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Un nuevo proyecto empezó a surtir el trámite legislativo para convertirse en ley. Se trata de una iniciativa que busca que la explotación sexual, un problema de vieja data en Colombia, sea castigado con más dureza y el Estado prevenga estas agresiones antes de que los delitos ya se hayan consumado. Esta vez tiene un par de artículos novedosos: pone sobre la mesa cómo las plataformas digitales (redes sociales o aplicaciones de alojamiento) pueden estar teniendo responsabilidad en que continúe la espiral de violencia sexual. El Espectador tuvo acceso al proyecto de ley y habló con algunos de sus ponentes para entenderlo.
Nuevos tiempos
El proyecto de ley, apoyado por al menos 29 legisladores pertenecientes al Senado y la Cámara de Representantes, pone sobre la mesa de debate una cuestión que desde hace años se viene presentando en Colombia: cómo los entornos digitales se han convertido en algunas ocasiones en escenarios propensos para la violencia sexual.
El argumento principal para proponer un nuevo texto a disposición del Legislativo es que, así como la tecnología ha sido utilizada para el desarrollo y democratizar la información, también ha sido aprovechada para facilitar y cometer delitos. De acuerdo con informes de Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc), la trata y explotación sexual es el tercer negocio ilícito más rentable y demandado en el mundo y el cual afecta, en la mayoría de los casos a mujeres adultas y personas de poblaciones vulnerables, como afros, indígenas, migrantes, niños o integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Uno de los casos sonados este año es el de Dominick Divincenzo, un estadounidense que fue capturado en Medellín y que, tras su proceso penal, se le comprobó que contactó durante más de un año a víctimas de explotación sexual por medio de redes sociales, según documentó El Armadillo.
Si bien el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia ya hablan sobre ciertas conductas que son castigadas, no hay un control político frente a cómo una red social o una aplicación de arrendamiento puede facilitar la explotación y abuso sexual, tanto de niños y jóvenes como adultos. La ley original que tipifica y penaliza la trata de personas fue aprobada en 2009 y, en 15 años que lleva vigente, solo se le ha modificado un pequeño parágrafo.
Mientras que la Procuraduría contabiliza en al menos 3.500 niños que han caído en modalidades de acoso sexual cibernético, hay otras organizaciones que elevan la cifra. Tal es el caso de un grupo de 22 ONG latinoamericanas que alertaron en mayo de este año que, según sus cálculos, uno de cada cuatro niños ha sido contactado con fines sexuales y podría convertirse en potencial víctima de explotación por medio de redes sociales.
Incluso, un reporte de la Embajada de Estados Unidos de 2024 llama la atención por la falta de prevención y acceso a la justicia frente a las víctimas. “Sigue existiendo cierto nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica para las víctimas (...) Aunque el Gobierno cumple los estándares mínimos, las autoridades judiciales no procesan penalmente ni condenan casos de trata laboral. Además, los esfuerzos para procesar y condenar funcionarios cómplices fueron inadecuados y las condenas por trata siguen siendo críticamente bajas en relación con el delito”, precisa el texto.
La presentación del proyecto en la Secretaría del Senado llega a buena hora, dice Esteban Reyes, director de la ONG Aldeas Infantiles, porque solo en 2023, hubo un promedio de 56 agresiones sexuales contra los niños a diario. Esto es, en otras palabras, una violencia sexual cada 35 minutos o menos y la cifra teniendo en cuenta todos los grupos etarios escala aún más.
“Colombia viene registrando un alarmante incremento en los casos de trata de personas, con un total de 264 denuncias. Esto representa un aumento del 64 % en comparación con el año anterior y se convierte en la cifra más alta de los últimos 15 años”, reza el proyecto de ley.
¿Qué busca el proyecto?
La iniciativa compuesta por 40 páginas busca reforzar algunos vacíos que las leyes anteriores han dejado sin resolver. Uno de ellos, es añadir a la legislación colombiana que el Estado es responsable de prevenir, rescatar y atender a las personas que pueden o ya han sido víctimas de este delito. Este artículo es importante porque queda explícito, en otras palabras, que independientemente del origen, nacionalidad, edad o género de quien sufre esta violencia, este hecho debe considerarse y procesarse como lo que es: un crimen.
Otra de las piedras angulares del proyecto se centra en el acceso a la justicia para las víctimas. En la sintaxis queda explícito que “el Estado tendrá la obligación de evitar que las víctimas sean revictimizadas, criminalizadas o perseguidas” y deberá garantizar que sus identidades y seguridad siempre sean tomadas en cuenta en el momento de iniciar litigios penales para procesar a los culpables.
La iniciativa, de ser aprobada, se convierte en un marco legal más duro y amplio para combatir la explotación sexual. Actualmente, la pena por este delito oscila entre 13 y 23 años, período que se busca aumentar a través de esta ley. Pero además, el proyecto busca que una serie de violencias que antes habían sido omitidas por la legislación, aparezcan en la ley y sean castigadas. Tal es el caso del matrimonio infantil, el proxenetismo, uso de plataformas digitales como medio para cometer el delito e incluso, sancionar a las personas cómplices que transportan, comercien, permitan o faciliten la epxlotación sexual.
“Se busca fortalecer las acciones de persecución a organizaciones criminales y, en general, la investigación, judicialización y sanción del delito de trata de personas tanto en los entornos físicos como en los digitales”, explica en el proyecto de ley.
Una violencia invisible
Danitza Marentes, directora de la ONG Valientes, asegura que la explotación sexual y la trata de personas, especialmente dirigida a menores de edad, es un problema invisibilizado socialmente pero muy frecuente en todo el país. Según una investigación que llevó a cabo esa organización, el delito de explotación sexual está presente en todos los 32 departamentos de Colombia.
“No es solo lugares específicos como Medellín o Cartagena, incluso en algunos de los mejores barrios de Bogotá, o en lugares pequeños, como San Andrés y Providencia, se presentan estos casos”, dice la abogada.
¿De dónde sale esta información? La abogada y el resto del equipo de la ONG Valientes emitieron varios derechos de petición a la Fiscalía para conocer cuántos son los registros que reposan en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de esta entidad. En las respuestas que entregó el ente investigador pudieron dar cuenta que desde 2010, en Colombia se han presentado poco más de 22.000 víctimas de explotación sexual o trata de personas con fines sexuales.
Además, encontraron que hay departamentos en donde usualmente no se concibe la explotación sexual, pero que de acuerdo con los datos del SPOA, es donde más delitos de este tipo se presentan por cada 100.000 habitantes, como es el caso de Bogotá, Quindío o Guaviare.
El proyecto de ley aún no tiene agenda para empezar a recorrer los cuatro debates que debe avanzar para convertirse en ley, aunque la esperanza de Marentes y los otros participantes es que sea debatido en esta legislatura que termina en julio de 2025. El proyecto, en el que los peligros de las redes sociales empiezan a resonar con más fuerza, ahora dependerá de los legisladores.
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