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La tarea de hacer que la justicia sea un servicio eficaz, oportuno y accesible para todos los colombianos estará a cargo, a partir de este martes, de una nueva persona. El Ministerio de Justicia posesionó a Helen Ortiz Carvajal, abogada con 15 años de experiencia en el mundo de las leyes, para ocupar el viceministerio de Promoción a la Justicia.
Su llegada se produce dos años después de que Johana Delgado, antecesora, realizara algunos proyectos para cerrar la brecha de acceso a la justicia que existe en Colombia, especialmente en los municipios rurales y aquellos que están más alejados.
Entre los logros de Delgado se encuentra la aprobación de la Jurisdicción Agraria; la recolección de los datos de todas las Comisarías de Familia del país, que durante una década estuvo desactualizada y alianzas con gobernantes locales para mejorar la justicia a mujeres, niños y adolescentes.
Así las cosas, ahora este despacho estará a cargo de Ortiz, que además de abogada, es experta en contratación estatal y ya tiene media década de experiencia en labores dentro del sector privado y público.
Ortiz también tuvo un largo período laboral dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los ministerios de Salud y ocupó un cargo en el Icfes. Su experiencia ahora tendrá que traducirse en la creación políticas públicas y estrategias administrativas para que cualquier trámite o pedido de justicia, por pequeño que sea, pueda ser más accesible para los colombianos.
Pero la tarea no es fácil. El informe de Justicia cómo vamos 2023, que mapea el acceso y retos judiciales en Colombia, asegura que el 83,6 % de los colombianos no acuden al sistema de justicia, ya sea por desconfianza, por procesos que tardan años en solucionarse o porque eso conlleva gastar recursos, tiempos o como sucede en el caso de municipios rurales, días enteros de desplazamiento para acceder a la Policía, Comisaría de Familia u otra entidad.
Otro de los hallazgos de ese informe asegura que en Colombia se presenta un “déficit de funcionarios judiciales”. El estudio encontró que en el país hay una media de 11 jueces y ocho fiscales por cada 100.000 habitantes, lo que en cierta parte explica las demoras de la justicia en el país y, tal como lleva alertando el Estado durante décadas, que la demanda supera la oferta del servicio. La cifra es dispar si se contrasta, por ejemplo, con los 355 abogados que, se estima, hay por cada 100.000 habitantes.
Aunque la creación de juzgados y nombramiento de jueces no sea tarea del Ministerio de Justicia y de la subdivisión que ahora liderará Ortiz, es responsabilidad de esa cartera y sus funcionarios que una brecha aún muy grande se cierre para garantizar la justicia y erradicar la impunidad en Colombia.
Las funciones
Según está establecido en la Ley 489 de 1998, quien ocupa la cartera del viceministerio de Promoción de la Justicia debe cumplir varias tareas en su cargo. La primera y más importante, es la de diseñar políticas públicas y trazar directrices que mejoren el funcionamiento del sistema justicia, tanto en su etapa administrativa (denuncias, peticiones, presupuestos, funcionarios) como judicial (juzgados, oferta judicial).
Otra tarea indispensable es la creación de espacios en los que se difunda y promueva los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que son, en otras palabras, una forma más rápida de solucionar una disputa legal sin necesidad de abogados, jueces o procesos judiciales.
Entre las funciones que la Ley le ordena a este despacho del Ministerio de Justicia, hay una que está muy vigente: garantizar la justicia para grupos minoritarios o vulnerables, así como llegar a acuerdos para que los canales de prevención, denuncia, atención e investigación frente a delitos o posibles violencias llegue siempre a buen puerto.
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