Que los más de 1.3 millones de personas con discapacidad sean incluídos y vean sus derechos respetados en Colombia no es responsabilidad únicamente del Estado; la sociedad también tiene protagonismo allí. A raíz de ese postulado, inició este jueves el concurso Tejiendo Justicia: una convocatoria dirigida a consultorios jurídicos de universidades para premiar aquellas iniciativas que se enfoquen en acercar la justicia a quienes tienen una limitación física, intelectual o psicosocial.
El período de postulación estará abierto hasta el próximo viernes 13 de septiembre y luego, escogerá los proyectos más novedosos para que la justicia llegue a quienes sufren de limitaciones de discapacidad y exclusión en el país.
La convocatoria existe desde 2015, año en que el Estado, exactamente el Ministerio de Justicia, reconoció que los estudiantes universitarios y sus profesores podrían tener alguna incidencia en lograr que la justicia, criticada por su lejanía y lentitud, pudiera llegar a más y más colombianos. Así las cosas, esa cartera juntó a 74 universidades que desde entonces orientan a los estudiantes de derecho a defender los derechos de la población con discapacidad.
Esta alianza antiguamente se conocía como la Red Universitaria de Reconocimiento y Defensa de las Personas con Discapacidad (Rundis). Sin embargo, modificó su nombre a Tejiendo Justicia y buscará durante todo septiembre proyectos que busquen aproximar la justicia a la población con discapacidad.
En 2013, Colombia ratificó un tratado internacional que obliga, en pocas palabras, al Estado y la sociedad a garantizar que las vidas de las personas con discapacidad tengan las mismas garantías y derechos que las de los demás ciudadanos. Sin embargo, esta norma ha tenido poco desarrollo, pues aún son varios los pendientes que el Estado, específicamente, tiene para lograr que ese sueño se convierta en realidad. Por ejemplo, un estudio del Dane de 2023, reconoció que las cifras muestran que las personas con discapacidad “hasta hace muy poco, eran consideradas por las sociedades modernas como personas fuera de la sociedad: excluidas de la educación, sin representación y participación política; e incluso, quienes tuvieran deficiencias mentales, eran escondidas por su propia familia”, cuenta el informe.
Por eso la iniciativa del Minjusticia y los consultorios jurídicos es tan importante. La justicia, al igual que otros derechos y servicios, ha estado alejada de quienes sufren limitaciones físicas, intelectuales y psicosociales y ahora, el Estado junto con la sociedad civil, busca enmendar el error.
Otro caso de ello es que, durante décadas, las personas con discapacidad no eran dueños de sus propias vidas y, solo por tener esas limitaciones, el Estado y las instituciones los declaraban, en muchas ocasiones, como “muerto jurídicos”: ciudadanos que no podían tomar prácticamente ninguna decisión por su cuenta y dependía de un tercero que hablara por ellos.
“La convocatoria incorpora una perspectiva de desarrollo social encaminada a asegurar la autonomía, independencia y realización plena del proyecto de vida de estas personas (...) Además, aborda la necesidad de incorporar el componente de género y propone acciones que se orienten a asegurar que mujeres y LGBTIQ+ gocen del acceso a la justicia, oportunidad e igualdad”, explica el Ministerio de Justicia.
¿Quiénes pueden participar?
De acuerdo con la normativa del concurso, el certamen está dirigido a consultorios jurídicos certificados de cualquier universidad del país que, dentro de sus lineamientos, tenga un enfoque de justicia, inclusión, derechos de población con discapacidad y transparencia.
¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes, que como requisito de grado deben cursar el consultorio jurídico, deben haber pasado por expedientes judiciales relacionados con la población discapacitada y haber ofrecido servicios jurídicos “inclusivos, con sensibilización comunitaria y enfocados en ser vigías de los derechos de mujeres y personas en condición de discapacidad”, explica el Ministerio de Justicia.
Pero atención. No todos los proyectos pueden participar en esta convocatoria. De acuerdo con el Minjusticia, únicamente los proyectos desarrollados entre julio de 2023 y julio de 2024 pueden participar. Además, es clave que los proyectos estén orientados en la salvaguarda y acceso a la justicia de personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+ y que tengan programas específicamente diseñados para esas metas.
“El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá solicitar al proponente información adicional a la indicada, así como sugerir ajustes o aclaraciones”, explica la convocatoria.
A través de este enlace pueden consultarse todos los demás requisitos y normativas del concurso.
¿Cómo postularse?
Si se cumplen con todos requisitos, puede postular su proyecto de justicia a través de este enlace. Una vez diligenciado esa encuesta, se deberá enviar un documento aparte en el que se describa el proyecto, sus alcances, sus objetivos y, por supuesto, los resultados que ha logrado a red.tejiendojusticia@minjusticia.gov.co. El asunto de este correo debe decir explícitamente CMETJ e informar la ciudad y universidad que se está postulado a la convocatoria.
“La(s) universidades seleccionada(s) recibirán el reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho en el evento de fin de año de la Red Tejiendo Justicia, proyectado para el 13 o 14 de noviembre de 2024″, explica el Ministerio.
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