Hablar de muertos: así inició la segunda intervención en el cementerio de Rionegro

Una cinta morada rodea la capilla que los próximos días albergará a unos 30 cuerpos de personas no identificadas que reposan en el cementerio Panteón de la Colina, en Rionegro, al oriente de Antioquia. Se trata de la segunda intervención forense que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realiza en este camposanto con el objetivo de encontrar a víctimas del conflicto que pudieron haber sido inhumadas.

Entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre, la UBPD espera recuperar alrededor de 30 cuerpos no identificados. Durante esas mismas fechas, además, los expertos de la búsqueda estarán recibiendo a las personas que tengan familiares desaparecidos. Cualquiera podrá acercarse hasta el cementerio para que le tomen muestras de ADN que luego puedan ser comparadas con los datos disponibles por la entidad para ver si coinciden con los de alguno de los cuerpos que han sido recuperados.

En el inicio de esta intervención, que tuvo lugar el 26 de agosto, se leen fechas sobre cada osario, en su mayoría, las que tienen por nombre “NN”, son entre 1999 al 2002. Agosto 28 de 2002. Marzo 03 de 2003. Noviembre 30 del 2002. Sobre ellas, algunos insectos pequeños, mosquitos de cementerio, como les dicen en los pueblos.

Las mujeres de la Mesa Departamental de víctimas despliegan un par de siluetas negras que simbolizan a los que faltan. Y, foto por foto, ubican a varias de las víctimas de la región, recortando cada pedazo de cinta para pegarlas sobre una pared de la capilla.

Durante el 4 y el 14 de marzo de este año, en la primera intervención, la Unidad logró recuperar un total de 19 cuerpos e hicieron la entrega digna de uno de ellos: el del campesino Jorge Enrique González Parra, cuya desaparición ocurrió en abril de 2003 en zona rural de Cocorná. Pasaron 21 años, hasta que, su madre, María Inés Parra, recibió a su hijo, quien hace parte del universo de 3.152 personas dadas por desaparecidas en esta subregión. En Antioquia el registro es de 24.457 personas desaparecidas y en Colombia de 111.640 personas desaparecidas.

La intervención avanza. Andrea Romero, antropóloga forense del equipo de Medellín de la UBPD, coloca una mesa con cuidado en una zona a unos 100 metros de la capilla. Junto con ella, serán tres antropólogos quienes estarán en la etapa de recuperación, en la cual revisarán cada tumba para ver qué encuentran. Por más que existan hipótesis de cuerpos y formas en las que murieron, nunca se sabe con exactitud qué hay dentro, pueden ser uno, dos, tres cuerpos; en bolsas, ataúdes, en cajones, completos o no, con o sin impactos de balas.

A esta etapa se llega gracias a todo el proceso que surge a partir de la investigación humanitaria, la cual dictamina los sitios del cementerio que identificarán como posibles personas desaparecidas en el conflicto armado. La mayoría de los cuerpos de este cementerio tienen necropsia. Lo primero que hacen los forenses es comparar que la persona que está sepultada en el sitio tenga la misma información que fue registrada en ese procedimiento post mortem.

El número, 1681. Sitio 21. Abrir la bóveda. Uno, dos, tres martillazos. Suena el eco de la dureza del cemento con el paso de los años. La fecha, mayo 22 de 2003. Ramón Álvarez, sepulturero del camposanto desde hace 17 años, es quien abre la bóveda. Adentro, un cofre de madera. Encima de los restos, una tela de rombos y rectángulos. La mitad de esa caja está deteriorada, rota, ruñida por el tiempo. Los forenses toman con cuidado cada hueso, limpian con pequeñas brochas y van armando el cuerpo, con todo lo que encuentran. Mientras Romero, metida en cuclillas entre una tumba, revisa con una linterna que no quede ni un solo elemento.

La información sobre estas tumbas llega a la Unidad a través de la recepción de solicitudes de búsqueda de familiares que tienen personas desaparecidas, el diálogo con firmantes del Acuerdo de Paz, aportantes voluntarios o de la Fuerza Pública, también con la documentación entregada por organizaciones y familiares que por años adelantaron la búsqueda en solitario.

“Asimismo, tenemos un proceso de caracterización de cementerios, en el cual parte de esa caracterización incluye Cocorná, Rionegro y otros cementerios del Oriente, donde hemos hecho intervenciones puntuales”, explica Gloria Araque, coordinadora de la UBPD en Antioquia.

Mientras los forenses siguen trabajando, tres madres, integrantes de la Mesa Departamental de víctimas, conversan sobre los sueños en los que han visto a sus desaparecidos. Cuando el viento eleva una de las cintas moradas, dicen que son ellos quiénes hablan, que a veces llevan las banderas, mueven el jardín o hasta sus propias fotos. Sus desaparecidos siempre están con ellas. Por eso, hoy sus voces son el silencio tras el cernir de la polvareda de lo que fue su piel, y la mirada cuidadosa de una perrita que se acerca al cementerio y lleva en su cuello una pañoleta naranjada del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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Una cinta morada rodea la capilla que los próximos días albergará a unos 30 cuerpos de personas no identificadas que reposan en el cementerio Panteón de la Colina, en Rionegro, al oriente de Antioquia. Se trata de la segunda intervención forense que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realiza en este camposanto con el objetivo de encontrar a víctimas del conflicto que pudieron haber sido inhumadas.

Entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre, la UBPD espera recuperar alrededor de 30 cuerpos no identificados. Durante esas mismas fechas, además, los expertos de la búsqueda estarán recibiendo a las personas que tengan familiares desaparecidos. Cualquiera podrá acercarse hasta el cementerio para que le tomen muestras de ADN que luego puedan ser comparadas con los datos disponibles por la entidad para ver si coinciden con los de alguno de los cuerpos que han sido recuperados.

En el inicio de esta intervención, que tuvo lugar el 26 de agosto, se leen fechas sobre cada osario, en su mayoría, las que tienen por nombre “NN”, son entre 1999 al 2002. Agosto 28 de 2002. Marzo 03 de 2003. Noviembre 30 del 2002. Sobre ellas, algunos insectos pequeños, mosquitos de cementerio, como les dicen en los pueblos.

Las mujeres de la Mesa Departamental de víctimas despliegan un par de siluetas negras que simbolizan a los que faltan. Y, foto por foto, ubican a varias de las víctimas de la región, recortando cada pedazo de cinta para pegarlas sobre una pared de la capilla.

Durante el 4 y el 14 de marzo de este año, en la primera intervención, la Unidad logró recuperar un total de 19 cuerpos e hicieron la entrega digna de uno de ellos: el del campesino Jorge Enrique González Parra, cuya desaparición ocurrió en abril de 2003 en zona rural de Cocorná. Pasaron 21 años, hasta que, su madre, María Inés Parra, recibió a su hijo, quien hace parte del universo de 3.152 personas dadas por desaparecidas en esta subregión. En Antioquia el registro es de 24.457 personas desaparecidas y en Colombia de 111.640 personas desaparecidas.

La intervención avanza. Andrea Romero, antropóloga forense del equipo de Medellín de la UBPD, coloca una mesa con cuidado en una zona a unos 100 metros de la capilla. Junto con ella, serán tres antropólogos quienes estarán en la etapa de recuperación, en la cual revisarán cada tumba para ver qué encuentran. Por más que existan hipótesis de cuerpos y formas en las que murieron, nunca se sabe con exactitud qué hay dentro, pueden ser uno, dos, tres cuerpos; en bolsas, ataúdes, en cajones, completos o no, con o sin impactos de balas.

A esta etapa se llega gracias a todo el proceso que surge a partir de la investigación humanitaria, la cual dictamina los sitios del cementerio que identificarán como posibles personas desaparecidas en el conflicto armado. La mayoría de los cuerpos de este cementerio tienen necropsia. Lo primero que hacen los forenses es comparar que la persona que está sepultada en el sitio tenga la misma información que fue registrada en ese procedimiento post mortem.

El número, 1681. Sitio 21. Abrir la bóveda. Uno, dos, tres martillazos. Suena el eco de la dureza del cemento con el paso de los años. La fecha, mayo 22 de 2003. Ramón Álvarez, sepulturero del camposanto desde hace 17 años, es quien abre la bóveda. Adentro, un cofre de madera. Encima de los restos, una tela de rombos y rectángulos. La mitad de esa caja está deteriorada, rota, ruñida por el tiempo. Los forenses toman con cuidado cada hueso, limpian con pequeñas brochas y van armando el cuerpo, con todo lo que encuentran. Mientras Romero, metida en cuclillas entre una tumba, revisa con una linterna que no quede ni un solo elemento.

La información sobre estas tumbas llega a la Unidad a través de la recepción de solicitudes de búsqueda de familiares que tienen personas desaparecidas, el diálogo con firmantes del Acuerdo de Paz, aportantes voluntarios o de la Fuerza Pública, también con la documentación entregada por organizaciones y familiares que por años adelantaron la búsqueda en solitario.

“Asimismo, tenemos un proceso de caracterización de cementerios, en el cual parte de esa caracterización incluye Cocorná, Rionegro y otros cementerios del Oriente, donde hemos hecho intervenciones puntuales”, explica Gloria Araque, coordinadora de la UBPD en Antioquia.

Mientras los forenses siguen trabajando, tres madres, integrantes de la Mesa Departamental de víctimas, conversan sobre los sueños en los que han visto a sus desaparecidos. Cuando el viento eleva una de las cintas moradas, dicen que son ellos quiénes hablan, que a veces llevan las banderas, mueven el jardín o hasta sus propias fotos. Sus desaparecidos siempre están con ellas. Por eso, hoy sus voces son el silencio tras el cernir de la polvareda de lo que fue su piel, y la mirada cuidadosa de una perrita que se acerca al cementerio y lleva en su cuello una pañoleta naranjada del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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