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La magistrada Nadiezhda Henríquez, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estuvo el mes de mayo en el Chocó donde, por primera vez, entabló diálogo con las autoridades étnicas. Esto, con el fin de escuchar las voces de las víctimas y poder obtener información que ayude en la reconstrucción de los crímenes que se cometieron contra comunidades indígenas y negras en el conflicto armado con la extinta guerrilla de las Farc en ese departamento, uno de los priorizados dentro del recién abierto macrocaso 09.
La JEP llega al Chocó en una época de agudización del conflicto armado, donde a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 14 alertas tempranas y ante este panorama, decidieron reunirse con las autoridades indígenas y afro para entender cuáles son las medidas que implementan para cuidarse colectivamente y cómo pueden aportar a esclarecer la violencia que se ejerció en contra de estas comunidades.
Henríquez habló con El Espectador sobre los hallazgos de este primer acercamiento. En diálogo con este diario, explicó la necesidad de incluir los procesos de justicia ancestrales en la investigación del caso 09, para tener una ruta étnica que establezca instancias de coordinación y mecanismos de participación con los pueblos indígenas y afro en el marco del proceso judicial. Sobre todo, dice, para respetar las autonomías propias y cosmovisiones de autodeterminación social, política y económica de indígenas y afro.
Usted visitó el Chocó en un momento en el que el conflicto allí se ha agudizado, ¿con qué se encontró?
Las regiones del Chocó que logramos visitar, nuevamente se encuentran en un conflicto armado por parte de las Agc y el ELN, ante este panorama, las comunidades tienen miedo a hablar por la presión que ejercen estos actores armados. Actualmente, las poblaciones se encuentran con restricciones para poder realizar sus actividades diarias, no pueden estar en las calles después de las 4 p.m, no pueden pescar y no pueden asistir a reuniones con instituciones gubernamentales, sin haber avisado con anterioridad.
Sin embargo, ante esta situación, dimos con poblaciones que querían hablar y querían narrar lo que había sucedido en sus territorios, esto, ocurrió especialmente con comunidades afro e indígenas, en estos encuentros ellos querían contar cómo el conflicto armado ha cambiado sus dinámicas de vida. A pesar, de la presión de los actores armados, pudimos garantizar espacios seguros de charlas individuales y colectivas, donde las mujeres y hombres pudieran hablar sin presión y sin miedo.
De acuerdo a la narración de las víctimas: ¿Cuáles son los crímenes diferenciales que se cometieron contra comunidades étnicas del Chocó?
Existe muy poca información de los crímenes que se cometieron contra pueblos étnicos durante el conflicto armado con las extintas Farc, no hay cifras exactas que diga cuáles fueron los delitos que más atentaron contra la idiosincrasia indígena y afro. Sin embargo, la violencia sexual es uno de los hechos que más se resaltaron en los espacios de diálogos. Las víctimas nos contaban que la violencia sexual era diferenciada, en especial para las mujeres indígenas emberá y las mujeres afro.
En el caso de las mujeres emberá, muchas, tuvieron que cortarse el cabello y dejar de utilizar pintura corporal, lo que significó una desconexión total con su cosmovisión e identidad cultural. Adicionalmente, no podían visitar lugares donde se conectaban con la naturaleza porque pasaron a estar habitados por los actores armados.
La situación para las mujeres afro también fue muy impactante, porque en sus narraciones nos contaban que dejaron de ir a pescar a los ríos por miedo a encontrarse con algún integrante, tanto así, que las violaciones pasaron de ser en lugares alejados a lugares públicos, exponiéndolas a que toda su comunidad viera como eran agredidas.
¿Por qué es importante la justicia propia de los pueblos indígenas y afro en el caso 09?
El diálogo que entabló la JEP con las autoridades étnicas se dio con el fin de entender los modos de justicia que ellos ejercen en sus pueblos, ellos siempre han buscado una justicia restaurativa que respete su idiosincrasia. De tal manera, este encuentro, busca investigar el caso 09 desde la inclusión de las formas de vida y relacionamiento de comunidades ancestrales que ven la vida más allá de una pena condenatoria tras las rejas.
En esta investigación, se busca respetar las autonomías propias de autodeterminación social, política y económica de indígenas y afro para consolidar una justicia incluyente que favorezca la paz en los territorios.
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¿Por qué han decidido incorporar a las autoridades étnicas en la investigación del caso 09?
El departamento del Chocó, al ser un territorio geoestratégico para la distribución de armas y drogas, ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado. A la fecha, las víctimas aún denuncian la crisis humanitaria que viven a causa de los paros armados que ha generado el desplazamiento y el confinamiento de la población, junto con la escasez de alimentos, atribuida a la fuerte presencia del ELN y el Clan del Golfo.
En esa medida, es importante escuchar a los caciques de los cabildos indígenas y a los líderes ancestrales afro, porque ellos son quienes han estado inmersos en esas dinámicas de violencia. Dinámicas que los han obligado a desplazarse de lugares que eran sagrados para su cultura y los obligaron a crear consejos comunitarios para llegar a consensos de cuidado y prevención colectiva.
El caso 09, al investigar los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos, está en la obligación de escuchar las historias individuales y colectivas que les dan rostro a las víctimas del conflicto. También, permite que la sociedad entienda que la violencia fue diferenciada y que las masacres que sucedieron en los pueblos étnicos, estaban motivadas a exterminar formas de vida y de relacionamiento con su ancestralidad y sus antepasados.
Las comunidades afro no cuentan con reconocimiento constitucional sobre su justicia propia, ¿cómo piensan coordinarse con ellos para el proceso investigativo del Caso 09?
Que no estén reconocidos constitucionalmente no significa que no ejerzan formas de justicia en sus territorios. Realizar esta visita al Chocó fue muy importante para la JEP porque nos acercó a la realidad que viven a diario las poblaciones y entablar un diálogo que no se había hecho antes, además, fue un avance para complementar y reconstruir las masacres que se cometieron en el territorio.
Acercarnos a los pueblos afro, permite que el esclarecimiento del Caso 09 tenga como eje central una justicia restaurativa, donde ellos puedan volver a pescar en sus ríos y puedan volver a sembrar sus alimentos en lugares que fueron minados, para que sus prácticas ancestrales vuelvan a hacer parte de su cotidianidad.
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Usted lleva el subcaso Chocó, pero ¿han pensado ampliar esta experiencia de coordinación a otros casos de la JEP?
Este espacio investigativo se ha llevado a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Buenaventura y Pacífico Medio, solo, que en Chocó ha sido mucho más notorio el proceso porque en este departamento hay una mayor concentración de pueblos étnicos. Por lo tanto, con estos encuentros se prevé hacer una caracterización de los patrones criminales que ejercían las extintas Farc contra pueblos indígenas y afro.
A pesar de que en los informes se estimen aproximadamente 1.350.181 víctimas, la información que tenemos sobre cómo se ejercía la violencia en estos territorios es muy vaga, inclusive en las investigaciones por parte de la justicia ordinaria. No hay información suficiente, para determinar cómo se daba la violencia en estas poblaciones.
Lo más grave de los crímenes cometidos se relaciona con la forma de vida de las personas y su cultura, así que en estos espacios, la JEP busca llegar a las autoridades étnicas para crear instancias de coordinación y mecanismos de participación donde se respeten las autonomías y se promueva la búsqueda de verdad y justicia restaurativa. Para que la paz pueda llegar a todos los territorios de Colombia.
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