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Por primera vez en la historia, un actor de la sociedad civil está a la cabeza de un Comité Departamental de Justicia. Esta tarea, que antes le fue encargada a miembros de instituciones, recae sobre Gerardo Castrillón Paz, más conocido como ‘El Capi’, un líder social que ha trabajado de la mano de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en el departamento, hasta el punto de también convertirse en presidente de la federación que las agrupa. Al llegar a la mesa del comité encontró varios escenarios, entre ellos el auge de la violencia en las zonas rurales y la necesidad de recuperar algo que se ha estado perdiendo en los últimos meses: la justicia.
En su gestión, la cual empezó apenas este año, son muchos los desafíos que ve por delante, sobre todo después de escuchar a los representantes de los municipios del Cauca. Es que, durante una reunión del comité, organizada por la Gobernación del Cauca, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, fueron ellos quienes pusieron sobre la mesa el panorama que enfrentan y cómo la justicia se ha ido desvaneciendo, hasta el punto de pasar nuevamente a manos de actores armados. Pero Castrillón le dijo a este diario que no es escéptico sobre el espacio, porque para superar esa situación le parece fundamental fortalecer el acceso a la justicia.
El departamento está bajo amenaza. Por ejemplo, esta semana fue destruida con un cilindro bomba la escuela donde estudió la vicepresidenta Francia Márquez en Suárez. Desde allí, Márquez anunció un plan especial de seguridad para su municipio natal. También esta semana, al sur de Popayán, en Argelia, hubo enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército que dejaron un soldado muerto y 12 personas más muertas, presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño. Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido 31 alertas tempranas por la violencia en el Cauca. Cinco de ellas fueron emitidas en lo que va de este año, por la agudización del conflicto armado que pone en riesgo a la población civil.
En ese contexto, una de las tareas que se ha puesto el comité departamental es recuperar la confianza de la ciudadanía. Por eso cuenta con la participación de representantes de comunidades afro e indígenas, quienes también buscan que sus dinámicas de justicia sean reconocidas y, en algunos casos, que pueda darse una articulación con la justicia ordinaria. No obstante, el camino ya se ha pavimentado para que la justicia, en todas sus formas, vuelva a todos los rincones del Cauca. “Estos comités son realmente importantes para hallar la ruta del camino a la justicia y la verdad. Si los organismos comunitarios mixtos crecen, podemos llegar a la pacificación del departamento”, precisó ‘El Capi’.
Es por eso que en varios municipios se han adelantado acciones que buscan el resurgir de la justicia, las cuales, gracias al apoyo de la cooperación internacional y el compromiso del liderazgo social, así como de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones, han llegado a que los conflictos que más preocupan a la población encuentren soluciones efectivas. Además, mediante encuentros y diálogo, se ha abierto la puerta para que la justicia especial indígena y la ordinaria puedan convivir, al tiempo que la justicia propia afro se instaura en los Consejos Comunitarios para funcionar libremente.
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La conciliación en equidad, un punto de partida
Judith Serna y Rosana Palomino son dos nombres que puede que muchos habitantes de Santander de Quilichao reconozcan rápidamente. Los rostros de ambas mujeres se han vuelto reconocidos, porque ejercen conciliación en equidad. En diálogo con El Espectador, las conciliadoras, a mucho orgullo, aseguraron que es usual que las partes de un proceso de conciliación las busquen, pues esperan que alguna de ellas sea quien se siente a mediar en sus problemas cotidianos. De hecho, fue la misma comunidad la que postuló sus nombres para que pudieran ejercer esta función, por lo que se capacitaron en ello con el Ministerio de Justicia.
Linderos, deudas, problemas de pareja, líos familiares y arriendos son solo algunas problemáticas de un extenso repertorio de conflictos que llegan a los despachos de las conciliadoras. Su objetivo es llegar a la raíz del problema, arrancarla y no dejar que se propague. Es decir, que un problema no trascienda a la violencia. Aunque les ha costado sudor y lágrimas, aseguran que la figura de conciliadoras en equidad ha tenido una gran acogida en Santander de Quilichao, no solo por el éxito en los procesos, sino porque se ha dado visibilidad a sus labores mediante jornadas de conciliación o “conciliatones”.
“Hemos logrado sacar hasta 60 conciliaciones en un día durante las jornadas. En Santander de Quilichao hay demasiados conflictos y es nuestra labor ayudar en los procesos”, señaló Palomino, a la vez que dejó claro que sus funciones están enmarcadas en el desarrollo de un tema crucial: la paz. “Estamos en un país que habla constantemente sobre paz; tenemos que hacer algo para ayudar a construirla”, agregó. Para ellas, el hecho de que la comunidad pueda escoger a sus conciliadores ya es materializar la confianza en la justicia, pues, hace unos años, asistir a una casa de justicia no era siquiera una opción viable para solucionar conflictos.
La figura de las conciliadoras en equidad no solamente responde a una necesidad de la población cuando se habla de acceso a la justicia, también es una victoria para las mujeres, pues es común que, debido al machismo, las responsables de fortalecer el sistema judicial sean ignoradas o algunas de las partes pasen por alto su gestión en el proceso. Para ellas, este es uno de los grandes reconocimientos a su labor y, a su vez, esperan que cada vez más mujeres se sumen a los procesos. Palomino, por ejemplo, le contó a este medio que en el municipio hay jornadas de capacitación para iniciar un camino en la conciliación y está orientada, principalmente, hacia las mujeres.
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Otras formas de justicia
El ejercicio y reconocimiento de la justicia propia también es uno de los temas principales de la agenda durante los comités que discuten el acceso a ese derecho. Líderes y lideresas del Norte del Cauca, tanto afro como indígenas, han pedido, durante años, que sus dinámicas para impartir justicia sean respetadas y reconocidas. Por el lado de la jurisdicción indígena, pese a estar reconocida en la Constitución de 1991 como un mecanismo autónomo que permite que los pueblos étnicos del país tomen sus propias decisiones en materia de justicia, basados en los principios de armonización y espiritualidad, aún tiene varios cuellos de botella por atravesar.
Para Edwin Mauricio Capaz Lectamo, líder indígena del Consejo Regional Indigena del Cauca (Cric), actualmente se han abierto caminos de articulación y comunicación entre la justicia indígena y la ordinaria, luego de que, por décadas, estas vías estuvieran cerradas, principalmente, por decisiones de tribunales judiciales. “Hubo un momento en que todas las potestades que le dio la Constitución Política a los pueblos indígenas fueron negadas”, añadió. Estos obstáculos, señala, se han puesto por igual desde las instituciones hasta los grupos armados ilegales, quienes, a día de hoy, siguen amenazando y hostigando a líderes indígenas.
A renglón seguido, Jairo Ucca Muñoz, abogado de raíces nasa, con experiencia en la rama judicial y una extensa trayectoria estudiando el derecho propio (sobre las normas indígenas) señaló que es de vital importancia para ese reconocimiento que los funcionarios judiciales entiendan que existen otras formas de justicia y que, de acuerdo con la carta magna, eso se debe reconocer. Para él, la principal piedra en el camino es que los funcionarios no se capaciten en estos temas e ignoren que la jurisdicción especial indígena también tiene un objetivo: la reparación, algo que dista del modelo occidental que funciona bajo el castigo y las condenas.
Entretanto, al norte del departamento hay otra lucha que cada vez coge más fuerza: la de la justicia ancestral afro. A través del diálogo con funcionarios judiciales, acciones de litigio y movilización, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), que agrupa a 43 territorios colectivos de los pueblos negros, busca el reconocimiento formal de su justicia propia. “La idea es que entre la justicia ancestral y la ordinaria debe haber coordinación y cooperación armónica para que coexistan en el territorio y efectivamente garantizar a la población acceso a la justicia”, le dijo a este diario Adelmo Carabalí, líder la organización.
En el departamento cuentan que los mayores de los pueblos afros han impartido justicia “desde siempre”, pero de manera oral, partiendo de reglas comunes que generalmente no están escritas. Así que, en los últimos años, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, Aconc se ha puesto a la tarea de sistematizar los casos que tratan, a recopilar la información de cómo se imparte justicia a diario en sus territorios, y a prepararse internamente para estar más capacitados a la hora de resolver las tensiones. “En la medida en que la justicia ancestral pueda aplicarse de manera pronta, hace una contribución enorme a la paz de este país”, añadió Carabalí.
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La mediación como una opción
En Jambaló, un municipio ubicado a más de 80 kilómetros de Popayán, la capital del departamento del Cauca, cerca de 18.000 habitantes, que son un 100% indígenas, viven actualmente un panorama desolador cuando deciden acudir a los servicios de justicia. La Fiscalía, dicen en el municipio, no ha hecho presencia de forma efectiva en el territorio, dejando a los jambalueños a merced de quien llegue a impartir ese derecho. Pero no se han quedado ahí. Con el paso del tiempo, la justicia ha tocado las puertas del municipio con diferentes mecanismos. Uno de ellos es la mediación, que se ha convertido en un proceso exitoso, liderado principalmente por mujeres.
En entrevista con este diario, Jhon Fernández, personero de Jambaló, aseguró que es esa institución la encargada de llevar las denuncias que hace la ciudadanía hasta Silvia, un municipio a casi 70 minutos en carro, donde la Fiscalía sí tiene presencia, y recibe los procesos de las zonas aledañas. “Esto significa un retroceso porque hay casos que son de urgencia inmediata, como las amenazas de los líderes, y se demoran en ser tratados”, añadió. Esto ha causado, explica, que se deban diseñar estrategias para trabajar con los mediadores comunitarios para dar soluciones apremiantes a la mayoría de conflictividades.
Su labor actualmente es reconocida. Más allá de mediar los problemas que pueden presentarse de carácter cotidiano, como conflictos entre vecinos o peleas, los mediadores de Jambaló han vivido de primera mano las incursiones armadas de estructuras ilegales, por lo que se han vuelto expertos en, incluso, llegar a acuerdos con esos grupos. Pese a su esfuerzo, algunos de los que adelantan estas tareas han caído en medio de las balas. Es el caso de William Vargas, quien murió el pasado 3 de mayo cuando mediaba un conflicto entre armados y disidentes del frente Dagoberto Ramos, le dispararon, según cuenta su compañero, y también mediador, Jair Escué.
De acuerdo con el testimonio de Escué, los mediadores, algunos de ellos pertenecientes a la guardia indígena ‘Kiwe Thengas’, fueron quienes llegaron a la ruta vereda Los Robles, en la vía hacia Timbio, donde se encontraron con un enfrentamiento cerca a un colegio, por lo que entraron a dialogar con el fin de llegar a un acuerdo. Pese a que los mediadores de Jambaló priorizan la solución de conflictos en su municipio, también atienden llamados de otras zonas cercanas, sobre todo si los afectados pertenecen a las comunidades indígenas de las que también son parte.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo la justicia busca entrar nuevamente al departamento. Mediante el reconocimiento de diferentes formas de ese derecho y opciones como la conciliación y la mediación, la sociedad civil espera tener una participación en la aplicación de la justicia. Para que, cada vez más, actores de la sociedad civil, como Gerardo Castrillón Paz, puedan alzar su voz en comités de justicia con el fin de que sea su segundo apellido lo que llegue a todos los rincones del Cauca.
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