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En los últimos días, el departamento del Cauca ha visto cómo la violencia azota sus municipios. Una prueba de ello es el reciente homicidio del firmante de paz, David Ul Rivera, en el municipio de Toribío, un hecho que refuerza los datos de Indepaz, que reseñan que el departamento registra la cifra más alta de homicidios de excombatientes. El recrudecimiento de la violencia en este territorio es uno de los principales llamados de alerta de alcaldes, secretarios de gobierno y organizaciones sociales civiles, quienes durante un Comité Departamental de Justicia, realizado en Popayán, dejaron sobre la mesa sus preocupaciones sobre cómo estos hechos afectan el acceso a la justicia.
El encuentro, realizado por la Gobernación del Cauca, contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid e integró a diferentes alcaldes y secretarios de gobierno municipales. Como objetivo, el comité se propuso identificar los caminos para ampliar la oferta de acceso a la justicia, teniendo en cuenta que este funciona como un puente entre el nivel municipal y el Estado. De ahí que la principal preocupación de los gobernantes sea que por ese puente no pueda pasar la justicia, por causa de la violencia. De acuerdo con la gobernación, este órgano tiene una rotación en su presidencia y, en este momento, a la cabeza se encuentra el presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Cauca, Gerardo Castrillón Paz.
Haciendo honor a su segundo apellido, Castrillón Paz ve con buenos ojos estos espacios, pues es precisamente la paz lo que por años llevan reclamando en ese departamento. De hecho, es la primera vez que un actor de la sociedad civil preside este comité en el Cauca. “Cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se esperaba que los insurgentes que impartían justicia en algunos territorios salieran de ahí para que pudiera entrar el Estado a ejercer esa labor, algo que desafortunadamente no pasó, porque esos territorios fueron ocupados nuevamente por estructuras ilegales. Estamos padeciendo ese fenómeno de la violencia”, señaló el líder a este diario.
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Para él, lo que se esperaba (y lo que aún se espera durante estos encuentros) es que las organizaciones comunitarias, como las Juntas de Acción Comunal, mediante sus comisiones de convivencia y conciliación, así como los consejos comunitarios y representantes de la jurisdicción indígena, puedan retomar el liderazgo para impartir justicia. “Estos comités son realmente importantes para hallar la ruta del camino a la paz, la justicia y la verdad, más aún en un contexto donde se habla de ‘Paz Total’. Si los organismos comunitarios mixtos crecen, podemos llegar a la pacificación del departamento”, agregó.
Una funcionaria de Toribío, quien pidió reservar su identidad, reforzó las declaraciones de Castrillón, y solicitó ante el comité que se revisen las condiciones de seguridad debido al auge de la violencia. Para ella, en los municipios distantes del Cauca es compleja la presencia institucional, algo que se ha convertido en un llamado de la población sobre la debilidad del acceso a la justicia. “Es lamentable que en algunas situaciones, como las deudas entre unos y otros, por ejemplo, por falta de mediadores o conciliadores, estos casos lleguen a manos de actores armados que no tienen otra solución que amedrentar y asesinar”, dijo.
De acuerdo con la funcionaria, la justicia en Toribío es vulnerada, y un claro ejemplo es el graffiti que ahora acompaña a la casa de justicia: una pintada del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Así mismo, cuestiona la ausencia de garantías, pues si no existen para que las instituciones hagan presencia en el municipio, menos para la comunidad. “Se siguen presentando homicidios, pero desde los gobiernos locales es algo que se sale de las manos. El llamado es a unirnos y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, que nos lleven a garantizar los derechos fundamentales de la población”, añadió.
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Lo preocupante, tanto para gobernantes como para otros líderes del territorio, es que estas acciones violentas se dan al alza en un contexto de diálogo. Es que, apenas el sábado 8 de julio, el Estado Mayor Central anunció mediante un comunicado la reapertura de los diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se habían diluido tras el asesinato de cuatro menores de edad indígenas. Aunque la misiva de las disidencias señala que durante la instalación de la mesa se discutirá el cese al fuego bilateral, la sola presencia de este grupo ha generado preocupación en la comunidad y una barrera para acceder al derecho a la justicia.
Un informe de Indepaz sobre el incumplimiento de acciones al cese al fuego y hostilidades, además de señalar que el Cauca es el departamento con mayores índices de afectación, deja ver que el frente Dagoberto Ramos es el que más veces ha generado ataques contra la población. Al menos en 21 oportunidades, siendo enero el mes más álgido con seis incumplimientos al cese al fuego.
Pese a estos números, Castrillón es positivo respecto a la construcción de paz y asegura que, para alcanzarla en el Cauca, “no hay que ser escéptico”. “Muchas veces los esfuerzos para llevar la paz a los territorios parecen insuficientes, tal vez por el tamaño del problema de la violencia. Sin embargo, hay que valorar la labor de las casas de justicia, conciliadores, mediadores y las Juntas de Acción Comunal, que tienen precisamente como finalidad llegar a la paz a través de una construcción de justicia”, apuntó.
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La presencia de actores armados también tiene en vilo a las mujeres en el Cauca, según explicó la Secretaría de la Mujer del departamento, pues es común que quienes son víctimas de violencias basadas en género o intrafamiliar, no puedan llegar a las casas de justicia por temor a represalias. Según una funcionaria de la entidad, una de las tareas de la Secretaría es brindar atención psicosocial a las mujeres víctimas, algo que se está dejando de hacer, pues las denunciantes siguen confinadas por los actores armados, incluso conviviendo con sus agresores. Algunas de ellas, además, han sido víctimas del conflicto armado en el pasado.
A todo esto se suma otro agravante: la débil estructuración de las direcciones seccionales de la Fiscalía. A esa conclusión llegó Marino Grueso Obregón, alcalde de Guapi, quien señaló que, además del auge de la violencia, el fiscal seccional de ese municipio está dejando a un lado los procesos, por lo que las capturas terminan quedando en saco roto y quienes son capturados por delitos menores, salen libres por vencimiento de términos. Para él, se trata de que no hay una operación efectiva de las instituciones, lo que deja en una posición complicada a la población.
De hecho, dice que el fiscal es trasladado a Timbiquí con frecuencia, dejando desatendidos los casos de su municipio. No obstante, este problema ha estado bajo la voz de varios funcionarios de ese municipio del suroccidente del Cauca desde el 2021, quienes han denunciado un déficit de personal, además de varias amenazas de grupos armados que obstaculizan sus investigaciones. De hecho, en ese año, el fiscal seccional de Guapi ejerció como coordinador en los municipios de Timbiquí y López de Micay, en la Costa Pacífica, atendiendo por su cuenta más de 1.300 casos.
Así, mientras las disidencias de las Farc ejercen un dominio, nuevamente, en municipios del Cauca, organizaciones civiles solicitan que se dicten las medidas de seguridad para cuidar sus vidas y se despejen los caminos para que puedan acceder a la justicia.
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