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Colombia se ha convertido en un escenario de resiliencia y propuestas para acercar la justicia a las familias que viven violencias dentro de los hogares. Tras casi una década de registros muy altos de abusos y maltratos psicológicos, en 2021 se aprobó la creación de la estampilla familiar, un gravamen que recauda fondos para las Comisarías de Familia en todo el país y que entró en vigor a comienzos de este mes.
Este impuesto fue aprobado bajo la ley 2126 del 2021 para que estas entidades pudieran financiarse con otros recursos aparte de los que brinda el Estado. Vale la pena recordar que cada Comisaría depende económicamente de las Alcaldías y Gobernaciones. En muchas ocasiones, el dinero destinado a atender violencia intrafamiliar de la administración no es suficiente, como sucedió con las Comisarías de Medellín, que reclamaron más recursos para poder funcionar y ofrecer justicia correctamente a quienes la reclaman.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que hay muy pocas Comisarías para la demanda y los casos de violencia familiar en el país. Además, indicó que las que existen “están muy mal provistas” de recursos, personal e infraestructura. Para el encargado de esta cartera, la estampilla familiar podría suponer un cambio en la forma en que Colombia maneja la violencia intrafamiliar y ofrece justicia a las víctimas.
“Confiamos en que si eso comienza a funcionar, las comisarías de familia tendrán una forma real para proteger a los niños, niñas, adolescentes y mujeres”, dijo Osuna en un evento organizado por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) que ha asesorado esta iniciativa en varios departamentos y municipios.
La implementación de este impuesto podría tener un gran peso en la atención de casos de violencia, que durante el año pasado, superaron los 78.000 registros de abusos y maltratos, según reportó el informe anual de Medicina Legal. Las mayores víctimas fueron las mujeres, que presentaron más del 70 % de las denuncias.
¿Qué es la estampilla familiar?
Conocida también como la estampilla familiar, este impuesto supondría más ingresos para las Comisarías de Familia. Consiste en que, en casos puntuales, las autoridades locales podrían gravar cerca del 2 % de los contratos públicos celebrados. El gravamen debe ser aprobado por la autoridad local, ya sea el concejo municipal o la asamblea departamental, para que se apruebe el impuesto dentro de cada una de las jurisdicciones.
¿Para qué son estos recursos? De acuerdo con la ley que aprobó la estampilla familiar, este dinero debe destinarse para cubrir los gastos de “funcionamiento, personal de nómina, dotación de las comisarías” y además mejorar las “condiciones en la prestación del servicio”.
Cartagena, por ejemplo, se convirtió en la primera ciudad en aprobar la estampilla familiar para mejorar la atención y calidad de servicio a una ciudad que según Medicina Legal, es la sexta del país con más registros de abusos y maltratos dentro de las familias. A finales de julio, 45 comisarios de familia de Montes de María fueron capacitados sobre cómo brindar una mejor atención en cuanto a violencia intrafamiliar y los beneficios que tendría para el sistema de justicia adoptar la estampilla familiar.
Retos pendientes
A inicios de 2023, el ministro Osuna reconoció que este impuesto es un insumo clave para que la justicia se vuelva efectiva y cercana a las familias de Colombia que viven violencia intrafamiliar. Que en muchas ocasiones se perpetúa y queda impune debido a la falta de recursos, personal o voluntad administrativa de los funcionarios.
Por ejemplo, pocos días antes de la declaración de Osuna, Katherina García, una excomisaria de familia en Tolima, fue condenada a cinco años de cárcel por haber ignorado las denuncias de maltrato que una niña de tras años sufrió de sus cuidadores. La condena de García puso bajo la lupa que el funcionamiento de las Comisarías de Familia no estaba siendo efectiva y en muchas ocasiones, revictimizaba a las personas que denunciaron maltratos intrafamiliares.
Así lo reconoció un informe de la Procuraduría General de la Nación en que se señala que en Colombia, tras más de 30 años de funcionar en el país, poco más de la mitad de las Comisarías cuentan con instalaciones óptimas o con personal suficiente para atender los casos. La falta de recursos fue el factor que desencadenaba casi todos estos problemas, alertó la Procuraduría.
La ponencia de esta entidad también aseguró que no hay suficientes Comisarías en el país, pues debería haber una cada 100.000 habitantes, pero se presentan casos como el de Cartagena, que solo tiene seis comisarías para atender a una población mayor al millón de habitantes. O el caso de Montería, donde hay apenas una comisaría de familia, pese a que tiene casi 500.000 habitantes.
La falta de recursos oscila entre falta de personal, como en el caso de algunas comisarías de Bogotá, la carencia de elementos básicos para poder hacer un trámite administrativo como impresoras, sillas, puertas o despachos organizados, según denunciaron entidades de Medellín a finales de 2022.
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