En Valle del Cauca, empresas capacitan a líderes y trabajadores en derechos humanos

Son varios los jugadores que entran al terreno del acceso a la justicia en diferentes municipios. Uno de ellos es el sector empresarial que, en ocasiones, adelanta diferentes iniciativas para fortalecer este derecho para sus trabajadores, así como para las comunidades donde tienen incidencia. Ese es el caso, por ejemplo, de Nestlé, que mediante diferentes capacitaciones en derechos humanos han logrado impactar a cerca de 300 personas en el Valle del Cauca.

De la mano de la Defensoría del Pueblo y la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) han llevado esta formación a municipios como Andalucía, Bugalagrande y Tuluá, con el objetivo de sensibilizar a las comunidades del territorio sobre la necesidad de tener un rol activo en la defensa y promoción de los derechos humanos desde los entornos cotidianos. Su formación más reciente fue realizada a inicios de noviembre de este año, en la cual se capacitaron autoridades locales, trabajadores de la compañía, líderes sociales y juveniles y empresarios de la región, bajo una estrategia denominada ‘Comunidad y Respeto por la Vida’.

(Le puede interesar: Empresas: un nuevo jugador para fortalecer el acceso a la justicia)

Además de ser un puente para “contribuir a la construcción de comunidades más prósperas y pacíficas en el departamento”, como afirman, la multinacional suiza anunció una inversión de casi $100 millones para fortalecer las capacitaciones. Para ello, contarán con un un curso virtual en la plataforma de la Defensoría para brindar acompañamiento técnico a las empresas en temas de derechos humanos. Y, por otra parte, anunciaron el desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico en derechos humanos para que las Pymes puedan involucrar todos sus procesos de debida diligencia en la cadena de valor.

Uno de los beneficiarios de la capacitación, Dayotaro García, miembro del enlace de juventudes de Bugalagrande, señaló que desde la juventud hay un firme compromiso con la paz en el departamento. “Estamos dispuestos a seguir aprendiendo y respetar los derechos no solo de nuestra comunidad, sino el de todas las personas. Somos voceros y multiplicadores de esta valiosa información”, sostuvo.

(Más información: Las apuestas empresariales para acercar las instituciones a la ciudadanía)

Desde la multinacional, en cabeza de Felipe González, aseguran que la consecución de paz en el territorio y el fortalecimiento del acceso a la justicia es también parte de la “convicción por brindar herramientas que transformen la realidad de las comunidades, a través de la resolución pacífica de conflictos, y nos permitan avanzar hacia un país más próspero”. “Nuestro propósito es seguir liderando alianzas estratégicas que nos permitan educar, sensibilizar y promover las buenas prácticas de convivencia que se necesitan en las regiones para ayudar a mejorar la calidad de vida y los indicadores de bienestar de los colombianos”, añadió el directivo González.

Desde la compañía señalan que, sumado a este ejercicio, han ampliado su participación para fortalecer el sistema judicial. Por ejemplo, mediante la certificación de 81 conciliadores en equidad en los tres municipios mencionados anteriormente, y, además, a través de capacitaciones a más de 150 jóvenes en una escuela de liderazgo juvenil.

(Conozca: Cuando una empresa invierte en justicia puede octuplicar inversión, dice estudio)

En mayo de este año, la Universidad EAFIT dio a conocer un estudio en el cual se deja entrever que la participación de las empresas al invertir en justicia puede verse beneficiada, pues podrían octuplicar el valor de sus inversiones. De hecho, una aproximación del retorno, calculada por los investigadores de la universidad antioqueña, estaría entre $8.100 y $9.660 por cada $1.000 invertidos. Este valor es el resultado de un cálculo propuesto por el estudio, ya que en el país no se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo que permita monetizar esas ganancias.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

Son varios los jugadores que entran al terreno del acceso a la justicia en diferentes municipios. Uno de ellos es el sector empresarial que, en ocasiones, adelanta diferentes iniciativas para fortalecer este derecho para sus trabajadores, así como para las comunidades donde tienen incidencia. Ese es el caso, por ejemplo, de Nestlé, que mediante diferentes capacitaciones en derechos humanos han logrado impactar a cerca de 300 personas en el Valle del Cauca.

De la mano de la Defensoría del Pueblo y la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) han llevado esta formación a municipios como Andalucía, Bugalagrande y Tuluá, con el objetivo de sensibilizar a las comunidades del territorio sobre la necesidad de tener un rol activo en la defensa y promoción de los derechos humanos desde los entornos cotidianos. Su formación más reciente fue realizada a inicios de noviembre de este año, en la cual se capacitaron autoridades locales, trabajadores de la compañía, líderes sociales y juveniles y empresarios de la región, bajo una estrategia denominada ‘Comunidad y Respeto por la Vida’.

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Además de ser un puente para “contribuir a la construcción de comunidades más prósperas y pacíficas en el departamento”, como afirman, la multinacional suiza anunció una inversión de casi $100 millones para fortalecer las capacitaciones. Para ello, contarán con un un curso virtual en la plataforma de la Defensoría para brindar acompañamiento técnico a las empresas en temas de derechos humanos. Y, por otra parte, anunciaron el desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico en derechos humanos para que las Pymes puedan involucrar todos sus procesos de debida diligencia en la cadena de valor.

Uno de los beneficiarios de la capacitación, Dayotaro García, miembro del enlace de juventudes de Bugalagrande, señaló que desde la juventud hay un firme compromiso con la paz en el departamento. “Estamos dispuestos a seguir aprendiendo y respetar los derechos no solo de nuestra comunidad, sino el de todas las personas. Somos voceros y multiplicadores de esta valiosa información”, sostuvo.

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Desde la multinacional, en cabeza de Felipe González, aseguran que la consecución de paz en el territorio y el fortalecimiento del acceso a la justicia es también parte de la “convicción por brindar herramientas que transformen la realidad de las comunidades, a través de la resolución pacífica de conflictos, y nos permitan avanzar hacia un país más próspero”. “Nuestro propósito es seguir liderando alianzas estratégicas que nos permitan educar, sensibilizar y promover las buenas prácticas de convivencia que se necesitan en las regiones para ayudar a mejorar la calidad de vida y los indicadores de bienestar de los colombianos”, añadió el directivo González.

Desde la compañía señalan que, sumado a este ejercicio, han ampliado su participación para fortalecer el sistema judicial. Por ejemplo, mediante la certificación de 81 conciliadores en equidad en los tres municipios mencionados anteriormente, y, además, a través de capacitaciones a más de 150 jóvenes en una escuela de liderazgo juvenil.

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En mayo de este año, la Universidad EAFIT dio a conocer un estudio en el cual se deja entrever que la participación de las empresas al invertir en justicia puede verse beneficiada, pues podrían octuplicar el valor de sus inversiones. De hecho, una aproximación del retorno, calculada por los investigadores de la universidad antioqueña, estaría entre $8.100 y $9.660 por cada $1.000 invertidos. Este valor es el resultado de un cálculo propuesto por el estudio, ya que en el país no se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo que permita monetizar esas ganancias.

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