Hablando se entiende la gente: el efecto de la conciliación en las comunidades
Solucionar problemas rápido y en paz es solo uno de los beneficios a los que le apunta el mecanismo de resolución de conflictos y que ha favorecido a comunidades en diversos territorios del país. Conozca sus historias.
Laura Sofía Solórzano Cárdenas
Resolver problemas entre vecinos o familiares, puede ser una tarea ardua, y pensar en pagarle a un abogado, esperar varios meses (o incluso años) y seguir sin respuestas, son algunas de las razones que hacen a las personas desistir de la búsqueda de justicia. Sin embargo, para que las personas tengan opciones más rápidas y asequibles hay una herramienta que, poco a poco, se ha ido fortaleciendo y ganando terreno: los mecanismos de resolución de conflictos.
Según lo explica el Ministerio de Justicia, “son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero”, tal como la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Y ¿cómo se diferencian?
La diferencia principal radica en el marco normativo que los rige. Por un lado, la conciliación en derecho se basa estrictamente en las normas legales vigentes, lo que implica que el acuerdo al que se llegue tenga concordancia con la legislación. En este proceso, generalmente, el conciliador es un abogado que orienta a las partes hacia una solución ajustada a las leyes, asegurando que el resultado sea jurídicamente válido.
Por otro lado, la conciliación en equidad, privilegia los principios de justicia y equidad. En este caso, el conciliador no debe ser un experto en derecho, necesariamente, sino una persona imparcial que busque una solución justa y equilibrada para las partes. Este enfoque permite una mayor flexibilidad en la resolución del conflicto, pues se centra más en lo que es moralmente correcto y razonable para los involucrados y tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. En ambos casos los efectos son jurídicos y obligatorios para las partes.
Helen Ortiz, viceministra de Promoción de la Justicia, destacó que en Colombia hay 497 centros de conciliación activos en Colombia y solo entre junio de 2023 y junio de 2024 se gestionaron más de 172.657 casos de conciliación en derecho y en todo 2023 se registraron 31.327 casos de conciliación en equidad, pero ¿qué es lo que más aflige a las personas?
Los principales asuntos que se atienden en las conciliaciones son las obligaciones frente a los hijos, con 44.148 casos (26%); los contratos en general, con 37.022 (21%); la responsabilidad extracontractual, con 18.377 (11%), los contratos de trabajo, con 12.436 (7%); y las uniones maritales de hecho, con 12.119 (7%).
De cómo la justicia aporta a la salud mental
Alejandra es un buen ejemplo de las bondades de la conciliación y hace parte de ese 26% que ha buscado apoyo para que su pareja responda por las obligaciones frente a los hijos. Su caso empezó como muchos otros y tras terminar su relación sentimental con el papá de su hijo, se fue cocinando un problema.
Oriunda del municipio de Miranda (Cauca), Alejandra cuenta que los primeros años luego de la separación, el padre del niño “fue muy responsable”, estaba atento a sus requerimientos y daba la cuota alimentaria, sin embargo, la decisión de migrar en busca de mejores oportunidades cambió este panorama.
“Yo me voy para España, estaba sin trabajo, y buscaba nuevas oportunidades, pero un año después de traerme al niño, el papá dejó de enviarme la cuota alimentaria, él argumentaba que con el cambio de moneda aquí llegaba muy poco y así pasaron casi dos años. Sin embargo, y para que no perdiera contacto con el niño y sus responsabilidades de padre, le di muchas alternativas como llamarlo más seguido, estar pendiente, contar con él”, dice.
Estas peticiones fueron ignoradas y Alejandra tuvo que someterse a “la llamadera”, enviar mensajes, llamadas perdidas, pero nada funcionaba. “Yo me di cuenta de que él no quería mantener ninguna relación con el niño, así que busqué la forma en que siguiera pagando la cuota”.
“Yo me sentía sola, es que yo llegué a España y acá sin documentos es demasiado difícil conseguir un empleo, entonces tenía miedo”, añade.
Con esa situación llegó hasta el contacto de una Casa de Justicia y consiguió el contacto de un conciliador, al principio se acercó a su caso y prometió ayudarla, sin embargo, después de un tiempo dejó de responder a sus mensajes y no volvió a aparecer, al parecer, por un tema contractual. Alejandra, entonces, buscó un abogado, pensando que así podría agilizar el proceso, pero nuevamente encontró altibajos.
Como estaba en España, debía comunicarse solo vía teléfono o correo y una de las condiciones que le comentó el abogado para iniciar el proceso era notificar al padre del menor directamente en su dirección, pero ella no tenía ese dato, había perdido contacto con el exmarido hace varios años y no tenía claro dónde estaba viviendo.
Con la puerta nuevamente cerrada y respondiendo ella sola por su hijo, llegó hasta Sandra, una nueva conciliadora que le explicó que su hijo tenía el derecho de recibir esa cuota alimentaria, por lo que le iban a ayudar.
Con Sandra, encontraron la forma de notificar al padre y citarlo a una conciliación. En ese espacio le explicaron que no podía desentenderse de sus responsabilidades y fijaron, nuevamente, la cuota de manutención que, aunque en la moneda local, era un apoyo para Alejandra.
“Llegamos a un acuerdo. Antes de la conciliación ella (la conciliadora) me dijo ‘pues piensa bien todo lo que quieres exigir o qué le quieres decir’, hicimos la audiencia y todo, y salió perfecto, hasta el sol de hoy él está respondiendo muy juicioso. Pero, realmente, todo esto es gracias a ella, que me brindó opciones que antes no me habían dado”, cuenta.
Gracias al apoyo de Sandra, dice, Alejandra no solo aseguró que el padre del menor siguiera respondiendo, sino también recuperar su salud mental y su calma al tenerlo, al menos en ese aspecto, todo controlado y sin tener que gastar dinero y tiempo.
“Yo no tengo que estar yo peleando o explicando o dándole motivos de por qué tiene que responder ni nada, la verdad me quitaron un peso y un problema de encima. Y también le mostraron a él que la ley funciona y que debe cumplirla”, concluye.
Hoy en día, el hijo de Alejandra ya tiene 15 años y tienen un proyecto de vida juntos en España, el país que la acogió.
El programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha preocupado por promover este tipo de espacios y métodos de resolución de conflictos al interior de las comunidades, en especial, en municipios alejados y con problemas para el acceso a la justicia. Calcula que en el último año ha acompañado la resolución de más 22.641 conflictos con ayuda de estos mecanismos.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Resolver problemas entre vecinos o familiares, puede ser una tarea ardua, y pensar en pagarle a un abogado, esperar varios meses (o incluso años) y seguir sin respuestas, son algunas de las razones que hacen a las personas desistir de la búsqueda de justicia. Sin embargo, para que las personas tengan opciones más rápidas y asequibles hay una herramienta que, poco a poco, se ha ido fortaleciendo y ganando terreno: los mecanismos de resolución de conflictos.
Según lo explica el Ministerio de Justicia, “son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero”, tal como la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Y ¿cómo se diferencian?
La diferencia principal radica en el marco normativo que los rige. Por un lado, la conciliación en derecho se basa estrictamente en las normas legales vigentes, lo que implica que el acuerdo al que se llegue tenga concordancia con la legislación. En este proceso, generalmente, el conciliador es un abogado que orienta a las partes hacia una solución ajustada a las leyes, asegurando que el resultado sea jurídicamente válido.
Por otro lado, la conciliación en equidad, privilegia los principios de justicia y equidad. En este caso, el conciliador no debe ser un experto en derecho, necesariamente, sino una persona imparcial que busque una solución justa y equilibrada para las partes. Este enfoque permite una mayor flexibilidad en la resolución del conflicto, pues se centra más en lo que es moralmente correcto y razonable para los involucrados y tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. En ambos casos los efectos son jurídicos y obligatorios para las partes.
Helen Ortiz, viceministra de Promoción de la Justicia, destacó que en Colombia hay 497 centros de conciliación activos en Colombia y solo entre junio de 2023 y junio de 2024 se gestionaron más de 172.657 casos de conciliación en derecho y en todo 2023 se registraron 31.327 casos de conciliación en equidad, pero ¿qué es lo que más aflige a las personas?
Los principales asuntos que se atienden en las conciliaciones son las obligaciones frente a los hijos, con 44.148 casos (26%); los contratos en general, con 37.022 (21%); la responsabilidad extracontractual, con 18.377 (11%), los contratos de trabajo, con 12.436 (7%); y las uniones maritales de hecho, con 12.119 (7%).
De cómo la justicia aporta a la salud mental
Alejandra es un buen ejemplo de las bondades de la conciliación y hace parte de ese 26% que ha buscado apoyo para que su pareja responda por las obligaciones frente a los hijos. Su caso empezó como muchos otros y tras terminar su relación sentimental con el papá de su hijo, se fue cocinando un problema.
Oriunda del municipio de Miranda (Cauca), Alejandra cuenta que los primeros años luego de la separación, el padre del niño “fue muy responsable”, estaba atento a sus requerimientos y daba la cuota alimentaria, sin embargo, la decisión de migrar en busca de mejores oportunidades cambió este panorama.
“Yo me voy para España, estaba sin trabajo, y buscaba nuevas oportunidades, pero un año después de traerme al niño, el papá dejó de enviarme la cuota alimentaria, él argumentaba que con el cambio de moneda aquí llegaba muy poco y así pasaron casi dos años. Sin embargo, y para que no perdiera contacto con el niño y sus responsabilidades de padre, le di muchas alternativas como llamarlo más seguido, estar pendiente, contar con él”, dice.
Estas peticiones fueron ignoradas y Alejandra tuvo que someterse a “la llamadera”, enviar mensajes, llamadas perdidas, pero nada funcionaba. “Yo me di cuenta de que él no quería mantener ninguna relación con el niño, así que busqué la forma en que siguiera pagando la cuota”.
“Yo me sentía sola, es que yo llegué a España y acá sin documentos es demasiado difícil conseguir un empleo, entonces tenía miedo”, añade.
Con esa situación llegó hasta el contacto de una Casa de Justicia y consiguió el contacto de un conciliador, al principio se acercó a su caso y prometió ayudarla, sin embargo, después de un tiempo dejó de responder a sus mensajes y no volvió a aparecer, al parecer, por un tema contractual. Alejandra, entonces, buscó un abogado, pensando que así podría agilizar el proceso, pero nuevamente encontró altibajos.
Como estaba en España, debía comunicarse solo vía teléfono o correo y una de las condiciones que le comentó el abogado para iniciar el proceso era notificar al padre del menor directamente en su dirección, pero ella no tenía ese dato, había perdido contacto con el exmarido hace varios años y no tenía claro dónde estaba viviendo.
Con la puerta nuevamente cerrada y respondiendo ella sola por su hijo, llegó hasta Sandra, una nueva conciliadora que le explicó que su hijo tenía el derecho de recibir esa cuota alimentaria, por lo que le iban a ayudar.
Con Sandra, encontraron la forma de notificar al padre y citarlo a una conciliación. En ese espacio le explicaron que no podía desentenderse de sus responsabilidades y fijaron, nuevamente, la cuota de manutención que, aunque en la moneda local, era un apoyo para Alejandra.
“Llegamos a un acuerdo. Antes de la conciliación ella (la conciliadora) me dijo ‘pues piensa bien todo lo que quieres exigir o qué le quieres decir’, hicimos la audiencia y todo, y salió perfecto, hasta el sol de hoy él está respondiendo muy juicioso. Pero, realmente, todo esto es gracias a ella, que me brindó opciones que antes no me habían dado”, cuenta.
Gracias al apoyo de Sandra, dice, Alejandra no solo aseguró que el padre del menor siguiera respondiendo, sino también recuperar su salud mental y su calma al tenerlo, al menos en ese aspecto, todo controlado y sin tener que gastar dinero y tiempo.
“Yo no tengo que estar yo peleando o explicando o dándole motivos de por qué tiene que responder ni nada, la verdad me quitaron un peso y un problema de encima. Y también le mostraron a él que la ley funciona y que debe cumplirla”, concluye.
Hoy en día, el hijo de Alejandra ya tiene 15 años y tienen un proyecto de vida juntos en España, el país que la acogió.
El programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha preocupado por promover este tipo de espacios y métodos de resolución de conflictos al interior de las comunidades, en especial, en municipios alejados y con problemas para el acceso a la justicia. Calcula que en el último año ha acompañado la resolución de más 22.641 conflictos con ayuda de estos mecanismos.
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