Estrella VI: 20 años de la operación militar que desplazó al nororiente de Medellín

A inicios de este siglo, la problemática del desplazamiento forzado en Medellín se agudizó tras los fuertes operativos militares implementados en la ciudad; los más conocidos, la Operación Orión, en la comuna 13, y Estrella VI en las comunas 1 y 3. La primera, desarrollada en el occidente de la ciudad, tuvo lugar el 16 y el 17 de octubre de 2002, y la segunda, en el oriente, ocurrió durante tres días, desde el 17 de enero de 2003. En el segundo operativo fueron detenidas 67 personas y 52 judicializadas. Tras 20 años, el 28 de septiembre de 2023, los avances y resultados de dos investigaciones sobre la intervención militar fueron presentados por investigadoras de la Universidad de Antioquia y organizaciones sociales ante la sociedad civil y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde 2021, organizaciones y víctimas de la zona nororiental de Medellín, y de la comuna 3 (Manrique), presentaron al Sistema Integral para la Paz el informe titulado “El vuelo de las mariposas”. En el documento abordan las afectaciones del conflicto armado, detallando, además, que Estrella VI consistió en tres días de operativos en la zona, donde participaron 1.000 efectivos, entre agentes de policía, soldados de la IV Brigada, Fuerza Aérea, CTI y fiscales, al mando del general (r) Mario Montoya. El objetivo militar, según el Ejército, era recuperar el control territorial de barrios en donde había presencia de guerrilla y autodefensas.

Le puede interesar: Mario Montoya: razones de la JEP para imputar a general (r) por falsos positivos

Fue así que después de 20 años, el Grupo de Investigación Derecho y Sociedad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de Antioquia entregó algunos de los resultados preliminares de su pesquisa “Criminalización secundaria y desplazamiento forzado en el barrio La Honda (Medellín)”*. En esta, analizaron 245 noticias seleccionadas que narraron las operaciones militares y los discursos de gobernantes de esa época, así como el expediente del proceso penal por la intervención; sumado a entrevistas con víctimas y líderes. Con los resultados, las investigadoras buscan mostrar los patrones del operativo y profundizar sobre los daños y afectaciones que tuvo sobre los colectivos de la zona, especialmente contra militantes de la Unión Patriótica.

La Cruz y La Honda fueron dos territorios ubicados en la zona nororiental, poblados principalmente por personas que llegaron desplazadas forzosamente por el conflicto armado de subregiones de Urabá, occidente y oriente del departamento y Chocó. Desde entonces, entre familias, algunas de comunidades afros e indígenas, se unieron para construir sus viviendas a través de convites.

Sin embargo, las investigadoras hallaron que desde las autoridades y el Gobierno local, se usaron diferentes discursos y acciones de criminalización cuyo objetivo era la población desplazada interna. De esta manera, explica la investigación, los habitantes estuvieron expuestos a procesos de criminalización consistentes en señalamientos, capturas, allanamientos, represiones de las instituciones policiales y de seguridad del Estado, encarcelamientos y procesos penales, etc.

Lea también: Macrocaso de violencia sexual de la JEP: un mecanismo de acceso a la justicia

Para Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), “el operativo Estrella VI no estuvo aislado de toda una estrategia de control y de represión que el Estado ha diseñado en contra de comunidades”. Según la abogada, las víctimas siguen reclamando que este es un caso que está en total impunidad como todas las operaciones militares. “Son casos que no han sido investigados, que no han sido juzgados, ni sancionados, pese a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron; las cuales incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, que causaron nuevos desplazamientos que se dieron”, dice la investigadora.

De ahí que, para las víctimas de desplazamiento forzado a partir de la persecución por parte de la fuerza pública en la comuna 3, el primer reclamo que hay es frente al tema de la justicia. Además de la impunidad que menciona la integrante de la corporación, están a la espera de un reconocimiento de responsabilidades de los altos mandos militares que lideraron los operativos. “Lo que las comunidades siguen pidiendo es que se supere ese discurso negacionista y justificatorio que hoy en día sigue habiendo. Todavía, los responsables de esos operativos militares siguen diciendo que estas operaciones se justificaban”, dice Arboleda. Así también, frente a la garantía de derechos, los sobrevivientes exigen una reparación a través de procesos restaurativos a nivel individual y colectivo.

La investigación halló que muchas de las prácticas de Orión se replicaron en Estrella VI. Lo que describe Arboleda, se sostiene, por ejemplo, en este testimonio citado en la presentación: “Al comienzo tiraron fue a atacar a la comunidad, usted sabe cómo era X de peleona, entonces era pelear con ellos. A nosotros nos trataban de guerrilleros, o sea, a todos nos trataban de guerrilleros, esto era una comunidad de guerrilleros y la verdad no. Aquí sí había guerrilla, pero no era la comunidad, no éramos todos”.

A partir de esos señalamientos, según el informe de memoria de sector: “Los allanamientos a las moradas de los detenidos, así como su detención, se hizo mediante la utilización de personas encapuchadas, quienes iban señalando de forma arbitraria a las personas, acusándolos de ser milicianos, auxiliadores de los grupos subversivos”.

Le puede interesar: Colectivo de abogadas en Cartagena lucha para dar justicia a violencias de género

El patrón de violencia que se replica se refiere a los señalamientos de informantes encapuchados y armados, y en la presencia de una fiscal tanto en la operación militar como diversos los operativos que sucedieron después, al punto que era reconocida y temida en el barrio. Asimismo, según el expediente citado en análisis por el grupo investigativo, dice que la Fiscalía y demás organismos de policía judicial, respondieron a perfilamientos hechos por las autoridades locales contra las personas desplazadas internas, a sus organizaciones y a las demás colectivos de derechos humanos que las rodearon.

Dentro de los detenidos estaban todos los directivos del Movimiento Social de Desplazados (MOSDA), Luis Carlos Durando (Presidente); Bernardo Lozano (Secretario); y Nora Cecilia Ramírez (Tesorera); el presidente de la JAC del barrio La Honda, Alfredo Mejía y coordinadores de diversos comités barriales de la comunidad. De esas 67 personas capturadas, seis tenían orden de captura por delito común. El resto de personas fueron capturadas con imputaciones por rebelión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y homicidio. “Hay una historia de un niño que cogen a plena luz del día, le quitan los tenis y le ponen las botas. Si la gente no llega en ese momento a detenerlos, se lo llevan, porque allá tenemos denuncias de falsos positivos”, cuenta una habitante de la comuna.

En el evento también participó virtualmente Óscar Parra, magistrado de la JEP y relator del macrocaso 08 que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, quien resaltó el trabajo investigativo de la universidad y explicó los avances en materia de la justicia especial frente a estos hechos. “Resulta relevante este tipo de análisis desde a perspectiva de los derechos humanos y la investigación académica”, le dijo al auditorio.

El trabajo recopilado por la academia y la comunidad fue entregado, tanto a la JEP como a los mismos líderes del territorio, para quienes responde a un proceso que apenas comienza a comprender la verdad de lo que luego generó tantas fracturas sociales en sus barrios. “Quiero resaltar nuestra capacidad de resistencia, cómo la ciudad se levantó”, dice Claudia Reginfo, integrante de Memoria y Paz. Dice ella que el derecho al territorio sería una de las formas de reparar a la comuna 3, ante lo que han denominado un crimen de Estado que se mantiene impune.

*El proyecto fue realizado por investigadoras e investigadores de diversas disciplinas vinculados al grupo Derecho y Sociedad, al grupo de Estudios Internacionales: Derecho, Economía, Política y Relaciones Internacionales, ambos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de A. Al Grupo de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de la misma institución, el Grupo Ratio Juris de la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Colectivo Raíces.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

A inicios de este siglo, la problemática del desplazamiento forzado en Medellín se agudizó tras los fuertes operativos militares implementados en la ciudad; los más conocidos, la Operación Orión, en la comuna 13, y Estrella VI en las comunas 1 y 3. La primera, desarrollada en el occidente de la ciudad, tuvo lugar el 16 y el 17 de octubre de 2002, y la segunda, en el oriente, ocurrió durante tres días, desde el 17 de enero de 2003. En el segundo operativo fueron detenidas 67 personas y 52 judicializadas. Tras 20 años, el 28 de septiembre de 2023, los avances y resultados de dos investigaciones sobre la intervención militar fueron presentados por investigadoras de la Universidad de Antioquia y organizaciones sociales ante la sociedad civil y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde 2021, organizaciones y víctimas de la zona nororiental de Medellín, y de la comuna 3 (Manrique), presentaron al Sistema Integral para la Paz el informe titulado “El vuelo de las mariposas”. En el documento abordan las afectaciones del conflicto armado, detallando, además, que Estrella VI consistió en tres días de operativos en la zona, donde participaron 1.000 efectivos, entre agentes de policía, soldados de la IV Brigada, Fuerza Aérea, CTI y fiscales, al mando del general (r) Mario Montoya. El objetivo militar, según el Ejército, era recuperar el control territorial de barrios en donde había presencia de guerrilla y autodefensas.

Le puede interesar: Mario Montoya: razones de la JEP para imputar a general (r) por falsos positivos

Fue así que después de 20 años, el Grupo de Investigación Derecho y Sociedad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de Antioquia entregó algunos de los resultados preliminares de su pesquisa “Criminalización secundaria y desplazamiento forzado en el barrio La Honda (Medellín)”*. En esta, analizaron 245 noticias seleccionadas que narraron las operaciones militares y los discursos de gobernantes de esa época, así como el expediente del proceso penal por la intervención; sumado a entrevistas con víctimas y líderes. Con los resultados, las investigadoras buscan mostrar los patrones del operativo y profundizar sobre los daños y afectaciones que tuvo sobre los colectivos de la zona, especialmente contra militantes de la Unión Patriótica.

La Cruz y La Honda fueron dos territorios ubicados en la zona nororiental, poblados principalmente por personas que llegaron desplazadas forzosamente por el conflicto armado de subregiones de Urabá, occidente y oriente del departamento y Chocó. Desde entonces, entre familias, algunas de comunidades afros e indígenas, se unieron para construir sus viviendas a través de convites.

Sin embargo, las investigadoras hallaron que desde las autoridades y el Gobierno local, se usaron diferentes discursos y acciones de criminalización cuyo objetivo era la población desplazada interna. De esta manera, explica la investigación, los habitantes estuvieron expuestos a procesos de criminalización consistentes en señalamientos, capturas, allanamientos, represiones de las instituciones policiales y de seguridad del Estado, encarcelamientos y procesos penales, etc.

Lea también: Macrocaso de violencia sexual de la JEP: un mecanismo de acceso a la justicia

Para Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), “el operativo Estrella VI no estuvo aislado de toda una estrategia de control y de represión que el Estado ha diseñado en contra de comunidades”. Según la abogada, las víctimas siguen reclamando que este es un caso que está en total impunidad como todas las operaciones militares. “Son casos que no han sido investigados, que no han sido juzgados, ni sancionados, pese a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron; las cuales incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, que causaron nuevos desplazamientos que se dieron”, dice la investigadora.

De ahí que, para las víctimas de desplazamiento forzado a partir de la persecución por parte de la fuerza pública en la comuna 3, el primer reclamo que hay es frente al tema de la justicia. Además de la impunidad que menciona la integrante de la corporación, están a la espera de un reconocimiento de responsabilidades de los altos mandos militares que lideraron los operativos. “Lo que las comunidades siguen pidiendo es que se supere ese discurso negacionista y justificatorio que hoy en día sigue habiendo. Todavía, los responsables de esos operativos militares siguen diciendo que estas operaciones se justificaban”, dice Arboleda. Así también, frente a la garantía de derechos, los sobrevivientes exigen una reparación a través de procesos restaurativos a nivel individual y colectivo.

La investigación halló que muchas de las prácticas de Orión se replicaron en Estrella VI. Lo que describe Arboleda, se sostiene, por ejemplo, en este testimonio citado en la presentación: “Al comienzo tiraron fue a atacar a la comunidad, usted sabe cómo era X de peleona, entonces era pelear con ellos. A nosotros nos trataban de guerrilleros, o sea, a todos nos trataban de guerrilleros, esto era una comunidad de guerrilleros y la verdad no. Aquí sí había guerrilla, pero no era la comunidad, no éramos todos”.

A partir de esos señalamientos, según el informe de memoria de sector: “Los allanamientos a las moradas de los detenidos, así como su detención, se hizo mediante la utilización de personas encapuchadas, quienes iban señalando de forma arbitraria a las personas, acusándolos de ser milicianos, auxiliadores de los grupos subversivos”.

Le puede interesar: Colectivo de abogadas en Cartagena lucha para dar justicia a violencias de género

El patrón de violencia que se replica se refiere a los señalamientos de informantes encapuchados y armados, y en la presencia de una fiscal tanto en la operación militar como diversos los operativos que sucedieron después, al punto que era reconocida y temida en el barrio. Asimismo, según el expediente citado en análisis por el grupo investigativo, dice que la Fiscalía y demás organismos de policía judicial, respondieron a perfilamientos hechos por las autoridades locales contra las personas desplazadas internas, a sus organizaciones y a las demás colectivos de derechos humanos que las rodearon.

Dentro de los detenidos estaban todos los directivos del Movimiento Social de Desplazados (MOSDA), Luis Carlos Durando (Presidente); Bernardo Lozano (Secretario); y Nora Cecilia Ramírez (Tesorera); el presidente de la JAC del barrio La Honda, Alfredo Mejía y coordinadores de diversos comités barriales de la comunidad. De esas 67 personas capturadas, seis tenían orden de captura por delito común. El resto de personas fueron capturadas con imputaciones por rebelión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y homicidio. “Hay una historia de un niño que cogen a plena luz del día, le quitan los tenis y le ponen las botas. Si la gente no llega en ese momento a detenerlos, se lo llevan, porque allá tenemos denuncias de falsos positivos”, cuenta una habitante de la comuna.

En el evento también participó virtualmente Óscar Parra, magistrado de la JEP y relator del macrocaso 08 que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, quien resaltó el trabajo investigativo de la universidad y explicó los avances en materia de la justicia especial frente a estos hechos. “Resulta relevante este tipo de análisis desde a perspectiva de los derechos humanos y la investigación académica”, le dijo al auditorio.

El trabajo recopilado por la academia y la comunidad fue entregado, tanto a la JEP como a los mismos líderes del territorio, para quienes responde a un proceso que apenas comienza a comprender la verdad de lo que luego generó tantas fracturas sociales en sus barrios. “Quiero resaltar nuestra capacidad de resistencia, cómo la ciudad se levantó”, dice Claudia Reginfo, integrante de Memoria y Paz. Dice ella que el derecho al territorio sería una de las formas de reparar a la comuna 3, ante lo que han denominado un crimen de Estado que se mantiene impune.

*El proyecto fue realizado por investigadoras e investigadores de diversas disciplinas vinculados al grupo Derecho y Sociedad, al grupo de Estudios Internacionales: Derecho, Economía, Política y Relaciones Internacionales, ambos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de A. Al Grupo de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de la misma institución, el Grupo Ratio Juris de la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Colectivo Raíces.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador