicia. De la mano del programa Justicia Inclusiva de Usaid, los miembros de esta instancia se verán nuevamente las caras durante la primera semana de octubre con el fin de definir un reglamento, conocer nuevos avances y escuchar las propuestas de sus miembros.

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