Medio centenar de personas se reunieron frente al inmenso portón de la Escuela Logística del Ejército Nacional, en el centro de Bogotá, para intentar encontrar alguna nueva pista sobre sus familiares desaparecidos. Este jueves 18 de julio, durante cuatro horas, las madres, esposas, hijas y allegados de quienes fueron desaparecidos forzosamente en el conflicto, alzaron su voz para que la justicia, tras décadas de silencio, les devuelva a sus parientes.
Los reclamos tienen una nueva arista que les ha dado esperanza a las personas que, en algunos casos, llevan hasta 40 años en la búsqueda de los desaparecidos. Se trata de una revelación de la emisora La W, que detalló que en los estrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) el sargento (r) José Leonairo Dorado, aseguró que en los cerros orientales de Bogotá y en la Escuela de Logística del Ejército, estarían los cuerpos de Pedro Julio Movilla, Nydia Érika Bautista, Amparo Tordesillas, Jesús Alirio Pedraza y de casi una docena de víctimas más.
El testimonio de Dorado es valioso, no solo para reavivar la expectativa de esposas e hijos que llevan casi la mitad de su vida buscando, sino porque su declaración fue frente a la JEP; es decir, es una testificación juramentada y sobre la cual depende que ese tribunal le conceda, o no, los beneficios de la justicia transicional. Ante este tribunal, Córdoba dijo que, por ejemplo, desde esa Brigada militar se orquestó y ordenó el asesinato de líderes de izquierda del siglo pasado, como Manuel Cepeda, padre del hoy senador Iván Cepeda; o de Eduardo Umaña, abogado y papá del viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña.
Un reclamo urgente
Aparte de exigir que se procese al menos a seis militares que estuvieron involucrados en el asesinato y desaparición de Pedro Julio Movilla, sus familiares exigen que la JEP decrete inmediatamente medidas cautelares en la Escuela Logística del Ejército para hacer la búsqueda de su pariente. Este tipo de medidas son una decisión que la jurisdicción realiza en cementerios, escuelas e incluso ríos, para que esos espacios sean protegidos y declarados inalterables para poder encontrar los cuerpos que se presume se encuentran allí.
Candelaria Vergara, esposa de Pedro Julio Movilla, desaparecido en 1993, explicó que es sumamente importante que el Ministerio de Defensa, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) acaten esa solicitud en pro de la justicia de las víctimas en Bogotá. Aunque el documento apenas se radicó formalmente a estas entidades el 4 de julio, los familiares aseguran que no han tenido respuesta.
“Ya nos quitaron a Pedro Julio una vez. Ya el Estado fue condenado por su responsabilidad en su desaparición, asesinato y tortura, pero nosotros aún no sabemos dónde está su cuerpo. Necesitamos medidas cautelares para que no nos lo vuelvan a quitar. Ni a él, ni a los miles y miles de desaparecidos en el país”, dijo Vergara. Además, explicó que las medidas deben ser tomadas cuanto antes, pues entre más tiempo pase, mayores son las probabilidades que los cuerpos que se presumen que están en esa instalación militar sean removidos o escondidos en otros lugares.
Más espera, menos tiempo
El caso de Pedro Julio Movilla, aunque sigue incógnito frente a la recuperación de sus restos, ha logrado un gran avance en la justicia. El sindicalista fue desaparecido el 13 de mayo de 1993. Tres años después de su desaparición, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) asumió la representación legal del caso y luchó hasta 2022, cuando gracias al trabajo de la familia de Movilla se logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado por el crimen.
Para Candelaria, que hoy está próxima a cumplir 80 años, es simbólico todos estos actos de justicia. Incluso, cuando en diciembre de 2023, el ministro de Defensa Iván Velásquez pidió excusas públicas en nombre del Estado por haber permitido que el crimen de Movilla se perpetuara por funcionarios públicos, y por no haber podido ofrecer respuestas sobre qué fue lo que realmente sucedió. Sin embargo, el único anhelo de esta mujer es que, tras más de 31 años de búsqueda y revictimizaciones, se encuentre el cuerpo de su esposo y se le pueda hacer un entierro y despedida digna.
De la JEP, el Ministerio de Defensa y la UBPD depende, a final de cuentas, que se declaren las medidas cautelares para intentar ofrecer encontrar el cuerpo de Movilla y los demás desaparecidos. Además, son entidades que ahora tienen la tarea de ofrecer lo que la justicia no ha podido en cuatro décadas: poner punto final al sufrimiento de las familias que aún no encuentran a sus parientes víctimas del conflicto armado.
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