Este viernes se celebra un año más del Día Internacional de la Niña, una fecha que pone en el centro del debate qué avances se han logrado para proteger los derechos de las menores de edad. Pero también es un espacio para que los Estados, colectivos y sociedades salden las cuentas en rojo que vulneran los derechos de las niñas.
A propósito de esta fecha, ONG de derechos humanos y reproductivos se unieron para exigir que el matrimonio infantil, una violencia legal que existe desde hace casi medio siglo en Colombia, sea prohibido por el Congreso.
Su llamado llega en un momento de incertidumbre, pues el Legislativo ha tratado nueve veces prohibir esta unión marital, pero en ningún intento ha tenido éxito. Tanto así que organizaciones como Valientes o Profamilia, ambas dedicadas a la salud infantil y sexual, aseguran que desde 2007 el Congreso tiene esta deuda pendiente con los niños del país.
Incluso, organizaciones internacionales han condenado que el matrimonio infantil siga siendo avalado en Colombia. UNICEF, por ejemplo, ha reseñado que las niñas en Colombia que se enfrentan al matrimonio se enfrentan a “un riesgo para la vida, salud, y perspectivas futuras”.
“Llevamos 151 años desde que existen las normas que permiten el matrimonio infantil. No podemos quedarnos en silencio cuando siete de cada 10 niñas se casan a temprana edad. El llamado y la exigencia es a no dejar escapar esta oportunidad”, explicó a este diario Martha Royo, directora de Profamilia.
Tarea contrareloj
Solo falta un debate para que el Congreso de la República cumpla los pedidos de justicia de al menos una docena de organizaciones a favor de los niños. Durante todo el año, el proyecto de Ley 155 de 2023 ha surtido tres de los cuatro debates necesarios para convertirse en realidad. Su paso por los escalones necesarios que una iniciativa requiere para convertirse en Ley ha sido, virtualmente, rápido, pues hay otros proyectos que duran semestres enteros sin discutirse y a final de cuentas, se archivan o se desestiman.
Aún falta el debate más importante: la plenaria del Senado, que en otras palabras significa que la mayoría de los integrantes de la cámara alta del Congreso deben discutir, examinar y aprobar el proyecto para terminar la violencia contra los niños.
Allí es donde está el reto real. En el tercer debate, por ejemplo, la votación de prohibir, o no, el matrimonio infantil, tuvo que ser pospuesta por semanas porque los senadores de la Comisión Primera del Senado no se pusieron de acuerdo y a final de cuentas presentaron reparos al proyecto.
Desde Profamilia alertan que ese proyecto debe cursar su cuarto y último debate antes de terminar 2024; de lo contrario, el proyecto correría el riesgo de hacer parte de la cadena de errores y demoras que en el pasado impidió que se prohibiera el matrimonio infantil.
Pero desde Valientes, que ya cumple décadas en la protección de los derechos de los niños, prohibir el matrimonio no solo implica una tarea legislativa ni legal. Marentes, su directora, aseguró a El Espectador que la unión marital entre una niña y un adulto, en promedio siete u ocho años mayor, forma una bola de nieve de consecuencias para estos menores.
De acuerdo con cifras de la OCDE, Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles con más de medio millón de nacimientos. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.
Este panorama, además de preocupar a organizaciones de la sociedad civil, también es un punto crucial para los ponentes del proyecto de ley. “Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo adolescente tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, explica la ponencia.
Otra consecuencia, que en muchas ocasiones se pasa por alto, es la salud mental. La Alianza por la Niñez asegura que el matrimonio infantil puede generar depresión y ansiedad en las menores de edad, mientras que el Ministerio de Salud ha argumentado que también existen registros de suicidios y autolesiones a causa de estas uniones.
Que cese esta violencia, la cual está avalada por el Código Civil y permitida por la sociedad, depende del Congreso, que hasta decidió priorizar la votación de un proyecto de ley que reconoce al territorio de Armero y al Volcán Nevado del Ruiz como patrimonio cultural de la nación. Mientras este proyecto avanza en el Senado, otras iniciativas que buscan proteger los derechos fundamentales de la infancia, como la erradicación del matrimonio infantil, continúan esperando en la agenda.
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