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No son pocas las batallas que han tenido que dar los pueblos indígenas en el Norte del Cauca a lo largo de su historia. Una de ellas, y quizás una de las más extensas, consiste en darle un reconocimiento a la jurisdicción especial indígena, pese a estar protegida bajo la Constitución de 1991. En esa pugna también se busca encontrar una armonía con la justicia ordinaria, con el fin de que puedan coordinarse. No es una tarea fácil. Son más los obstáculos que enfrenta esta integración que, aunque ha sido tormentosa, con el paso de los años ha resurgido con importantes avances gracias a diferentes apoyos de diferentes entidades, como el programa Justicia Inclusiva de Usaid.
Si bien tender puentes entre ambas ha costado años de encuentros y reuniones, poco a poco se ha materializado el interés de las partes por ver que ambas formas de justicia puedan jugar un rol protagónico, impulsando la convivencia en las 11 comunidades indígenas del territorio. Prueba de ello es la Mesa Departamental creada por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual integra a diferentes instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, y al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que agrupa a los pueblos indígenas del departamento.
La creación del reglamento interno de la mesa y un protocolo de articulación entre las autoridades indígenas y las instituciones, fueron los primeros avances de estos encuentros que se hacen tres veces al año, y que, según Mario Alberto Valderrama, expresidente de esa mesa departamental y funcionario de la rama judicial en el Cauca, son las bases para generar confianza entre ambos sistemas de justicia. “Hemos pasado del discurso de los años anteriores a la sensibilización y la práctica con la implementación de protocolos que permitirán la colaboración y el apoyo para el fortalecimiento de la justicia propia, y también en el reconocimiento de la dignidad humana”, le dijo Valderrama a este diario.
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Durante un poco más de tres años, Valderrama estuvo a la cabeza de esta iniciativa, dejando como resultado la construcción de un acuerdo de coordinación y articulación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con las autoridades indígenas, una propuesta que, dice, fue bien recibida por los cabildos. Sin embargo, aún reconoce cuellos de botella por resolver como, por ejemplo, “los prejuicios que no nos permiten comprender la cosmovisión y las tradiciones de los pueblos indígenas”. Para él, esto desencadena en “la resistencia a aceptar un modelo de justicia distinto al Sistema Judicial Nacional”.
Estos obstáculos los ha tenido que sobrepasar Jairo Hernán Ucca Muñoz, abogado experto en derecho propio. Los prejuicios siempre han estado presentes durante su ejercicio, pues, dice, ha sido discriminado por su forma de vestir cuando asiste a los juzgados, solamente por no vestir de camisa, corbata y zapatos brillantes. En su lugar, carga una mochila, utiliza un jean y calza unas botas que, a simple vista, revelan sus extensos recorridos por la zona rural, a la cual viaja con frecuencia para asesorar a las autoridades indígenas en temas de derecho propio y asuntos administrativos y judiciales, de los cuales se encarga.
Trabajar en la rama judicial fue para él un sueño cumplido, el cual se quedó archivado en una oficina con montañas de expedientes que día a día tenía que revisar. “No me gustó porque no veía resultados. Lo mío no era estar encerrado en una oficina revisando carpetas con casos que no tenían solución y solo se acumulaban”, comentó. Ucca decidió regresar a los resguardos para brindar asesorías en temas ordinarios y poco a poco fue estudiando a profundidad los temas propios, los cuáles había dejado a un lado, pues en las carreras de Derecho la justicia indígena no es siquiera una electiva.
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Durante ese ejercicio de aprendizaje, Ucca evidenció la resistencia que existe para reconocer otras formas de justicia y desde entonces aboga porque se entienda en el Sistema Judicial que la jurisdicción especial indígena no tiene nada que copiarle al modelo ordinario. De hecho, asegura de forma vehemente que son dos formas completamente diferentes, pero que están “en una balanza con el mismo peso” y que “una no pesa más que la otra”. Es por eso que le habla directamente a los funcionarios, quienes, en su concepto, deben capacitarse para entender que la justicia indígena “tiene otras especialidades”, como pasar de lo punitivo a lo restaurativo cuando de sanciones se habla.
Para nadie es un secreto en el Norte del Cauca que la violencia también es un factor que afecta la integración de ambas formas de justicia. A esa conclusión llegó Edwin Mauricio Capaz Lectamo, líder indígena y consejero del Cric, quien, en más de 11 años en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha visto cómo las amenazas, los hostigamientos y hasta los casos de homicidio han silenciado a quienes se atreven a hablar de justicia. “Al menos cinco compañeros que han adelantado mecanismos de fortalecimiento de la justicia propia en el departamento del Cauca han sido asesinados”, dijo el líder en diálogo con este diario.
Pero la zozobra no solo abraza a los líderes indígenas. Los apoyos que ha recibido el cabildo para mantener la balanza entre la justicia propia y la justicia ordinaria también han estado en la mira de los actores armados. “En ese ejercicio han sido señalados y amenazados muchos jueces, fiscales y otros que intentan abrir sus ideas en términos de la justicia ordinaria y las posibilidades de la justicia indígena”, dijo Capaz, y agregó que desde la institucionalidad, incluso, muchos de ellos han sido “señalados, retirados y excluidos de sus labores en la rama judicial” y “no los volvemos a ver”.
“Hoy las realidades, tanto de Colombia como la de los pueblos indígenas ameritan justicias fortalecidas, justicias que de alguna forma articulen bajo el respeto y el reconocimiento, no hacerlo está dando cabida a actos de justicia impulsados por los actores armados, lo que se conoce como ajusticiamiento, y eso no es conveniente para ninguna sociedad”, añadió el líder, quien desde el resguardo Toez, ubicado en el municipio de Caloto, adelanta labores para que hombres, mujeres, niños y niñas, tengan la oportunidad de acceder a servicios de justicia.
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La articulación de ambas formas de impartir justicia también llega hasta la cima de la cordillera, en el municipio de Tacueyó, territorio que alberga un resguardo indígena Nasa. Allí, Julieth Moreno Cantor, una de las seis autoridades ancestrales del resguardo, ha movido cielo y tierra para que los suyos puedan ser juzgados bajo la justicia propia. Para ella, las desarmonías se deben pagar dentro del territorio y bajo las sanciones propias, que en su mayoría se enmarcan en la reparación a las víctimas.
De hecho, en ocasiones, ha tenido que bajar la montaña en moto, con su bastón de mando en la mano, para sacar de las estaciones de policía a los comuneros que cometieron algún delito en municipios cercanos, para que puedan recibir correctivos en el resguardo, bajo sus dinámicas ancestrales y espirituales.
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“En mi territorio, aunque se ha avanzado mucho (...) buscamos es que los comuneros puedan estar en territorio, que cumplan unas sanciones dentro del territorio, que ese ejercicio de gobernabilidad, ese ejercicio de aplicación de remedio de justicia se pueda hacer en territorio. Sí, hay que reconocer también que hay unas falencias, pero son cosas que dada la conversa se pueden trabajar”, precisó. Para ella no todos los casos son iguales, por lo que la integración de ambas formas de justicia “debe partir de que cada caso se entiende diferente”.
Moreno, quien estuvo postulada por la comunidad tres veces para ejercer como autoridad ancestral, hace una juiciosa evaluación de la justicia ordinaria, la cual, dice, tiene una ruta establecida para los casos de homicidio, feminicidio, hurto, entre otros. No obstante, la justicia especial indígena “no abarca los casos de la misma manera”. “Cada caso tiene una particularidad y bajo esa idea hay que analizarlo. La sanción o corrección no es la misma para todos los delitos, por lo que hay que ir hasta la raíz de la desarmonía para ejercer los correctivos”, añadió.
Bajo estas miradas, líderes y lideresas adelantan funciones para que esta integración tenga efectos tangibles en sus comunidades. De acuerdo con Mario Alberto Valderrama, se espera que próximamente se firme un acuerdo entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Cric, para la administración de los centros de armonización y la atención de los indígenas condenados por las autoridades de justicia propia, así como por jueces de la República, lo que podría ser una victoria para quienes llevan armonía a los suyos en este extenso laboratorio de justicia llamado Cauca.
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