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Ocho asesinatos de mujeres transgénero han ocurrido en menos de un mes en Colombia. Así lo confirma Valeria Bonilla, una activista que, el viernes 26 de abril, decidió hacer un plantón en frente de la Fiscalía junto a otras personas de la población LGBTIQ+, para exigir justicia ante la ola de “homicidios sistemáticos que viene azotando a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual”.
Los primeros casos se dieron en Cali, Luisa Mome fue encontrada sin vida el 28 de febrero; Paulina Smith, el 29 de febrero; y Macarena y Sharon Muñoz, ambas el 21 de abril; ese mismo domingo, pero en Pasto, encontraron a Valentina Barrera y en Bogotá a Verónica Dantez. Un día antes del plantón, también apareció sin vida Luciana Román. Todas eran trabajadoras sexuales y fueron encontradas en distintos moteles con signos de violencia.
La coyuntura motivó a Valeria a hacer un plantón frente a la Fiscalía, para que se tomen medidas y se garantice la protección a la población con identidad de género diversa. “Nos están matando y el Estado no hace nada, ejercemos el trabajo sexual porque es la única alternativa para sobrevivir, pero las instituciones no nos garantizan una vida digna y la única opción es cuidarnos entre nosotras mismas”, dijo Valeria, a este diario.
Por su parte, la Fiscalía a través de sus redes dijo: “Lamentamos estos actos de crueldad y se reafirma el compromiso en la investigación de los casos de violencia por prejuicio, así como su deber de judicialización de las afectaciones en contra de personas LGBTIQ+”. Sin embargo, para Valeria estos comunicados son una labor mínima ante la situación de riesgo que están enfrentando las mujeres trans en Colombia.
La activista recalca que una de las mayores barreras ha sido la falta de justicia ante los homicidios sistemáticos. “Han sido asesinadas siete hermanas en menos de un mes y sus casos permanecen en completa impunidad”, dice. Cada mujer trans que ha perdido la vida, representa para la población LGBTIQ+, el abandono estatal y la falta de políticas públicas que proteja sus vidas.
“Para nadie es un secreto que las mujeres trans, en su mayoría, ejercemos la prostitución. Cuando alguna va a cubrir algún servicio, nos compartimos ubicación en tiempo real y si es necesario nos esperamos afuera del hotel para saber con quién entramos y así poder salir seguras”, afirma Yuri, una mujer trans del barrio Santa Fe, que ante lel aumento de homicidios, teme por su vida. Yuri desde los 19 años ejerce el trabajo sexual y cuenta que esa ha sido la única opción que ha encontrado para sobrevivir, ante la indiferencia y el estigma que conlleva ser una mujer de género no normativo.
El mayor temor para Yuri es no saber si mañana estará viva y no es para menos, pues solo en 2022, la organización Colombia Diversa registró 426 casos de violencia homicida, abuso policial y amenazas contra población LGBTIQ+. De esos casos, 148 resultaron en homicidios y 35 de ellos eran contra mujeres trans.
Valeria, junto a otras personas de la población LGBTIQ+, hace un llamado al Ministerio de Igualdad y a la Fiscalía para convocar una mesa de trabajo que permita construir acciones para garantizar la vida e integridad de las mujeres trans que actualmente ejercen el trabajo sexual y se han visto amenazadas. Asimismo, exige que se activen las investigaciones pertinentes para hallar a los responsables de estos homicidios.
Al único acuerdo al que pudieron llegar el 26 de abril durante el plantón, según cuenta Valeria, es tener una reunión el 30 de abril en el búnker de la Fiscalía, junto a otras lideresas de la población trans, para conocer cuáles serán las medidas de protección que tome la entidad para salvaguardar sus vidas.
Por su parte, la organización Caribe Afirmativo, hizo un llamado a las instituciones para generar acciones inmediatas de la Directiva 006 de 2023, que plantea lineamientos en la investigación y judicialización de violencias contra personas LGBTIQ+, y generar avances en un grupo de investigación de fiscales con enfoque diferencial para el esclarecimiento de los hechos.
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