La Defensoría del Pueblo hizo entrega de un nuevo centro para proteger y velar por los derechos de los colombianos. A mitad de semana, la entidad confirmó la inauguración de la Casa de Los Derechos en Tierralta, Córdoba. Este espacio es una entidad institucional en la que los ciudadanos, especialmente de zonas rurales alejadas y con poca presencia institucional, puedan asesorarse y defender sus derechos.
En esta Casa se podrán asesorar y buscar cómo defender todo tipo de derechos, desde los de “primera generación (alimentación, agua, vivienda, salud) hasta otros que son considerados menos primordiales, como el derecho al desarrollo, a la paz o, como sucede muy a menudo en ese departamento, a recibir asistencia humanitaria tras ser víctimas del conflicto armado.
La entrega fue efectuada por Carlos Camargo, el saliente defensor del pueblo en Tierralta, Córdoba, uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia y que, según ha alertado la misma Defensoría, aún persiste en dinámicas de guerra.
Hace un mes, por ejemplo, dos militares del Ejército fueron heridos mortalmente en el municipio. Y tan solo unos meses atrás, en octubre de 2023, la Procuraduría alertó que lo que se vive en Tierralta es una “crisis humanitaria” producto de la violencia.
Y es que, en Tierralta, específicamente, y el resto del departamento, hay numerosos grupos étnicos que se ven afectados por esta violencia. Por ejemplo, los censos han demostrado que Córdoba es el hogar donde habitan indígenas Embera Katío y al menos tres consejos comunitarios de grupos negros. Además, hay colectivos LGBTI+, organizaciones de víctimas y personas en condición de discapacidad que sienten los culatazos del conflicto.
“Con la puesta en marcha de esta Casa de los Derechos, pretendemos que las víctimas y demás usuarios no tengan que desplazarse a Montelíbano o Montería para ser escuchados. De lo que también se trata es de facilitarles la vida en tiempos y gastos”, expresó Camargo.
Según contó la Defensoría, se han construido y puesto en funcionamiento al menos 17 de estas entidades en algunos de los territorios más vulnerados para atender y proteger derechos.
La Casa beneficiará a unas 120.000 personas en sus zonas de influencia. Indígenas, personas afros, campesinos, integrantes de colectivos LGBTIQ+, víctimas del conflicto, entre otros, tendrán acceso a toda la oferta institucional.
“Acercar la oferta institucional de la Defensoría del Pueblo a la ciudadanía ha sido una de las estrategias en la que nos enfocamos durante estos últimos cuatro años, y gracias a un esfuerzo administrativo logramos pasar de tener tres Casas de los Derechos a 17 en el país, estrategia descentralizada que tiene como objetivo promulgar y defender los derechos fundamentales de las personas en los territorios”, enfatizó Camargo.
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