“La Fiscalía trató de dejar impune el asesinato de mi padre”: María José Pizarro

Durante décadas, María José Pizarro ha buscado justicia frente al asesinato de su padre, Carlos Pizarro.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Más de tres décadas duró el expediente del homicidio de Carlos Pizarro Leongómez recibiendo polvo en los anaqueles de la Fiscalía. En la mañana de este viernes, esa situación cambió con la decisión del ente acusador de ordenar la captura de Manuel Antonio González, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que, según indican las pruebas, “facilitó el actuar del sicario (que disparó contra Pizarro) y el cumplimiento del plan criminal”.

El Espectador habló con María José Pizarro, hija del excandidato presidencial, sobre qué implicaciones tiene esta decisión judicial en un caso que, durante los últimos 34 años, ha permanecido en la impunidad. La hoy senadora del Pacto Histórico, explica que, a pesar de los obstáculos, hay un viso de esperanza para que se conozca realmente por qué asesinaron a su padre y haya justicia.

Han pasado 34 años de no tener respuestas claras sobre el asesinato de Carlos Pizarro. Se conoce que quiénes ejecutaron el crimen, en qué circunstancias, pero no el porqué. ¿Como víctima, qué significa para usted esta decisión de la Fiscalía?

Hay que celebrar la decisión. Venimos de pasar años muy difíciles porque el caso venía avanzando de manera mucho más rápida que lo hizo en los últimos 34 años. Yo siento que la única forma en que puedo sentirme reparada y observar que haya justicia es que se reconozca y esclarezca lo que le pasó a mi padre.

Las personas del M-19 firmaron la paz. Mi padre fue asesinado precisamente en la paz y su asesinato no solo es un magnicidio político o un crimen de lesa humanidad, también fue un crimen contra la paz. Cuando la historia nuestra no sea vilipendiada y negada solo por haber compartido ideologías políticas como las que tuvo mi padre, creo que habrá justicia. Por el sistema judicial aún no me siento reparada, pero esa reparación no es solo para mí, sino para toda la sociedad colombiana.

¿Qué obstáculos han enfrentado en su familia para acceder a la justicia durante todo este tiempo?

En la Fiscalía de Francisco Barbosa se toma la decisión de trasladar a Mauricio Ponce, el fiscal principal del caso, hacia Chocó. A partir de ese momento, el proceso le fue designado a otro fiscal que durante todos esos años no hizo absolutamente nada para el esclarecimiento. Después de varias insistencias, le devuelven el caso a Ponce, pero no tenía el equipo técnico, lo mantienen en Quibdó y queda sin posibilidad de avanzar y continuar investigando.

Lo que realizaron fue utilizar una estrategia común en la Fiscalía: sobrecargar a los fiscales con más casos, aparte de los de gran magnitud, como el asesinato de Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo; y por el otro lado, cambiar los casos a fiscales que no conocen el proceso, ni las pruebas y no pueden avanzar. Cuando retorna Ponce a Bogotá empezamos a ver que los resultados se muestran. Había una estrategia para mantener en la impunidad este caso y esa estrategia se desarrolló dentro de la Fiscalía.

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¿Qué relación tiene que ver esta decisión con la llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección de la Fiscalía?

Con la nueva fiscal se empiezan a tomar decisiones diferentes. Recibimos esta noticia de la orden de arresto contra Manuel Antonio González y lo más importante es que se va confirmando que lo que hubo en el asesinato de mi padre, y de otros magnicidios políticos, fue un aparato organizado de poder dentro del Estado y que este estuvo liderado por altos miembros con altos rangos dentro del DAS.

González, coronel en retiro, era el director de protección del DAS, esto quiere decir que era el segundo nombre de importancia dentro de la jerarquía del Departamento. Además, era compañero cercano del general Maza Márquez.

Aún queda una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia, que ya compulsó copias el fiscal y que no ha tenido avance sobre el asesinato de mi padre. Maza Márquez está condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, pero no por el homicidio de mi padre, ni de Bernardo Jaramillo Ossa. No hemos sabido nada de esa investigación en varios años desde que se compulsaron copias.

¿Qué lectura le da usted a la orden de captura contra Manuel Antonio González?

Esto quiere decir que aquí hubo una actuación articulada entre paramilitares y agentes del Estado. El Estado es responsable por acción y omisión. No hizo nada en estos 34 años para investigar. Es responsable por no haber entregado el equipo técnico investigativo para que el fiscal pudiera avanzar con la diligencia. Y lo preocupante es que, aparentemente, se castigue a fiscales honestos, enviándolos a lugares y jurisdicciones donde no pueden trabajar como práctica para perpetuar la impunidad.

Eso lo hemos vivido en los últimos 34 años en el caso de Carlos Pizarro: es un proceso que tiene centenares de cuadernos y hemos llegado a escenarios tan irrisorios y absurdos como por ejemplo, que se fundiera la Mini-uzi (metralleta) con que fue asesinado mi padre y otros líderes políticos mientras que eran pruebas materiales. Estas estrategias fueron utilizadas por allá en las décadas de los 80 y 90, y en pleno siglo XXI se utilizó esta estrategia para perpetuar la impunidad.

La justicia pierde credibilidad y confianza de la ciudadanía cuando se dan escenarios como el de la impunidad en el caso de Carlos Pizarro. ¿Qué puede ganar el sistema judicial y su imagen con esta decisión?

Vamos avanzando hacia los máximos responsables. Si el caso ha avanzado, ha sido por la persistencia civil y la fortuna de tener un fiscal comprometido con la verdad y la justicia. A esos fiscales hay que celebrarlos y protegerlos. Los que actúan correctamente, merecen ser reconocidos y rescato que siempre hay gente honesta y comprometida.

Nosotros no vamos a parar de persistir hasta que lleguemos a los máximos responsables y, sobre todo, ahora que estamos inmersos en cuanto a relatos que se contradicen. Es importante avanzar en la pregunta de “¿por qué tomaron la decisión de asesinar a candidatos presidenciales y firmantes de paz?”. Que se responda cuál era el objetivo y qué perseguían con estos asesinatos.

¿Qué hace falta para que usted, como hija, y la sociedad que vivió este asesinato, asegure que hubo justicia?

En su momento hubo decisiones de las fiscalías seccionales para que estos casos se vieran con un foco diferente y se tomase en cuenta el contexto político de la época para que estos asesinatos se dieran contra cualquier disidente u opositor que pretendiera disputar el poder. En mi criterio, decisiones de este tipo deberían ser recuperadas por la Fiscalía General de la Nación.

El tiempo ha sido un factor determinante para encontrar justicia frente al asesinato de Carlos Pizarro. ¿De qué forma afecta que hayan pasado tantos años para tomar una decisión como la de hoy?

Los fiscales deben contar con todas las herramientas para poder avanzar en su trabajo. Cada vez que se pone una traba, perdemos pruebas y hoy estamos hablando de dos personas y de una medida intramural (Miguel Maza Márquez y Manuel Antonio González) precisamente porque son mayores (ambos superan los 70 años) y la justicia los cobija. Estos casos no pueden esperar otros 30 años. Cada año que pasa es un ladrillo más en la pared de la impunidad.

¿Cómo sentiría usted, como hija de Carlos Pizarro, que la justicia debe actuar?

Lo que menos quiero es la cárcel para los responsables. Quiero saber las decisiones, los por qués del asesinato de mi padre y por qué opositores y gente con capacidad de disputar el poder fueron asesinados. Saber por qué se paralizó el país y qué se ganó con el asesinato de tres candidatos presidenciales.

¿Cómo reparar algo que pasó hace ya 34 años?

Yo me he autorreparado porque no hemos recibido ninguna reparación. Nosotros hemos reivindicado la figura de mi padre y recogido sus banderas. La única forma en que se puede reparar esto que pasó es con verdad.

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