Estado debe asegurar que mujeres y LGBTI voten sin estigmas y seguros: Defensoría
A menos de una semana para saber quiénes serán las nuevas caras del poder local en Colombia, se hizo un llamado de atención para que el Estado garantice que tanto candidatos como votantes mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ puedan ejercer su derecho sin estigmas o amenazas, como ya ha sucedido en varios episodios este año.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en donde alerta la situación que mujeres y ciudadanos LGBTIQ+ en Colombia enfrentan en esta época electoral. A menos de una semana para conocer quiénes serán las personas que manejen el poder local y municipal durante los próximos años, esta entidad aseguró haber documentado varios casos de violencia política basada en género.
Estos datos van desde agresiones, estigmas o amenazas hasta homicidios, como el caso de Jeisson Vásquez Borja, un hombre LGBTIQ+ que fue hallado muerto en Medellín y que pertenecía a un colectivo político que luchaba por los derechos de la comunidad diversa.
¿Qué es este tipo de violencia? La Organización de Estados Americanos (OEA) define esta agresión como un hecho en que se atacan mujeres o integrantes de la comunidad de orientación sexual diversa basándose en su género.
Esta violencia tiene como objetivo “causar daño o sufrimiento y que tenga como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”, explica la OEA.
Cifras crecientes
De acuerdo con la Defensoría, durante septiembre al menos 43 personas fueron agredidas políticamente con base en su género.
La entidad explicó que del total, 42 fueron víctimas mujeres: tres de ellas transexuales y tres lesbianas. “Además, fue reportado el caso de un hombre gay en razón de su orientación”, amplió Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
“Es preocupante que en el 16 % de los casos, la violencia se haya dado por razones de género y se estigmatice a candidatas y candidatos que están en el ejercicio de su labor política. Además, en un 32,5 % de los casos, las mujeres reportaron como agresor a un grupo armado ilegal”, aseguró la Defensoría.
El Espectador conoció las cifras de agresiones, amenazas, homicidios y feminicidios en Colombia durante los últimos años. Por ejemplo, de acuerdo con los registros de la ONG Caribe Afirmativo, una persona de orientación sexual diversa ha sido asesinada cada 60 horas durante los últimos dos años.
En cuanto al feminicidio, desde que se tipificó en el Código Penal, ha habido más de 5.000 mujeres asesinadas a causa de su género.
La Defensoría explicó que Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Sucre fueron los departamentos donde más incidentes de violencia política de género.
“El Estado debe brindar las garantías para que el ejercicio político sea llevado a cabo sin discriminación por razón de género en todas las regiones del país”, aseguró institución.
Un problema de Estado
La Defensoría reconoció que aunque dentro de sus equipos hay abogados y expertos en atención psicosocial, es el Estado quien debe “brindar las garantías para que el ejercicio político pueda ser llevado a cabo sin violencia y discriminación por razón de género”.
Vale la pena mencionar que la Defensoría, como entidad que vela por la ciudadanía y sus derechos, estudia una situación específica y con base en los hallazgos determina si el Estado debe intervenir o no para proteger a los ciudadanos.
En este caso, la entidad ha emitido dos Alertas Tempranas en relación a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre. El primero, sobre los riesgos que lideresas sociales y defensores de derechos humanos enfrentan en los territorios. Y la segunda, un documento mencionando los riesgos que los ciudadanos y candidatos pueden enfrentar en medio de la contienda electoral.
“Reiteramos nuevamente a las autoridades las recomendaciones hechas en nuestras Alertas Tempranas, con el fin de que sea mitigado el riesgo por las vulneraciones de derechos que se reportan contra el ejercicio de las actuales campañas, de manera particular, por la violencia de género en la política”, indicó Camargo.
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La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en donde alerta la situación que mujeres y ciudadanos LGBTIQ+ en Colombia enfrentan en esta época electoral. A menos de una semana para conocer quiénes serán las personas que manejen el poder local y municipal durante los próximos años, esta entidad aseguró haber documentado varios casos de violencia política basada en género.
Estos datos van desde agresiones, estigmas o amenazas hasta homicidios, como el caso de Jeisson Vásquez Borja, un hombre LGBTIQ+ que fue hallado muerto en Medellín y que pertenecía a un colectivo político que luchaba por los derechos de la comunidad diversa.
¿Qué es este tipo de violencia? La Organización de Estados Americanos (OEA) define esta agresión como un hecho en que se atacan mujeres o integrantes de la comunidad de orientación sexual diversa basándose en su género.
Esta violencia tiene como objetivo “causar daño o sufrimiento y que tenga como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”, explica la OEA.
Cifras crecientes
De acuerdo con la Defensoría, durante septiembre al menos 43 personas fueron agredidas políticamente con base en su género.
La entidad explicó que del total, 42 fueron víctimas mujeres: tres de ellas transexuales y tres lesbianas. “Además, fue reportado el caso de un hombre gay en razón de su orientación”, amplió Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
“Es preocupante que en el 16 % de los casos, la violencia se haya dado por razones de género y se estigmatice a candidatas y candidatos que están en el ejercicio de su labor política. Además, en un 32,5 % de los casos, las mujeres reportaron como agresor a un grupo armado ilegal”, aseguró la Defensoría.
El Espectador conoció las cifras de agresiones, amenazas, homicidios y feminicidios en Colombia durante los últimos años. Por ejemplo, de acuerdo con los registros de la ONG Caribe Afirmativo, una persona de orientación sexual diversa ha sido asesinada cada 60 horas durante los últimos dos años.
En cuanto al feminicidio, desde que se tipificó en el Código Penal, ha habido más de 5.000 mujeres asesinadas a causa de su género.
La Defensoría explicó que Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Sucre fueron los departamentos donde más incidentes de violencia política de género.
“El Estado debe brindar las garantías para que el ejercicio político sea llevado a cabo sin discriminación por razón de género en todas las regiones del país”, aseguró institución.
Un problema de Estado
La Defensoría reconoció que aunque dentro de sus equipos hay abogados y expertos en atención psicosocial, es el Estado quien debe “brindar las garantías para que el ejercicio político pueda ser llevado a cabo sin violencia y discriminación por razón de género”.
Vale la pena mencionar que la Defensoría, como entidad que vela por la ciudadanía y sus derechos, estudia una situación específica y con base en los hallazgos determina si el Estado debe intervenir o no para proteger a los ciudadanos.
En este caso, la entidad ha emitido dos Alertas Tempranas en relación a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre. El primero, sobre los riesgos que lideresas sociales y defensores de derechos humanos enfrentan en los territorios. Y la segunda, un documento mencionando los riesgos que los ciudadanos y candidatos pueden enfrentar en medio de la contienda electoral.
“Reiteramos nuevamente a las autoridades las recomendaciones hechas en nuestras Alertas Tempranas, con el fin de que sea mitigado el riesgo por las vulneraciones de derechos que se reportan contra el ejercicio de las actuales campañas, de manera particular, por la violencia de género en la política”, indicó Camargo.
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