A inicios de 2024, Jeffrey Epstein y su “isla de la pedofilia” en el Caribe volvieron a estremecer al mundo. Todo gracias a la revelación de 900 páginas por parte de un tribunal de Nueva York que contenía datos cruciales sobre el historial de trata de menores de Epstein, junto a una lista de un centenar de nombres de alto perfil en Estados Unidos y el mundo, lo que puso nuevamente el abuso sexual a menores en el centro de la mesa.
Durante seis días, millones de personas consultaron sobre la “lista de Epstein” o la “isla de pedofilia de Epstein”. Además de buscar información sobre qué artistas, políticos y hasta académicos asistieron a sus domicilios, donde, alega la justicia estadounidense, hubo un “sórdido círculo íntimo” de pedofilia, según se lee en los documentos.
Pero Epstein y el abuso sexual de menores no es un tema exclusivo en Estados Unidos o personas del jet-set de Hollywood. Colombia, durante los últimos cinco años, ha sido epicentro de hechos que afectan los derechos fundamentales de los menores de edad. El problema, calificado desde varios sectores como “grave” y “alarmante”, permanece en estado de impunidad.
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“Lo de Epstein generó una tendencia, tanto política como mediática. Pero llama la atención que tenga que ser una figura pública la que tenga que ver con abuso sexual a menores para que seamos sensibles a estas situaciones (...) La violencia sexual contra la niñez y la trata de niños en Colombia es el pan de cada día”, asegura Esteban Reyes, director de la Aldeas Infantiles, una oenegé que hace activismo por la protección de los niños y niñas.
Para Reyes y otros investigadores esa registro es preocupante: “Lo alarmante es pensar que estas cifras son solo datos registrados. Es decir, casos que llegan y pasan por Medicina Legal. La violencia sexual contra los niños tiene una característica y es que el 85 % de estos ocurren en entornos familiares: un pariente o un vecino son quienes ejercen la violencia”. Habla de castigar a quienes convierten la niñez en un negocio sexual, o cuando los menores son obligados al matrimonio infantil.
Según los registros de esta organización, que lleva 50 años trabajando en el país, en 2023 hubo un promedio de 57 niños agredidos sexualmente cada día. Es decir, casi cada 30 minutos, en promedio, un niño era accedido carnalmente, obligado a entrar en una red de comercio sexual, obligado a casarse, entre otras violencias. Y desde 2019, más de 80.000 menores han pasado a nutrir los registros de víctimas de violencia sexual del Estado.
Es importante mencionar que el ICBF contabiliza la violencia sexual en varias categorías: abuso sexual, acoso, matrimonio infantil, mutilación genital, o como en el caso relacionado a Epstein, explotación sexual comercial a menores.
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Infancia abusada
Las instituciones del Estado están obligadas a brindar una especial protección constitucional a los niños. Así lo interpreta la Constitución desde 1991, donde hace énfasis que niños, niñas y adolescentes “merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva”, justamente por presentar una condición física y psicológica distinta a la de los adultos.
Pero ese mandato constitucional, asegura Reyes, no siempre se ve en la realidad. “Hay leyes y muchas normas en Colombia. Tenemos un desarrollo normativo muy amplio en la salvaguarda y garantía de los derechos de los niños. Pero no se cumple, ese es el problema”, explica el director de la oenegé. El Espectador encontró que dentro de la legislación hay más de 44 leyes, decretos o resoluciones que velan por la seguridad de los menores de edad cuando se enfrentan a casos de abuso o acoso sexual. Una de estas es la “Ley de Alerta Rosa”, aprobada en 2023, que crea un sistema para buscar rápidamente a los menores que se encuentran desaparecidos. Esa ley fue definida por la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, como un “esfuerzo en red para enfrentar los raptos y desapariciones contra las niñas y mujeres (...) el tráfico de personas, la explotación sexual o la adopción ilegal”.
Del universo de violencia contra los menores, el ICBF registró 1.672 casos de comercio y explotación sexual en los últimos cinco años, principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. En diciembre, por ejemplo, la Policía desmanteló una red de pedofilia que drogaba y sometía sexualmente a menores en Cúcuta. En mayo, un tribunal de Estados Unidos condenó a siete años de cárcel a Michael Wayne Roberts, extranjero que frecuentaba Medellín para abusar sexualmente a menores.
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Aunque existan recursos legales para combatir este delito, ¿por qué esta violencia se sigue perpetuando? Reyes considera que hay tres problemas para poder hacer frente a este tema: “El Estado y la justicia, creemos nosotros, no sirve. Hay un desarrollo normativo muy amplio, pero no se cumple. Las leyes están ahí escritas, pero la implementación es difícil. El sistema de justicia es precario, no hay recursos suficientes, no hay voluntad política ni una inversión de la cuantía que debería tener esta población. Creemos que esto se da porque los niños no tienen el nivel de importancia; quizás porque no votan”.
Un ejemplo de lo que menciona el director de Aldeas Infantiles es la inacción de la Fiscalía para investigar y acusar a quienes agreden a los menores. En 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de una acción de cumplimiento que obligaba a la Fiscalía crear la Unidad Especial de Investigación de Delitos Contra la Infancia y Adolescencia. En el momento de la acción de cumplimiento, se explicó que “en Estados Unidos el acompañamiento a los casos (de violencia sexual a menores) se da a través de 20 investigadores, mientras que en Colombia, para 10 fiscales, hay un solo investigador”, dijo Alejandro Ruiz, asesor legal de Aldeas Infantiles.
Tras 20 meses del fallo judicial, el ente investigador, a cargo de Francisco Barbosa, aún no ha creado la unidad y ha argumentado, por ejemplo, que no cuenta con los recursos necesarios. “Hay muchas leyes, pero permanentemente están sin capacidad institucional para hacerlas cumplir”, explicó Reyes a este diario.
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La violencia silenciada
El problema no es desconocido. En agosto de 2023 se denunció que Medellín era epicentro de “paquetes turísticos” donde uno de los “ítems” del tour era un encuentro sexual con una menor de edad. Cartagena, en el Centro Histórico, también ha sentido los temblores de este problema. A finales del año pasado, una jueza tuvo que dejar en libertad a un ciudadano israelí que, según acusaba la Fiscalía, usaba sus predios en zonas lujosas de la ciudad amurallada para inducir a la prostitución a menores de edad.
Sin embargo, Reyes explica que hay tres problemas para poder visibilizar esta situación: “Las cifras de trata de personas es un problema basado en percepciones, dado que no hay información, es el gran problema. No hay información de registro fidedigno de los casos. Es un fenómeno permanentemente encubierto”.
Pero denunciar estos delitos también se ha convertido en una discusión sobre el papel que el Estado cumple para proteger a niños, niñas y adolescentes. Un informe de la Defensoría, publicado en mayo de 2023, aseguró que el 78 % los casos de abuso sexual ocurren en casa. En el 50 % de los casos los agresores son familiares o personas cercanas al núcleo familiar”. Además, casi la mitad de las violencias sexuales se dan en “actividades cotidianas relacionadas con el cuidado de los niños (...) La respuesta estatal es deficiente y tiende a la revictimización”.
“Cuando un niño es atacado, el ICBF aleja al agredido, no al agresor. Se los llevan de las casas, entran al sistema y muchas veces las madres prefieren no denunciar que un tercero, un vecino o quien sea cercano al entorno doméstico, agrede a sus hijos porque corren el riesgo de que la respuesta estatal sea ´se me llevan al niño´”, explica Reyes. Y añade: “La respuesta debería estar enfocada en cómo alejar a los agresores de los menores, y no de alejar a los menores de los agresores. Esto genera una sensación de impunidad”.
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Cuando un menor es rescatado de las redes de trata sexual, el ICBF tiene la obligación de acogerlos y brindarles atención. Esta entidad debe alejar a los niños de entornos nocivos y, si es el caso, reubicarlos en casas refugio o con padres sustitutos que les permitan su desarrollo libre de riesgos y que logren suplir todas sus necesidades. Pero este escenario no siempre es posible.
Los datos de Aldeas Infantiles muestran que, en municipios o departamentos con actores armados, reubicar a los niños dentro de las mismas ciudades no es una opción segura. Ese es el caso de Tumaco: “Hay estructuras criminales y un Estado que ya desprotegió a los niños. Si los metemos en familias sustitutas allá mismo, todo este círculo de trata crea el riesgo de que lleguen a atacarlos a sus nuevos hogares. La respuesta es muy compleja, porque implica movilizarlos a otros lugares y eso requiere activar una coordinación estatal y del ICBF en las distintas regionales”.
Para Reyes y Aldeas Infantiles, el propósito es que “todo niño puede crecer con una familia en un entorno seguro, cálido, amoroso (...) Pero el trabajo también es de prevención: no solo cuidar a quienes ya perdieron a su familia, sino evitar que los niños sean alejados de su núcleo familiar directo”.
Una forma de hacerlo, explica el director, es que la sociedad civil no sea indiferente a este problema: “Hay conductas que están normalizadas en ciertos contextos y que en muchas ocasiones las familias no saben que están desprotegiendo a sus hijos (...) El mensaje es que la ciudadanía debe tener la voluntad de estudiar esto: hay ciertos temas que pueden causar indignación, la forma en cómo se relaciona con los menores y pensar si son las correctas o no. Ante la duda, se debe investigar, por ejemplo, con cartillas y estudios que desde Aldeas Infantiles tenemos”.
El ICBF, por su parte, aseguró a El Espectador que desde el Plan Nacional de Desarrollo se ha trabajado en la suma de esfuerzos de todos los sectores del Estado para garantizar una respuesta efectiva a este flagelo. “La visión social y la presencia (de la entidad) en los territorios, ha permitido que se adelanten acciones para dar respuesta a las causas estructurales de estas violencias”, concluyó el organismo.
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