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En el departamento de Bolívar para nadie es ajena la historia de Mampuján. Desde los más pequeños, que han escuchado los relatos sobre lo que ocurrió en la tarde del 10 de marzo del año 2000, cuando 60 paramilitares llegaron al pueblo, amenazaron a la comunidad y obligaron a todos salir de sus hogares; hasta los más ancianos, que vivieron lo que se cuenta en estas líneas. Más de 300 familias fueron reunidas en la plaza, a tan solo dos horas de Cartagena, y algunos incluso creyeron que su asesinato era inminente. Varias mujeres, mientras sus conocidos eran señalados de guerrilleros, fueron agredidas sexualmente en sus casas.
“Nos dijeron que iban a matar hasta a los perros. Que nadie iba a quedar vivo si no nos íbamos en un día. Que nos iban a hacer lo mismo que (la masacre de) El Salado”, dijo una mujer en el pueblo, todavía con recuerdos lúcidos de ese día. Han pasado 23 años desde esa tarde, en la que el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC desplazó a más de 300 familias compuestas por 1.500 personas de Mampuján y ocasionó que un pueblo que vivía de sus cultivos quedara abandonado. Desde entonces, líderes de la comunidad se han encaminado en una lucha por la justicia, que tuvo un nuevo capítulo la semana pasada con la inauguración del Museo de Mampuján.
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La apertura de este espacio por cuenta de la Gobernación de Bolívar, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se convierte en un lugar para hacer memoria y un ejemplo de reparación y verdad para quienes fueron desplazados de sus tierras. “Mampuján es un modelo de la fortaleza del espíritu humano, de la preservación de memoria y dignidad y un ejemplo de justicia transicional de que sí se le puede apostar a la paz a través de la justicia (...) El espíritu humano puede sufrir, pero también puede sobrevivir”, le afirmó a El Espectador Anupama Rajaraman, directora de Usaid en Colombia, quien asistió a la inauguración.
Ubicado a siete kilómetros del pueblo que alguna vez estuvo habitado por los mampujenses, el museo tiene tres salas de exposiciones donde se muestran las historias de violencia que la comunidad y la población afro han sufrido. La primera edificación, por ejemplo, narra la vida antes del desplazamiento: la vida negra en África antes de la trata de esclavos o la huída de los cimarrones. La otra sala expone, a través de cuadros, fotografías, obras de arte y objetos, la vida cotidiana de los habitantes de Mampuján antes del desplazamiento. También imágenes de las ruinas del antiguo pueblo y el estado del territorio que habitaron. Una imagen del pizarrón de la escuela reza: “Lo bonito es estar vivos”.
Un camino a la justicia
Los mampujenses tuvieron que empacar toda su vida en maletas y buscar ayuda en otros municipios aledaños. Mientras lo hacían, paramilitares al mando de Rodrigo Mercado, alias Cadena, caminaron hasta la vereda Las Brisas (San Juan Nepomuceno) en búsqueda de los campamentos 35 y 37 de las Farc. No encontraron ningún centro de operaciones, pero torturaron y asesinaron a 11 campesinos frente a un árbol de tamarindo. “Tuve que ver a mi hermano decapitado y con la piel descomponiéndose”, recordó uno de los familiares de las víctimas en diálogo con este diario.
Algunos de los desplazados caminaron varios kilómetros para asentarse en Cartagena. La gran mayoría se refugió en María La Baja, un municipio a 30 minutos del centro de Mampuján. Pasaron hambre, y la Alcaldía, al no poder auxiliarlos, les ofreció amparo donde pudo: colegios, centros comunitarios y hasta en el prostíbulo de la ciudad. En esas condiciones vivieron casi dos años, hasta que Salvador Murra, párroco de los Misioneros de la Consolata, se enteró de la situación, viajó a Italia, recolectó algunos recursos y volvió para donarles seis hectáreas de tierra.
Los mampujenses recogieron dinero y pudieron costear media hectárea más en un terreno que colinda con la Troncal del Caribe, la vía principal del departamento. Se asentaron construyendo casas de pocos metros cuadrados elaboradas con zinc, plástico, bahareque y aluminio. Vivieron sin agua, electricidad, alcantarillado o condiciones mínimas de higiene, pues los nuevos hogares fueron construidos sobre superficies de barro y arena. Así nació Nuevo Mampuján, una ciudadela de siete calles.
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“El desplazamiento produjo el rompimiento de relaciones y un daño colectivo (...) Hubo ruptura del tejido social, afectación a la identidad cultural y las tradiciones ancestrales y estigmatización de los habitantes”, explicó el Tribunal de Justicia y Paz cuando estudió el caso.
El primer paso
Tuvo que pasar más de una década para que los reclamos de los habitantes de Mampuján (tanto del antiguo como del nuevo) fueran escuchados, mientras el estigma de ser guerrilleros todavía lo cargaban sin ninguna razón. En 2004 Teresa Geiser, una misionera menonita estadounidense, llegó a la comunidad para enseñar una forma de hacer catarsis al dolor. Venía de trabajar con víctimas de las guerras de El Salvador y con charlas enseñó a sanar y a hacer memoria a través de la costura. Las mujeres de Mampuján se asociaron y empezaron a coser en telas cada uno de los episodios que las atormentaban: desplazamiento, violencia sexual, psicológica y los recuerdos de un pueblo que alguna vez fue.
Así nacieron las tejedoras de Mampuján. “Aplicaron una técnica que consiste en tomar una historia dolorosa, dibujarla y posteriormente formar un cuadro terapéutico (...) El fin de coser es que la persona tome ese dolor que tiene y lo pase de primera a segunda persona para que vaya tramitando su dolor, poco a poco, puntada tras puntada”, explicó Juana Alicia Ruiz, una de las lideresas de la comunidad.
Un año después, luego de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María en 2005, y tras escuchar a sus altos mandos hablar sobre los delitos que cometieron y los vínculos que formaron con políticos de la región, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dio el primer paso de justicia a la comunidad: una sentencia donde obligaba al Estado a restituir, reparar, indemnizar y ofrecer garantías de no repetición a las familias. La decisión fue la primera que emitió este Tribunal para reparar a las víctimas del paramilitarismo.
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El Tribunal calificó como “delitos de lesa humanidad” los hechos ocurridos el 10 de marzo en Mampuján y que fueron “graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por haber atacado a civiles inocentes”. Por esta razón, paramilitares al mando de Cadena, como alias Diego Vecino y alias Juancho Dique, fueron condenados a ocho años de cárcel y a la indemnización de $120 millones a cada familia, una cantidad inferior a la que solicitaban los familiares de las víctimas, que era de $645 millones. Por eso apelaron la decisión.
El proceso pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia en 2010, que corrigió algunos puntos de la decisión, como, por ejemplo, la manera en que se calculó el monto de indemnización: “El Tribunal omitió sugerir fórmulas (...) y se desconocieron los fines de la justicia transicional atinentes a la reparación de las víctimas”, explicó la Corte. Tras un año de estudios, en 2011, la Sala Penal del alto tribunal ratificó la condena, pero explicó que no se podía indemnizar a todas las víctimas por igual.
A pesar del fallo, los cambios no se materializaron y más de 700 habitantes decidieron hacer una marcha en 2011 desde María La Baja hasta Cartagena a pie. Decenas de personas de otros pueblos se sumaron a la protesta, pues mencionaban que si no se cumplía a Mampuján, que ya tenía una sentencia de justicia “qué le esperaba a ellos”, que seguían reclamando indemnizaciones y reparación desde hacía años.
Tulio Maza, líder de Mampuján, le dijo a El Espectador que el camino no fue fácil. “Hubo un momento en una reunión con los ministros de Juan Manuel Santos donde tuve que decirles que el presidente estaba siendo mal asesorado porque el Estado no cumplía con la sentencia”, aseguró. Maza contó que tuvieron que viajar hasta Bogotá para preguntar por qué el monto de reparación, que era de $32.000 millones, lo habían recortado a más de la mitad sin notificarles.
Unos meses después el Gobierno de Juan Manuel Santos ordenó a la Unidad de Víctimas una primera entrega de la indemnización: $8.300 millones que cobijaron a 789 desplazados de Mampuján. El Estado aseguró que tan pronto se censaran las otras víctimas, el dinero restante saldría del Presupuesto General de la Nación hacia las demás personas. La reparación simbólica sí se cumplió, pues se decretó el 10 de marzo de cada año como Día de Reconocimiento a Víctimas de Mampuján. Finalmente se realizaron reuniones mensuales entre la Unidad de Víctimas con los líderes para revisar si se estaba cumpliendo con las sentencias.
Tiempo a la justicia
La indemnización a las víctimas no se detuvo y con los años se ha suministrado electricidad, pavimentación y apoyo a los habitantes de Nuevo Mampuján. De pasar a coser en las calles, las tejedoras del pueblo recibieron un quiosco donde podían reunirse a compartir sus experiencias y crear un proyecto productivo. Este emprendimiento ha sido premiado internacionalmente e, incluso, fue su manera de subsistir durante la pandemia. Sin embargo, El Espectador conoció relatos de antiguos habitantes de Las Brisas quienes mencionan que no se sienten reparados, pues las amenazas contra sus líderes siguieron. “Es un crimen que nos pasó a ambos pueblos”, apuntan.
La entrega del Museo de Mampuján es una nueva victoria en su búsqueda para que la justicia les cumpla. El espacio no solo es considerado como un retrato del dolor que padeció la comunidad, es un lugar donde todo el departamento puede conocer la memoria del conflicto y recibir asesoría para buscar justicia. Además, es el primer museo afro del departamento, pues las tejedoras de Mampuján han cosido la historia de cómo la población negra en Colombia ha sido desarraigada desde hace siglos.
“El museo tiene la importancia de que nos reconozcan, no como descendientes de esclavos, sino como seres humanos. Que no nos recuerden siempre que nuestro existir empieza desde la esclavitud. Cuando nos trajeron de África, trajeron reyes y príncipes, no solo personas con capacidad para jugar fútbol o artistas y mujeres con cuerpos voluptuosos. Somos personas con intelecto y nos gusta que nos relacionen como personas que aportamos, no como víctimas, los pobrecitos o los atrasados. El propósito es el de construir paz a través de la justicia”, concluyó para este diario Juana Alicia Ruiz.
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