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Hablar de derechos culturales comprende, no solo la protección de los saberes, tradiciones y prácticas étnicas en el territorio colombiano, sino también el acceso a la cultura y la eliminación de estigmas colectivos. En los últimos meses, el Ministerio de Cultura ha comunicado diferentes estrategias para que el tema se ponga sobre la mesa de los hacedores de leyes y políticas públicas, por lo que El Espectador habló con el jefe de cartera, Juan David Correa, para conocer cuáles son los avances que se han hecho hasta el momento y cómo le apuntan a una articulación con el Ministerio de Justicia.
¿A qué se refieren los derechos culturales?
Colombia es un país que vive muchas injusticias: injusticias sociales, económicas, laborales y poco se habla de las injusticias en términos culturales y del conocimiento. En ese sentido, la idea de un derecho cultural, que es constitucional, es tratar de promover el reconocimiento de esas culturas, de esos saberes y esas artes que no han tenido el mismo reconocimiento, inversión y esfuerzo por parte del Gobierno a lo largo de los años.
Esta idea del derecho cultural tiene que ver con pensar ciertas costumbres y usos culturales, por ejemplo, las plantas sagradas, prácticas como la partería, bebidas ancestrales, para entender que por medio de este podemos legitimar asuntos que no necesariamente se deben legitimar como se hace comúnmente.
Definir el derecho de los ríos como sujeto de derecho es una medida de derecho cultural, el sujeto de los campesinos, el derecho de las semillas, el reconocimiento del sindicalismo también es un asunto cultural, son derechos de territorio. Es un poco promover esta idea que queremos dar desde el Ministerio de que la cultura es mucho más que las prácticas artísticas, que los espectáculos y los eventos. Evidentemente, es el mundo en el que vivimos, la forma en que nos relacionamos, nos alimentamos, nos relacionamos con el medio ambiente y entender entonces que los derechos culturales también son los derechos de la naturaleza, de otros seres vivos, de nosotros mismos como hombres y mujeres.
¿Cómo se ven vulnerados y cómo pueden defenderse?
Un ejemplo es el viche, que lo hemos tenido que regular tanto porque para su comercialización tiene que pasar por el Invima, sin embargo, las comunidades del Litoral Pacífico han tomado viche durante siglos, es su bebida ancestral. De alguna manera se puede poner la condición a esas comunidades de que tienen que regular la producción y la comercialización si lo van a hacer para comercialización, pero si lo van a hacer para su consumo interno, para sus propias fiestas y prácticas, ellos deben poder ejercer el derecho cultural a tener eso.
Otro ejemplo más completo aún y que estamos tratando de promover, tiene que ver con las plantas sagradas, más concretamente la coca. En Bolivia ya se logró en algunas zonas. La coca ha sido perseguida como culpable de todo lo que ha sucedido en el tema global con la cocaína. La coca es una planta sagrada, no es culpable de que se convierta y sintetice para convertirse en esa sustancia que genera adicción. Si separamos las discusiones y protegemos, por ejemplo, a través de prácticas culturales, en comunidades del Cauca, de la Sierra Nevada y muchos lugares de Colombia, los oficios culturales asociados a la coca, lo que tendríamos que decir es que hay un derecho cultural al cultivo y al uso en algunos términos, por supuesto, y con algunas condiciones, también del Yajé y así sucesivamente.
También están los acueductos comunitarios, por qué a la gente la convirtieron en delincuente por fabricar soluciones de agua comunitarias. Hoy estamos construyendo un proyecto de patrimonialización de un acueducto comunitario en Dosquebradas, Risaralda, bajo la idea de que es un derecho cultural de que la gente haya construido una manera de ingeniería popular para tener agua y no podemos estigmatizarla cuando quienes hacen uso son pequeñas comunidades.
Es una discusión que le queremos abrir al país, porque creemos que las comunidades en nuestro territorio, los pueblos indígenas, los más de 75 los pueblos afro, raizales, palenqueros, tendrían que poder empezar a ejercer esos derechos culturales sobre sus prácticas, sobre los usos de sus alimentos, de sus sustancias, de sus plantas, para protegerlas, para proteger eso que llamamos lo ancestral, que es una práctica que ha perdurado a lo largo del tiempo.
¿Qué pasos se han dado para que este panorama sea haga realidad?
Yo empecé esta conversación con el anterior ministro de Justicia, Osuna, y también estoy conversando con la actual ministra. El equipo de cultura de paz del Ministerio se ha acercado al equipo del Ministerio de Justicia, porque creemos que podemos comenzar a pensar el tema de derechos culturales más en serio, de una manera más ejecutiva, académica, por medio de estudios jurídicos, antropológicos. No es un tema pragmático, es un tema mucho más filosófico, es promover la discusión y pienso que ha habido estupendos trabajos al respecto.
Ya hemos venido haciendo articulaciones. En el Cauca, por ejemplo, lo que queremos promover es la puesta en marcha de una escuela de artes y oficios relacionados con la coca y su transformación en productos como té, gaseosas, que era algo que ya se veía en años pasados, pero que por la estigmatización, estos productos fueron perseguidos y sacados del mercado. Sin embargo, el derecho cultural puede proteger a las comunidades para que desarrollen desde su territorio y sus propios símbolos esos productos de sus localidades y es en ese sentido en que el derecho cultural se toca con la economía popular.
No es lo mismo la transformación de todo esto, masivamente, para mercados internacionales, que en economías populares de mercados campesinos, urbanos, solidarios. Hay una mirada distinta de gobernanza sobre lo cultural y es un poco lo que estamos tratando de poner en discusión.
¿Cuál es el enfoque para las personas privadas de la libertad?
Tenemos un programa con el Ministerio de Justicia que se llama cultura para la libertad y que atiende población carcelaria, población que ha sido sujeta de violaciones de derechos humanos, de masacres. Va a crecer muchísimo porque tenemos toda una línea estratégica de cultura de paz. Consiste en tener acciones culturales dentro de las cárceles para que también haya una justicia cultural en centros penitenciarios, que haya acceso a la lectura, bibliotecas, actividad cultural.
Creemos que en lugares como estos tiene que haber un llamado a conversar desde otros lugares, a pasar el tiempo en otros lugares. Quisiéramos hacer algo parecido en batallones y todas las instituciones que son agrupaciones masivas de gente. Vemos que en centros de salud y hospitales hay muy buenos ejemplos de actividades culturales como la musicoterapia, pero se vuelven programas de una acción muy concreta. Si la gente imaginara que estos espacios difíciles, como la cárcel, tienen que tener acceso a servicios culturales, seguramente conseguiríamos que esos espacios se vivan de otra manera. Lo que estamos convencidos es que el arte no cura per se, pero el cuidado, la conversación y el contacto con otros sí cura otros elementos como la soledad.
¿Cómo este fortalecimiento de los derechos culturales puede impactar no solo a estas comunidades sino a todas las regiones del país?
Primero es lograr algo que no se puede hacer por decreto, pero sí con una acción sostenida en el tiempo, y es desestigmatizar y conversar sobre ciertos usos y costumbres que en el país han sido condenados, al ser relacionados con cosas de la brujería, del narcotráfico de “la selva”. No tenemos consciencia de que las plantas como el tabaco, la amapola y la coca son plantas sagradas que tienen unos usos culturales en los pueblos indígenas, en los pueblos afros. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que para proteger a estos pueblos hay que conversar sobre estas cosas, pensar en eso y enseñarle, por ejemplo, a nuestros niños que la planta no es el problema, que el oro no es el problema, sino en lo que se convierte, la minería a gran escala no es lo mismo que las generaciones de joyeros artesanales del Chocó.
Los derechos culturales también aplican para la población excluida que no ha recibido la inversión territorial y ahí hay que hablar de una justicia redistributiva. Además de la justicia cultural en las escuelas, para que los niños populares de educación pública tengan acceso a la cultura porque, lamentablemente, hace muchos años los planes educativos institucionales sacaron de sus currículos las artes y queremos que regrese. Por ahora lo estamos haciendo a través de centros de interés, pero queremos que vuelva a las escuelas.
Es un tema complejo, que tiene que discutirse, no creemos tener la verdad, pero nos parece que el Ministerio tiene que señalar que detrás de todos estos problemas nacionales hay un asunto cultural que pensar y es la invitación que hacemos a quienes hacen las leyes, a la política pública para empezar a transformar esa forma de ver las cosas.
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