Informe detalla cuáles son los avances y desafíos de la justicia en Colombia
Este jueves se publicó una encuesta que en lugar de escrutar las instituciones judiciales, se centra en cómo ha sido la experiencia y acceso de los ciudadanos de a pie. Aquí, los resultados.
Este jueves 11 de abril se publicó un informe que indaga cómo ha sido la experiencia que 6.000 colombianos han tenido para acceder a la justicia. El estudio, realizado por el Instituto de La Haya para la Innovación en Derecho (Hiil) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) sirve para detectar qué está fallando en las instituciones a la hora de garantizar el acceso a este derecho.
El informe encuestó a 6.000 personas en 16 municipios (12 de ellos PDET) y tuvo un detalle particular: a diferencia de las encuestas que realizan periódicamente el DANE, el Consejo Superior de la Judicatura o el Departamento Nacional de Planeación, se centra en la experiencia y satisfacción que tienen los ciudadanos frente a la justicia. Además, es el primer censo que se hace en municipios PDET, que, vale la pena recordar, fueron escogidos en el Acuerdo de Paz como zonas donde, según los firmantes, hay altos niveles de pobreza y necesidades insatisfechas; entre ellas, el acceso a justicia.
“Usualmente se hacen encuestas que estudian la cantidad de casos resueltos o por resolver. Eso ofrece una visión muy administrativa. Pero cuando se evalúa las necesidades que una persona, o comunidad, tiene al acceder al servicio, se pueden sacar más conclusiones”, dijo Simón Díaz, investigador del Hiil, a este diario.
De las 6.000 personas encuestadas, el 55 % aseguró haber tenido una “disputa legal” en los últimos cuatro años. Lo problemático de este resultado es que, solo la mitad de estos conflictos, llegaron a buen puerto. Por ejemplo, un caso de linderos (que es una de las causas más comunes de conflictos entre civiles, según el informe) tiene tan solo 50 % de probabilidades de tener resolución en el despacho de un juez. Otro resultado, según el estudio, sería que uno de cada tres conflictos nunca encuentran solución, ya sea porque no hay denuncia o porque los protagonistas acuden a la violencia.
“La administración de justicia es como un sistema de salud: hay muchas personas que tienen dolencias o requieren atención, pero no acuden al hospital. Eso mismo pasa con los problemas legales. En Colombia, no todos los que tienen una necesidad jurídica pueden solventarla, y eso afecta a todo el sistema”, explicó Martin Gramatikov, director de investigación de Hiil, a este periódico. El estudio preguntó aleatoriamente a estas personas tanto en grandes ciudades, como Cartagena o Buenaventura, como en municipios pequeños que históricamente han sentido la carencia del acceso a la justicia, como Tarazá (Antioquia) o Itsmina (Chocó).
El estudio concluye que, además de haber una “brecha en la administración de justicia”, hay grupos que sufren más esta carencia del servicio: por ejemplo, las mujeres, la población desplazada o aquellos que no tienen grandes ingresos o altos niveles educativos. “Una parte considerable de las soluciones se consideran poco justas, mientras que otra parte de los problemas siguen sin resolverse porque las personas ya perdieron completamente la esperanza de su resolución”, reseña el informe.
Aunque en Colombia hay registrados 1.103 municipios, según las cuentas del DANE, los investigadores de Hiil explican que puede ser un informe representativo a nivel nacional para encontrar las fallas y obstáculos que miles de ciudadanos encuentran cuando buscan justicia.
Jeremiah Carew, subdirector de Usaid en Colombia, aseguró, en diálogo con este diario, que el estudio es un escrutinio pequeño, pero puede servir como referencia para conocer la realidad de la justicia en el resto del país. “Cuando los cerros de Bogotá se estaban consumiendo por los incendios, muchas personas pedían al Gobierno acciones rápidas, pero no había datos para hacerlo. Toda decisión pública debe tomarse con datos y estudios previos. Eso es lo que hicimos con el estudio: conocer qué está fallando en algunos municipios y cómo puede extrapolarse esa conclusión a otras zonas donde también hay carencia de justicia, conflicto armado o muchos conflictos”, anotó Carew.
Oportunidad de mejora
Hiil ha hecho este tipo de estudios en al menos 30 países donde el acceso a la justicia es preocupante, sumado a otros problemas como la pobreza y las limitaciones geográficas, como el caso de Kenia, Túnez o Uganda. Luego de la publicación de los informes, los Estados y sus instituciones tienen la última palabra sobre si adoptan, o no, las recomendaciones que el Instituto plasma en sus resultados.
Jhoana Delgado, viceministra de Promoción de la Justicia, aseguró a El Espectador que hacer este tipo de escrutinios es clave para conocer cómo opera la justicia en los territorios más alejados. Como, por ejemplo, San Pelayo (Córdoba), que es un municipio con un área 80 % rural en donde si sus habitantes requieren justicia, deben destinar horas de traslado y recursos económicos para ir a una cabecera municipal donde hay un juzgado o una comisaría. “Si no tenemos en cuenta lo que nos dice la comunidad sobre alguna necesidad jurídica insatisfecha, la respuesta es igual: ineficiente”, aclaró Delgado.
Tanto para el Ministerio, así como para los investigadores del informe, estos resultados deben ir más allá de escribirlos en un papel. Según explicó Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en la presentación de los resultados “no queremos quedarnos con este documento metido en el cajón. El objetivo es ampliar la justicia para reducir brechas y mejorar la calidad y cantidad de datos para conocer cómo funciona el sistema”.
El Instituto Hiil, además, aseguró que hay chance de solucionar la fallas en el sistema, pero el primer paso, dijo Gramatikov, es “saber cuál es el panorama, qué falla y cómo las personas pueden sentirse satisfechas con un servicio de justicia necesario para el desarrollo y la paz del país”.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Este jueves 11 de abril se publicó un informe que indaga cómo ha sido la experiencia que 6.000 colombianos han tenido para acceder a la justicia. El estudio, realizado por el Instituto de La Haya para la Innovación en Derecho (Hiil) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) sirve para detectar qué está fallando en las instituciones a la hora de garantizar el acceso a este derecho.
El informe encuestó a 6.000 personas en 16 municipios (12 de ellos PDET) y tuvo un detalle particular: a diferencia de las encuestas que realizan periódicamente el DANE, el Consejo Superior de la Judicatura o el Departamento Nacional de Planeación, se centra en la experiencia y satisfacción que tienen los ciudadanos frente a la justicia. Además, es el primer censo que se hace en municipios PDET, que, vale la pena recordar, fueron escogidos en el Acuerdo de Paz como zonas donde, según los firmantes, hay altos niveles de pobreza y necesidades insatisfechas; entre ellas, el acceso a justicia.
“Usualmente se hacen encuestas que estudian la cantidad de casos resueltos o por resolver. Eso ofrece una visión muy administrativa. Pero cuando se evalúa las necesidades que una persona, o comunidad, tiene al acceder al servicio, se pueden sacar más conclusiones”, dijo Simón Díaz, investigador del Hiil, a este diario.
De las 6.000 personas encuestadas, el 55 % aseguró haber tenido una “disputa legal” en los últimos cuatro años. Lo problemático de este resultado es que, solo la mitad de estos conflictos, llegaron a buen puerto. Por ejemplo, un caso de linderos (que es una de las causas más comunes de conflictos entre civiles, según el informe) tiene tan solo 50 % de probabilidades de tener resolución en el despacho de un juez. Otro resultado, según el estudio, sería que uno de cada tres conflictos nunca encuentran solución, ya sea porque no hay denuncia o porque los protagonistas acuden a la violencia.
“La administración de justicia es como un sistema de salud: hay muchas personas que tienen dolencias o requieren atención, pero no acuden al hospital. Eso mismo pasa con los problemas legales. En Colombia, no todos los que tienen una necesidad jurídica pueden solventarla, y eso afecta a todo el sistema”, explicó Martin Gramatikov, director de investigación de Hiil, a este periódico. El estudio preguntó aleatoriamente a estas personas tanto en grandes ciudades, como Cartagena o Buenaventura, como en municipios pequeños que históricamente han sentido la carencia del acceso a la justicia, como Tarazá (Antioquia) o Itsmina (Chocó).
El estudio concluye que, además de haber una “brecha en la administración de justicia”, hay grupos que sufren más esta carencia del servicio: por ejemplo, las mujeres, la población desplazada o aquellos que no tienen grandes ingresos o altos niveles educativos. “Una parte considerable de las soluciones se consideran poco justas, mientras que otra parte de los problemas siguen sin resolverse porque las personas ya perdieron completamente la esperanza de su resolución”, reseña el informe.
Aunque en Colombia hay registrados 1.103 municipios, según las cuentas del DANE, los investigadores de Hiil explican que puede ser un informe representativo a nivel nacional para encontrar las fallas y obstáculos que miles de ciudadanos encuentran cuando buscan justicia.
Jeremiah Carew, subdirector de Usaid en Colombia, aseguró, en diálogo con este diario, que el estudio es un escrutinio pequeño, pero puede servir como referencia para conocer la realidad de la justicia en el resto del país. “Cuando los cerros de Bogotá se estaban consumiendo por los incendios, muchas personas pedían al Gobierno acciones rápidas, pero no había datos para hacerlo. Toda decisión pública debe tomarse con datos y estudios previos. Eso es lo que hicimos con el estudio: conocer qué está fallando en algunos municipios y cómo puede extrapolarse esa conclusión a otras zonas donde también hay carencia de justicia, conflicto armado o muchos conflictos”, anotó Carew.
Oportunidad de mejora
Hiil ha hecho este tipo de estudios en al menos 30 países donde el acceso a la justicia es preocupante, sumado a otros problemas como la pobreza y las limitaciones geográficas, como el caso de Kenia, Túnez o Uganda. Luego de la publicación de los informes, los Estados y sus instituciones tienen la última palabra sobre si adoptan, o no, las recomendaciones que el Instituto plasma en sus resultados.
Jhoana Delgado, viceministra de Promoción de la Justicia, aseguró a El Espectador que hacer este tipo de escrutinios es clave para conocer cómo opera la justicia en los territorios más alejados. Como, por ejemplo, San Pelayo (Córdoba), que es un municipio con un área 80 % rural en donde si sus habitantes requieren justicia, deben destinar horas de traslado y recursos económicos para ir a una cabecera municipal donde hay un juzgado o una comisaría. “Si no tenemos en cuenta lo que nos dice la comunidad sobre alguna necesidad jurídica insatisfecha, la respuesta es igual: ineficiente”, aclaró Delgado.
Tanto para el Ministerio, así como para los investigadores del informe, estos resultados deben ir más allá de escribirlos en un papel. Según explicó Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en la presentación de los resultados “no queremos quedarnos con este documento metido en el cajón. El objetivo es ampliar la justicia para reducir brechas y mejorar la calidad y cantidad de datos para conocer cómo funciona el sistema”.
El Instituto Hiil, además, aseguró que hay chance de solucionar la fallas en el sistema, pero el primer paso, dijo Gramatikov, es “saber cuál es el panorama, qué falla y cómo las personas pueden sentirse satisfechas con un servicio de justicia necesario para el desarrollo y la paz del país”.
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