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Bogotá reúne por tercera vez, del 28 al 30 de mayo, a la Red de Litigantes LGBTIQ+ de las Américas, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de las poblaciones con orientación e identidad de género diversa. Esta Red se conformó en 2019 como un espacio de cooperación e intercambio de experiencias entre 17 países y 23 organizaciones de la sociedad civil para erradicar la violencia y discriminación por prejuicio.
Representantes de Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, entre otros, han encontrado en esta organización la oportunidad de hacer seguimiento a la implementación de decisiones internacionales que defiendan los derechos de la población LGBTIQ+, y poder replicar estos litigios en sus países.
“Cada organización que integra la Red se han encargado de garantizar el acceso a la justicia de población LGBTIQ+. Nuestra gran apuesta es hacer litigio estratégico a nivel internacional, representando víctimas de violaciones de derechos sistemáticas en tribunales para que se acojan medidas que salvaguarden la vida de todas las personas”, comenta Karen Anaya, secretaria técnica de la Red.
Anaya, quien es abogada y de nacionalidad peruana, se ha encargado durante años de realizar activismo para proteger a la población LGBTIQ+ en Perú. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Salud de ese país ha declarado que las personas trans y con otras expresiones de género tienen problemas de salud mental.
“En Perú estamos enfrentando una grave represión contra la comunidad LGBTI+, a pesar de que hemos llevado casos a nivel internacional que sientan un precedente que protege a la comunidad, el Estado nos sigue vulnerando”, afirma Anaya.
Uno de esos casos a los que ella se refiere es el de Olivera vs. Perú. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después de 18 años, falló a favor de un ciudadano peruano que denunció públicamente la discriminación que sufrió por su orientación sexual.
Este hecho, histórico para Perú, sentó un precedente sobre la discriminación sistemática, una que, según Anaya, se da sistemáticamente en todos los países del mundo, en especial, en Latinoamérica por las sociedades “machistas y conservadoras”. Es por esto que desde la Red se han encargado de demostrar en tribunales internacionales que los Estados deben tomar medidas para que la violencia y la discriminación no siga siendo una opción ante las identidades de género no normativas.
Por su parte, Beldys Hernández, coordinadora del área de litigio estratégico de Colombia Diversa, afirma que “en Colombia estamos pasando una época coyuntural muy difícil para la población LGBTIQ+, tenemos registros de líderes sociales amenazados y más de 8 mujeres trans asesinadas en el transcurso de este año. Este espacio permite conocer cómo otros países han llegado a tribunales internacionales y si es posible que en Colombia realicemos ese mismo proceso a fin de proteger los derechos”.
La situación de violencia en Colombia contra esta población también ha sido documentada por la Defensoría del Pueblo. A través del Boletín Anual 2023 de Derechos Humanos de personas OSIGD-LGBTI, la entidad informó que en 2023 se activaron rutas de atención a 480 personas por violencia, de las cuales 166 fueron denuncias de mujeres transgéneros. Los departamentos más afectados por esta ola de brutalidad fueron Valle del Cauca, Norte de Santander, Caldas, Santander, Boyacá y Bogotá.
Por las razones anteriores, durante tres días, se debatirá el panorama de la población LGBTQI+ en Latinoamérica, a fin de que los países y las organizaciones que hacen parte de esta Red tomen acciones contundentes que garanticen espacios seguros para esta población
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