En la JEP, el enfoque de género ha sacado a flote las atrocidades del reclutamiento

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está “al borde” de entregar la primera imputación en el macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en la guerra, según le confirmó a El Espectador el presidente de esa corporación, el magistrado Roberto Vidal. Además de las expectativas que hay sobre los hallazgos del caso, varias organizaciones de víctimas han destacado cómo en esta investigación se logró incorporar un enfoque de género. Incluso, han llamado a que se repliquen sus lecciones en otros casos, como el 11, que investigará de forma específica la violencia sexual, pero que aún no se abre formalmente.

(Lea también: Así investigará la JEP el reclutamiento forzado por parte de las Farc)

“Este caso comienza con un problema de edad: ¿por qué terminaron niños, niñas y adolescentes en la guerrilla y también, aunque en mucha menor medida, en el Ejército?”, explicó el magistrado Vidal en diálogo con este diario. En ese camino, la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad que lleva el caso, Lily Rueda, se encontró, por un lado, con que los menores de edad reclutados habían sufrido otras formas de violencia, como desaparición forzada, torturas y violencia sexual. Además, que la mayoría de las víctimas acreditadas eran mujeres, pues además de las personas reclutadas estaban las madres que buscan a los niños que no regresaron.

La magistrada Rueda decidió entrar a investigar, de fondo, esos daños que salían a flote en los relatos de las víctimas. Pero primero definió en un documento judicial cómo iba a hacerlo. Allí plasmó qué entiende por enfoque de género: “Visibilizar desigualdades de poder existentes entre ambos géneros, que históricamente han situado en lugares de subordinación y desventaja a las mujeres y a las personas con identidades o expresiones de género y orientaciones sexuales diversas”. Además, citó a las víctimas que habían manifestado sufrir este tipo de violencias para escucharlas en una ampliación.

(Lea también: “El país está diciendo que le interesa conocer la verdad”: presidente de la JEP)

“Fue un avance muy grande porque veníamos de unas diligencias de versión voluntaria, de escuchar primero a los comparecientes”, recordó la abogada Linda Mariana Pachón, de la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al conflicto (Coalico), la organización que representa al mayor número de víctimas dentro del caso 07. “Precisamente al escuchar a los comparecientes se daban cuenta, no solamente en el relato, sino en la forma de responder, que está muy marcada la violencia de género”, añadió. En contraste, que la magistrada se sentara a escuchar a las víctimas, fue un paso, no solo simbólico, sino que permitió ahondar en el caso.

Así lo explicó otra de las abogadas que litiga en el caso 07, Ana María Zapata. A su juicio, estas audiencias de ampliación de los testimonios de las víctimas se volvieron “espacios seguros”. Según le dijeron las mujeres que representa, “escuchar a sus compañeras hablar, les generó un valor y les hizo interpretar también que las cosas que habían normalizado intrafilas no eran normales, sino que eran violencia. Por ejemplo, la planificación forzada, pues es preferible que un bebé de brazos en las filas, o un aborto; pero cuando ya muchas tuvieron esa socialización con sus compañeras, se dieron cuenta de que no es normal planificar de manera forzada sin que siquiera hubieran tenido un primer contacto sexual”.

La Sala de Reconocimiento también escuchó, por aparte, a los hombres sobre casos de violencia de género. Por un lado, a hombres que fueron testigos oculares de lo que les hicieron a sus compañeras. Y, por otro lado, quienes tenían orientaciones sexuales diversas al interior de la guerrilla. De hecho, el auto que definió la metodología para aproximarse a todos estos hechos dice que “el enfoque de género no pretende excluir las experiencias de los hombres, pues estas también están determinadas por su género”.

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“Para la construcción de ese auto, a nosotros, como representantes de víctimas, nos invitaron a participar, dando nuestras observaciones”, recordó el abogado Juan Manuel Martínez, también de Coalico, quien destacó que esa, en sí misma, fue una buena práctica: escuchar a los representantes de las víctimas. En abril de 2022, tras recibir y analizar las posturas de las víctimas y sus abogados, se expidió el auto que definió la metodología con la que se aproximaría el despacho a seis escenarios del reclutamiento en los que mujeres y hombres pudieron tener experiencias diferenciadas en razón de su género.

Esos escenarios incluyen: primero, el contexto previo al reclutamiento, por ejemplo, si en la familia de la víctima la madre era la cabeza del hogar o si allí había violencia de género. Segundo, el proceso de reclutamiento, donde la JEP presta especial atención a si la persona fue reclutada por una política de la guerrilla de que cada familia debía “aportar” un hijo o si hubo violencia previo a que el captor entregara la víctima al grupo armado. Tercero, la vivencia intrafilas, donde saltan a la vista algunas reglas de comportamiento y malos tratos al interior del grupo armado, que dependían si se trataba de hombres o de mujeres.

En cuarto lugar, las violencias sufridas por las familias buscadoras que denunciaron el reclutamiento de su ser querido. Quinto, las violencias sufridas tras la desvinculación del grupo armado o durante su captura. Y, por último, los impactos que tuvo el reclutamiento en la persona, en sus familias y en su comunidad; que pueden ir desde los daños a la salud por violencia reproductiva hasta los riesgos que vivieron sus familias de cara al actor armado contrario. De todos estos escenarios hay evidencia, a partir de lo que aseguran las víctimas, que ha sido contrastado con los testimonios de los comparecientes.

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La experiencia no ha pasado desapercibida entre las personas que intervienen ante la JEP. La Alianza de Litigio de Género, que reúne a organizaciones con una amplia experiencia en el tema, como Humanas, la Red Nacional de Mujeres, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, escribió en un informe que entregaron a los magistrados este año: “Puede retomarse la experiencia en el macrocaso 07, donde el reclutamiento de menores de 14 años no se cuestiona, pues los relatos de las víctimas son suficientes como prueba del hecho, y se busca es establecer la responsabilidad del compareciente”

De hecho, el abogado Martínez resaltó que ese enfoque es transversal al caso, incluso a la hora de definir cuestiones logísticas. Por ejemplo, “muchas de las diligencias tuvieron en cuenta que algunas de las mujeres víctimas directas que participaban son madres cuidadoras, y lo consideraron para definir el día en el que se programó la audiencia y cómo atender a los hijos o las hijas de las mujeres que iban a participar”, recordó. Asimismo, destacó que el despacho de la magistrada Rueda también buscó la financiación para hacer estas audiencias en las regiones donde ocurrieron los hechos.

Porque incorporar este enfoque cuidadoso implica sus costos. El magistrado Roberto Vidal señaló en diálogo con El Espectador que, aunque tienen avances en el caso 07 y una imputación casi lista, un asunto económico ha ralentizado todo: “Llevamos seis meses buscando $1.000 millones para anonimizar el proceso. Es decir, coger cada pieza de video y borrarle los nombres, quitarles el rostro y la voz. Para eso necesitamos como 500 personas cogiendo cada pieza y anonimizándola”.

Otro reto, que aún persiste, es que ningún compareciente ha reconocido abiertamente que al interior de las Farc se cometieron actos de violencia de género y sexual. “Cada vez que tenemos audiencias, son muy fuertes para las víctimas porque hay mucha revictimización, a pesar de que la magistrada genere una reflexión y recuerde las palabras de las víctimas, los comparecientes aún no han dado respuesta de fondo a las peticiones de las víctimas y no han querido reconocer su responsabilidad”, señaló la abogada Pachón.

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El presidente Vidal le dijo a este diario que tienen claro ese desafío. “Un compareciente después de mucho trabajo puede estar dispuesto a reconocer masacres, persecución, desplazamiento, pero cuando llega al tema de violencia de género y violencia sexual, todos retroceden”, apuntó el magistrado. Luego añadió que, en la ruta de trabajo que fijaron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ―que pronto abrirá una oficina en la sede de la JEP―, el primer punto es este para entender, dentro de muchas otras cosas, cómo se ha trabajado este tema alrededor del mundo.

En palabras de Pachón, en muchas de esas diligencias las víctimas salen con un “sinsabor”, pues aunque se han sentido restauradas al poder contar sus historias a la justicia, sin ser revictimizadas, los comparecientes no responden a sus preguntas concretas. Sin embargo, los abogados destacan que el enfoque de género se ha mantenido, incluso, ante los pedidos que han hecho los abogados de exmiembros de las extintas Farc de que los relatos de quienes denuncian violencia sexual no sean anónimos o de estar, ellos mismos, en las audiencias en las que las víctimas han ampliado sus declaraciones. Con esa vara tan alta, esperan ahora la imputación.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está “al borde” de entregar la primera imputación en el macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en la guerra, según le confirmó a El Espectador el presidente de esa corporación, el magistrado Roberto Vidal. Además de las expectativas que hay sobre los hallazgos del caso, varias organizaciones de víctimas han destacado cómo en esta investigación se logró incorporar un enfoque de género. Incluso, han llamado a que se repliquen sus lecciones en otros casos, como el 11, que investigará de forma específica la violencia sexual, pero que aún no se abre formalmente.

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“Este caso comienza con un problema de edad: ¿por qué terminaron niños, niñas y adolescentes en la guerrilla y también, aunque en mucha menor medida, en el Ejército?”, explicó el magistrado Vidal en diálogo con este diario. En ese camino, la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad que lleva el caso, Lily Rueda, se encontró, por un lado, con que los menores de edad reclutados habían sufrido otras formas de violencia, como desaparición forzada, torturas y violencia sexual. Además, que la mayoría de las víctimas acreditadas eran mujeres, pues además de las personas reclutadas estaban las madres que buscan a los niños que no regresaron.

La magistrada Rueda decidió entrar a investigar, de fondo, esos daños que salían a flote en los relatos de las víctimas. Pero primero definió en un documento judicial cómo iba a hacerlo. Allí plasmó qué entiende por enfoque de género: “Visibilizar desigualdades de poder existentes entre ambos géneros, que históricamente han situado en lugares de subordinación y desventaja a las mujeres y a las personas con identidades o expresiones de género y orientaciones sexuales diversas”. Además, citó a las víctimas que habían manifestado sufrir este tipo de violencias para escucharlas en una ampliación.

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“Fue un avance muy grande porque veníamos de unas diligencias de versión voluntaria, de escuchar primero a los comparecientes”, recordó la abogada Linda Mariana Pachón, de la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al conflicto (Coalico), la organización que representa al mayor número de víctimas dentro del caso 07. “Precisamente al escuchar a los comparecientes se daban cuenta, no solamente en el relato, sino en la forma de responder, que está muy marcada la violencia de género”, añadió. En contraste, que la magistrada se sentara a escuchar a las víctimas, fue un paso, no solo simbólico, sino que permitió ahondar en el caso.

Así lo explicó otra de las abogadas que litiga en el caso 07, Ana María Zapata. A su juicio, estas audiencias de ampliación de los testimonios de las víctimas se volvieron “espacios seguros”. Según le dijeron las mujeres que representa, “escuchar a sus compañeras hablar, les generó un valor y les hizo interpretar también que las cosas que habían normalizado intrafilas no eran normales, sino que eran violencia. Por ejemplo, la planificación forzada, pues es preferible que un bebé de brazos en las filas, o un aborto; pero cuando ya muchas tuvieron esa socialización con sus compañeras, se dieron cuenta de que no es normal planificar de manera forzada sin que siquiera hubieran tenido un primer contacto sexual”.

La Sala de Reconocimiento también escuchó, por aparte, a los hombres sobre casos de violencia de género. Por un lado, a hombres que fueron testigos oculares de lo que les hicieron a sus compañeras. Y, por otro lado, quienes tenían orientaciones sexuales diversas al interior de la guerrilla. De hecho, el auto que definió la metodología para aproximarse a todos estos hechos dice que “el enfoque de género no pretende excluir las experiencias de los hombres, pues estas también están determinadas por su género”.

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“Para la construcción de ese auto, a nosotros, como representantes de víctimas, nos invitaron a participar, dando nuestras observaciones”, recordó el abogado Juan Manuel Martínez, también de Coalico, quien destacó que esa, en sí misma, fue una buena práctica: escuchar a los representantes de las víctimas. En abril de 2022, tras recibir y analizar las posturas de las víctimas y sus abogados, se expidió el auto que definió la metodología con la que se aproximaría el despacho a seis escenarios del reclutamiento en los que mujeres y hombres pudieron tener experiencias diferenciadas en razón de su género.

Esos escenarios incluyen: primero, el contexto previo al reclutamiento, por ejemplo, si en la familia de la víctima la madre era la cabeza del hogar o si allí había violencia de género. Segundo, el proceso de reclutamiento, donde la JEP presta especial atención a si la persona fue reclutada por una política de la guerrilla de que cada familia debía “aportar” un hijo o si hubo violencia previo a que el captor entregara la víctima al grupo armado. Tercero, la vivencia intrafilas, donde saltan a la vista algunas reglas de comportamiento y malos tratos al interior del grupo armado, que dependían si se trataba de hombres o de mujeres.

En cuarto lugar, las violencias sufridas por las familias buscadoras que denunciaron el reclutamiento de su ser querido. Quinto, las violencias sufridas tras la desvinculación del grupo armado o durante su captura. Y, por último, los impactos que tuvo el reclutamiento en la persona, en sus familias y en su comunidad; que pueden ir desde los daños a la salud por violencia reproductiva hasta los riesgos que vivieron sus familias de cara al actor armado contrario. De todos estos escenarios hay evidencia, a partir de lo que aseguran las víctimas, que ha sido contrastado con los testimonios de los comparecientes.

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La experiencia no ha pasado desapercibida entre las personas que intervienen ante la JEP. La Alianza de Litigio de Género, que reúne a organizaciones con una amplia experiencia en el tema, como Humanas, la Red Nacional de Mujeres, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, escribió en un informe que entregaron a los magistrados este año: “Puede retomarse la experiencia en el macrocaso 07, donde el reclutamiento de menores de 14 años no se cuestiona, pues los relatos de las víctimas son suficientes como prueba del hecho, y se busca es establecer la responsabilidad del compareciente”

De hecho, el abogado Martínez resaltó que ese enfoque es transversal al caso, incluso a la hora de definir cuestiones logísticas. Por ejemplo, “muchas de las diligencias tuvieron en cuenta que algunas de las mujeres víctimas directas que participaban son madres cuidadoras, y lo consideraron para definir el día en el que se programó la audiencia y cómo atender a los hijos o las hijas de las mujeres que iban a participar”, recordó. Asimismo, destacó que el despacho de la magistrada Rueda también buscó la financiación para hacer estas audiencias en las regiones donde ocurrieron los hechos.

Porque incorporar este enfoque cuidadoso implica sus costos. El magistrado Roberto Vidal señaló en diálogo con El Espectador que, aunque tienen avances en el caso 07 y una imputación casi lista, un asunto económico ha ralentizado todo: “Llevamos seis meses buscando $1.000 millones para anonimizar el proceso. Es decir, coger cada pieza de video y borrarle los nombres, quitarles el rostro y la voz. Para eso necesitamos como 500 personas cogiendo cada pieza y anonimizándola”.

Otro reto, que aún persiste, es que ningún compareciente ha reconocido abiertamente que al interior de las Farc se cometieron actos de violencia de género y sexual. “Cada vez que tenemos audiencias, son muy fuertes para las víctimas porque hay mucha revictimización, a pesar de que la magistrada genere una reflexión y recuerde las palabras de las víctimas, los comparecientes aún no han dado respuesta de fondo a las peticiones de las víctimas y no han querido reconocer su responsabilidad”, señaló la abogada Pachón.

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El presidente Vidal le dijo a este diario que tienen claro ese desafío. “Un compareciente después de mucho trabajo puede estar dispuesto a reconocer masacres, persecución, desplazamiento, pero cuando llega al tema de violencia de género y violencia sexual, todos retroceden”, apuntó el magistrado. Luego añadió que, en la ruta de trabajo que fijaron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ―que pronto abrirá una oficina en la sede de la JEP―, el primer punto es este para entender, dentro de muchas otras cosas, cómo se ha trabajado este tema alrededor del mundo.

En palabras de Pachón, en muchas de esas diligencias las víctimas salen con un “sinsabor”, pues aunque se han sentido restauradas al poder contar sus historias a la justicia, sin ser revictimizadas, los comparecientes no responden a sus preguntas concretas. Sin embargo, los abogados destacan que el enfoque de género se ha mantenido, incluso, ante los pedidos que han hecho los abogados de exmiembros de las extintas Farc de que los relatos de quienes denuncian violencia sexual no sean anónimos o de estar, ellos mismos, en las audiencias en las que las víctimas han ampliado sus declaraciones. Con esa vara tan alta, esperan ahora la imputación.

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