Colectivos exigen justicia a la Fiscalía frente a la oleada de feminicidios
Al menos cinco colectivos de derechos humanos gritaron arengas frente a la sede de la Fiscalía en Bogotá para reclamar celeridad en la investigación frente a los feminicidios; pero también para buscar una decisión que ofrezca justicia a casi un centenar de casos registrados en 2024.
Las respuestas que la justicia ha ofrecido a investigar y procesar casi un centenar de feminicidios en Colombia se convirtieron en el motivo por el que colectivos de derechos humanos protestaron en la tarde de este martes. Las marchas, lideradas por cinco organizaciones feministas frente al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, fueron un pedido de justicia y celeridad frente a las muertes violentas contra las mujeres por razones de género.
Los reclamos de estos cinco colectivos se centran en un pedido urgente frente a lo que, según precisaron en entrevista con El Espectador, es una “crisis de feminicidios que vive Colombia”. Y es que, solo en la última semana se han conocido cuatro casos, tres mujeres y una niña, respectivamente.
La procuraduría, por su parte, alertó a finales de mayo que cada semana que ha transcurrido de este 2024, han sido asesinadas, en promedio, cuatro mujeres. Esto significa cerca de un centenar de casos que, según explicaron las líderes de los colectivos que se manifestaron, aún se encuentran sin respuesta de la justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
“La protesta es frente a los feminicidios y la emergencia de agresiones contra la mujer que venimos registrando últimamente. Pero también hay otros temas pendientes que vinimos a exigir, como la explotación sexual y trata de menores. El llamado a la Fiscalía es que estos casos, que hay que recordar que son la última manifestación de violencia contra la mujer, sea atendido rápido y eficazmente”, cuenta Lucille Dupin, artista e integrante del colectivo feminista Olga Castillo.
El papel de la Fiscalía es, al menos en el papel, el de recibir las denuncias de agresiones que sean consideradas como delito o, en otras palabras, violaciones al Código Penal. Por ejemplo, es función de los fiscales recibir en sus despachos las denuncias de mujeres que han sido agredidas, acosadas sexualmente o en última instancia, víctimas de tentativa de feminicidio.
“Solicitamos a la Fiscalía una mesa de trabajo interinstitucional para atender los casos de las mujeres víctimas de todas las violencias que las marcan solo por ser mujeres. La institucionalidad no le está dando cumplimiento a las leyes ganadas y no se está garantizando la prevención real ni el número real de casos que se están dando. Si así ha sido los últimos días en Bogotá, que registró tres feminicidios, se puede pensar la situación en los territorios”, cuenta Alejandra Vera, directora del colectivo Mujer Denuncia y Muévete.
Primero reconocer
Uno de los principales reclamos de la protesta se centra en que los fiscales, tanto en las ciudades principales como en municipios pequeños, deben ser conscientes de que las mujeres que llegan a sus despachos alegan no ser atendidas con enfoque de género. Esto, según argumentan expertas, obstaculiza el acceso a la justicia y puede ocasionar perjuicios en la ruta de atención, lo que podría hacer que las víctimas desistan de denunciar sus casos o no acudan en una próxima ocasión a la Fiscalía.
Hace un año, por ejemplo, la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía Local de Barrancabermeja por haber revictimizado a una denuncia que llegó a sus instalaciones denunciando violencia de género. Según constató este alto tribunal, hubo episodios de negligencia, incredulidad frente a la violencia de género y, tras más de dos años de espera, su caso no había sido resuelto ante la justicia.
“El origen de la violencia de género, y su solución, no radica en la Fiscalía, es algo estructural. Pero no se atienden ni las causas (que son los pensamientos machistas y violencias de género), ni las consecuencias (que son las violencias, agresiones y asesinatos). Y este panorama solo deja impunidad a quienes lo cometen”, acota Dupin.
Otras participantes, que también lideran colectivos de derechos de las mujeres, le contaron a este diario que el reconocimiento de que esta violencia existe y que está siendo invisibilizada por la justicia, debe ser un punto clave en la discusión. Esto se da debido a que las cifras estatales sobre agresiones, tentativas y feminicidios consumados contrastan mucho entre organizaciones de derechos humanos y las entidades estatales. Un ejemplo es que, mientras la Fiscalía registra poco menos de 50 feminicidios en el primer semestre de 2024, hay organizaciones que documentan cifras cuatro o cinco veces más altas. El Observatorio de Feminicidios, un colectivo feminista que trabaja con bases de datos, reporta que en lo corrido del año ha habido al menos 271 casos.
Los colectivos aseguraron que el plantón, al que asistieron cerca de una treintena de activistas, terminó con una sensación agridulce. Aunque la Fiscalía haga constantemente capacitaciones para enseñar sobre enfoque de género a sus funcionarios, los reclamos seguirán versando en que la justicia debe atender, investigar y procesar judicialmente a los responsables de estas violencias.
“Sabemos que hay fiscales que aplican el enfoque de género y hacen bien su trabajo dentro de la entidad. Pero hay que surtir muchas etapas que requieren tiempo y consumen esfuerzos. Y es en ese tiempo en que niñas y mujeres son violentadas y asesinadas”, comenta Dupin.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Las respuestas que la justicia ha ofrecido a investigar y procesar casi un centenar de feminicidios en Colombia se convirtieron en el motivo por el que colectivos de derechos humanos protestaron en la tarde de este martes. Las marchas, lideradas por cinco organizaciones feministas frente al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, fueron un pedido de justicia y celeridad frente a las muertes violentas contra las mujeres por razones de género.
Los reclamos de estos cinco colectivos se centran en un pedido urgente frente a lo que, según precisaron en entrevista con El Espectador, es una “crisis de feminicidios que vive Colombia”. Y es que, solo en la última semana se han conocido cuatro casos, tres mujeres y una niña, respectivamente.
La procuraduría, por su parte, alertó a finales de mayo que cada semana que ha transcurrido de este 2024, han sido asesinadas, en promedio, cuatro mujeres. Esto significa cerca de un centenar de casos que, según explicaron las líderes de los colectivos que se manifestaron, aún se encuentran sin respuesta de la justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
“La protesta es frente a los feminicidios y la emergencia de agresiones contra la mujer que venimos registrando últimamente. Pero también hay otros temas pendientes que vinimos a exigir, como la explotación sexual y trata de menores. El llamado a la Fiscalía es que estos casos, que hay que recordar que son la última manifestación de violencia contra la mujer, sea atendido rápido y eficazmente”, cuenta Lucille Dupin, artista e integrante del colectivo feminista Olga Castillo.
El papel de la Fiscalía es, al menos en el papel, el de recibir las denuncias de agresiones que sean consideradas como delito o, en otras palabras, violaciones al Código Penal. Por ejemplo, es función de los fiscales recibir en sus despachos las denuncias de mujeres que han sido agredidas, acosadas sexualmente o en última instancia, víctimas de tentativa de feminicidio.
“Solicitamos a la Fiscalía una mesa de trabajo interinstitucional para atender los casos de las mujeres víctimas de todas las violencias que las marcan solo por ser mujeres. La institucionalidad no le está dando cumplimiento a las leyes ganadas y no se está garantizando la prevención real ni el número real de casos que se están dando. Si así ha sido los últimos días en Bogotá, que registró tres feminicidios, se puede pensar la situación en los territorios”, cuenta Alejandra Vera, directora del colectivo Mujer Denuncia y Muévete.
Primero reconocer
Uno de los principales reclamos de la protesta se centra en que los fiscales, tanto en las ciudades principales como en municipios pequeños, deben ser conscientes de que las mujeres que llegan a sus despachos alegan no ser atendidas con enfoque de género. Esto, según argumentan expertas, obstaculiza el acceso a la justicia y puede ocasionar perjuicios en la ruta de atención, lo que podría hacer que las víctimas desistan de denunciar sus casos o no acudan en una próxima ocasión a la Fiscalía.
Hace un año, por ejemplo, la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía Local de Barrancabermeja por haber revictimizado a una denuncia que llegó a sus instalaciones denunciando violencia de género. Según constató este alto tribunal, hubo episodios de negligencia, incredulidad frente a la violencia de género y, tras más de dos años de espera, su caso no había sido resuelto ante la justicia.
“El origen de la violencia de género, y su solución, no radica en la Fiscalía, es algo estructural. Pero no se atienden ni las causas (que son los pensamientos machistas y violencias de género), ni las consecuencias (que son las violencias, agresiones y asesinatos). Y este panorama solo deja impunidad a quienes lo cometen”, acota Dupin.
Otras participantes, que también lideran colectivos de derechos de las mujeres, le contaron a este diario que el reconocimiento de que esta violencia existe y que está siendo invisibilizada por la justicia, debe ser un punto clave en la discusión. Esto se da debido a que las cifras estatales sobre agresiones, tentativas y feminicidios consumados contrastan mucho entre organizaciones de derechos humanos y las entidades estatales. Un ejemplo es que, mientras la Fiscalía registra poco menos de 50 feminicidios en el primer semestre de 2024, hay organizaciones que documentan cifras cuatro o cinco veces más altas. El Observatorio de Feminicidios, un colectivo feminista que trabaja con bases de datos, reporta que en lo corrido del año ha habido al menos 271 casos.
Los colectivos aseguraron que el plantón, al que asistieron cerca de una treintena de activistas, terminó con una sensación agridulce. Aunque la Fiscalía haga constantemente capacitaciones para enseñar sobre enfoque de género a sus funcionarios, los reclamos seguirán versando en que la justicia debe atender, investigar y procesar judicialmente a los responsables de estas violencias.
“Sabemos que hay fiscales que aplican el enfoque de género y hacen bien su trabajo dentro de la entidad. Pero hay que surtir muchas etapas que requieren tiempo y consumen esfuerzos. Y es en ese tiempo en que niñas y mujeres son violentadas y asesinadas”, comenta Dupin.
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