Firman hoja de ruta que promete buscar a más de 2.800 desaparecidos en Caldas
Décadas de silencio e impunidad podrían cambiar con un acuerdo suscrito por varias entidades del Estado y organizaciones de derechos humanos. El documento marca el camino para buscar a más de 2.800 personas que fueron desaparecidos durante la guerra en Caldas.
Tomás Tarazona Ramírez
“Nos negamos a olvidar sus memorias; a que la impunidad y el silencio frente a la desaparición siga siendo una constante en Caldas”. Así inicia un acuerdo histórico que entidades del Estado y organizaciones de derechos humanos suscribieron para encontrar a más de 2.800 personas desaparecidas en este departamento.
En un pacto sin precedentes, 20 firmantes se comprometieron a que de ahora en adelante la búsqueda de personas desaparecidas se convierta en una prioridad y una política de gobierno local. Razones para hacerlo hay muchas, pues Caldas fue uno de los “epicentros olvidados” del conflicto. Según detalló el Informe Final de la Comisión de la Verdad, fueron más de 100.000 víctimas del conflicto armado y, por lo menos, son 2.800 personas que fueron desaparecidas forzosamente en este territorio.
Un ejemplo claro es que en Caldas, uno de los tres departamentos que componen el famoso y turístico Eje Cafetero, funcionó durante casi una década el Bloque paramilitar Cacique Pipintá, al mando de alias Ernesto Báez, que murió en 2019 y a quien aún se le achacan masacres, como la de Chinchiná o La Rochela, 27 asesinatos y docenas de desapariciones forzadas en el departamento.
El acuerdo, al cual tuvo acceso El Espectador, tiene la firma de algunas de las entidades del Estado, como es el caso de la Gobernación, la Alcaldía, la Unidad de Búsqueda o Medicina Legal, que tienen la potestad y los recursos de buscar e intentar encontrar estas personas desaparecidas hace años. Además, colectivos de mujeres buscadoras y de defensores de derechos humanos también estamparon su firma en el papel como señal de una apuesta en la que el Estado y la sociedad civil trabajen de la mano para ofrecer justicia a quienes la guerra violentó. Algunas de ellas son el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná o Generación V+ Caldas.
“Suscribimos este pacto desde un principio humanitario y de solidaridad que permitirá tejer alianzas en nuestros territorios para la dignificación de las víctimas, la reparación de las familias y la sociedad, y el abordaje de las desapariciones”, reza el documento.
Firma por la justicia
En el documento quedan distribuidas las funciones que le corresponden a cada una de las organizaciones o entidades que se comprometieron a encontrar los desaparecidos. La búsqueda, como ya lo ha alertado la Unidad de Búsqueda, es una tarea complicada que requiere no solo de la voluntad política del Estado, sino de insumos que históricamente las familias y las organizaciones de derechos humanos han ofrecido al entregar pistas sobre las víctimas.
Así las cosas, el objetivo principal no es solo encontrar fosas, camposantos o lugares donde estas personas posiblemente pueden estar, sino intentar hacer justicia con quienes aún están con vida y han dedicado décadas de sus proyectos vitales a encontrar a los desaparecidos. Por ejemplo, uno de los puntos principales es el de “dignificar y reconocer la labor de buscadores y buscadores, quienes históricamente han movilizado acciones de verdad y justicia. Este reconocimiento implica la protección de su labor y el acompañamiento en su búsqueda”, dice el pacto.
Pero los objetivos no se quedan en temas simbólicos o de reconocimiento. Según se comprometieron estas entidades, los firmantes deben “visibilizar la práctica de la desaparición en Caldas y exigir conjuntamente que nunca más sea utilizada como una práctica de temor, represión o violencia a las comunidades”. De tal manera que, esta petición se hace especialmente porque, según registros de la Comisión de la Verdad (CEV) en los años en que la guerra estuvo más álgida en Colombia, el Estado y la sociedad enfocaron su vista en otros territorios, como los Montes de María, los Llanos Orientales o los territorios de frontera, donde se presume hay miles de desaparecidos en los límites de Colombia y Venezuela, según han documentado miembros de las organizaciones.
Sin embargo, Caldas también fue un territorio de guerra que tiene víctimas y sus pedidos de justicia y verdad aún están pendientes. Tan crítica fue la situación de olvido en épocas del conflicto, que la CEV halló que “Caldas no fue un remanso de paz”. Óscar Martínez, coordinador de la Comisión para Caldas, incluso manifestó que “nos ha hecho mucho daño la idea de que aquí no pasó nada, la idea de ser un remanso de paz”.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
“Nos negamos a olvidar sus memorias; a que la impunidad y el silencio frente a la desaparición siga siendo una constante en Caldas”. Así inicia un acuerdo histórico que entidades del Estado y organizaciones de derechos humanos suscribieron para encontrar a más de 2.800 personas desaparecidas en este departamento.
En un pacto sin precedentes, 20 firmantes se comprometieron a que de ahora en adelante la búsqueda de personas desaparecidas se convierta en una prioridad y una política de gobierno local. Razones para hacerlo hay muchas, pues Caldas fue uno de los “epicentros olvidados” del conflicto. Según detalló el Informe Final de la Comisión de la Verdad, fueron más de 100.000 víctimas del conflicto armado y, por lo menos, son 2.800 personas que fueron desaparecidas forzosamente en este territorio.
Un ejemplo claro es que en Caldas, uno de los tres departamentos que componen el famoso y turístico Eje Cafetero, funcionó durante casi una década el Bloque paramilitar Cacique Pipintá, al mando de alias Ernesto Báez, que murió en 2019 y a quien aún se le achacan masacres, como la de Chinchiná o La Rochela, 27 asesinatos y docenas de desapariciones forzadas en el departamento.
El acuerdo, al cual tuvo acceso El Espectador, tiene la firma de algunas de las entidades del Estado, como es el caso de la Gobernación, la Alcaldía, la Unidad de Búsqueda o Medicina Legal, que tienen la potestad y los recursos de buscar e intentar encontrar estas personas desaparecidas hace años. Además, colectivos de mujeres buscadoras y de defensores de derechos humanos también estamparon su firma en el papel como señal de una apuesta en la que el Estado y la sociedad civil trabajen de la mano para ofrecer justicia a quienes la guerra violentó. Algunas de ellas son el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná o Generación V+ Caldas.
“Suscribimos este pacto desde un principio humanitario y de solidaridad que permitirá tejer alianzas en nuestros territorios para la dignificación de las víctimas, la reparación de las familias y la sociedad, y el abordaje de las desapariciones”, reza el documento.
Firma por la justicia
En el documento quedan distribuidas las funciones que le corresponden a cada una de las organizaciones o entidades que se comprometieron a encontrar los desaparecidos. La búsqueda, como ya lo ha alertado la Unidad de Búsqueda, es una tarea complicada que requiere no solo de la voluntad política del Estado, sino de insumos que históricamente las familias y las organizaciones de derechos humanos han ofrecido al entregar pistas sobre las víctimas.
Así las cosas, el objetivo principal no es solo encontrar fosas, camposantos o lugares donde estas personas posiblemente pueden estar, sino intentar hacer justicia con quienes aún están con vida y han dedicado décadas de sus proyectos vitales a encontrar a los desaparecidos. Por ejemplo, uno de los puntos principales es el de “dignificar y reconocer la labor de buscadores y buscadores, quienes históricamente han movilizado acciones de verdad y justicia. Este reconocimiento implica la protección de su labor y el acompañamiento en su búsqueda”, dice el pacto.
Pero los objetivos no se quedan en temas simbólicos o de reconocimiento. Según se comprometieron estas entidades, los firmantes deben “visibilizar la práctica de la desaparición en Caldas y exigir conjuntamente que nunca más sea utilizada como una práctica de temor, represión o violencia a las comunidades”. De tal manera que, esta petición se hace especialmente porque, según registros de la Comisión de la Verdad (CEV) en los años en que la guerra estuvo más álgida en Colombia, el Estado y la sociedad enfocaron su vista en otros territorios, como los Montes de María, los Llanos Orientales o los territorios de frontera, donde se presume hay miles de desaparecidos en los límites de Colombia y Venezuela, según han documentado miembros de las organizaciones.
Sin embargo, Caldas también fue un territorio de guerra que tiene víctimas y sus pedidos de justicia y verdad aún están pendientes. Tan crítica fue la situación de olvido en épocas del conflicto, que la CEV halló que “Caldas no fue un remanso de paz”. Óscar Martínez, coordinador de la Comisión para Caldas, incluso manifestó que “nos ha hecho mucho daño la idea de que aquí no pasó nada, la idea de ser un remanso de paz”.
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