El curso especial en justicia restaurativa dado en el marco del Programa Justicia Inclusiva de USAID gradúo a 151 operadores de justicia. Los funcionarios ejercen en inspecciones y comisarías de los municipios de El Carmen de Bolívar (Bolívar), Caucasia (Antioquia), Montería y Puerto Libertador (Córdoba). Este taller fue un espacio para el reencuentro, el reconocimiento, la responsabilidad, la reparación, la restauración, la reconstrucción y la reintegración; un espacio para el diálogo, la reflexión y el autocuestionamiento.
“Este curso especial en justicia restaurativa fue una oportunidad para reconstruir los cimientos para la paz, la reconciliación, la reconstrucción del tejido social y el perdón. Todo esto, mediante el empoderamiento de las partes, tanto de las personas que han recibido un daño, como de las personas que lo causaron, así como de las comunidades a las que las partes pertenecen, y que, directa o indirectamente, también han sido afectadas”, escribe la organización mediante un comunicado.
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La meta, en un inicio, fue formar a 70 personas en justicia restaurativa, pero fueron 151 operadores de justicia formal y no formal os que culminaron el curso, lo que significa un cumplimiento de 215% de la meta. Se graduaron 53 estudiantes en El Carmen de Bolívar, 39 en Caucasia, 33 en Montería y 26 en Puerto Libertador. Según los líderes del curso, el 84% de quienes hoy se gradúan no había participado nunca en un encuentro de justicia restaurativa y el 50% no sabía que era la justicia restaurativa.
El curso contó con una fase teórica sincrónica y otra presencial, así como un módulo práctico presencial. En el desarrollo del proyecto se adelantaron 38 encuentros restaurativos, trabajando con casas de justicia, inspecciones de policía y comisarías de familia, entre otros. Estos espacios fueron tomados para el acercamiento comunitario, entre quienes han cometido un delito de baja gravedad y quienes han resultado afectados por este hecho, buscando la reparación y la restauración, con un enfoque psicosocial.
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Los principales delitos en los que se realizaron encuentros entre las partes fueron injuria y calumnia, daño en bien ajeno, abuso de confianza, lesiones personales, agresiones verbales, malversación y dilapidación de bienes familiares; así como perturbación a la convivencia, hurto, violencia psicológica, abandono de persona mayor de 60 años, perturbación a la posesión e inasistencia alimentaria.
La metodología del curso estuvo enfocada en el reconocimiento del daño y en la reparación, con el fin de integrar a las personas y a las comunidades que estuvieron involucradas en una acción que causó un daño. De esta manera, pudieron analizar y entender que todos sufren las consecuencias de este acto y se deben reparar las relaciones, con énfasis también en los valores morales de la sociedad.
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Con la culminación del curso, informó la organización, se busca crear una red de servicios de oferta pública y privada, para apoyar la realización de acuerdos restaurativos, continuar el trabajo de relacionamiento con las entidades estatales que tienen dentro de sus funciones acompañar procesos sociales, de solución de conflictos o de mediación. Por ahora, uno de los retos de los graduandos y de las entidades es promover una mayor participación de las instituciones, a través de casos penales, a los que se les apliquen los principios de justicia restaurativa.
Conciliadores, mediadores, jueces de paz, comisarios, fiscales y todos los graduandos se han comprometido a poner en práctica lo aprendido. Es así que, promoviendo los principios de justicia restaurativa como método de resolución de conflictos, con un lenguaje restaurador, humanizando los conflictos, eliminando estereotipos, estigmas y etiquetas, buscan que las personas no sean definidas por sus errores del pasado, para que como sociedad tengamos en cuenta que todos y todas tenemos la capacidad de cambiar con un sentido de autoconciencia.
Este proyecto, adelantado por el Programa Justicia Inclusiva de USAID, a través de la Fundación APG, Paz & Reconciliación, fue desarrollado también en los municipios de Santander de Quilichao (Cauca), Puerto Asís y Valle de Guamuez (Putumayo) y Tumaco (Nariño). En total, en los ocho municipios de los seis departamentos se graduaron 236 operadores en justicia restaurativa, y se realizaron 79 encuentros restaurativos.
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